La Escuela de Chicago vs. la salud de los ciudadanos

La Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, elaboró una doctrina económica basada en el capitalismo y la libre empresa al servicio del máximo beneficio. Esta filosofía, que aboga por una disminución de la influencia y la intervención del Estado y centra el motor del progreso en el afán de beneficios, la reducción de impuestos y la desaparición de los obstáculos que para el mercado representan los servicios públicos y la Seguridad Social, ha propiciado que las desigualdades se hayan ahondado tanto entre el Norte y el Sur como en el interior de nuestros países. Estas teorías han amenazado y siguen amenazando a los servicios públicos, han vuelto totalmente inestables a los sistemas financieros y han colocado prácticamente el mundo entero, con nuestro país en el ojo del huracán, en una crisis gigantesca. Este es el legado de Milton Friedman -“Crisis Económica y Social” a merced de “los Mercados”-.

Hoy estamos viviendo la crisis a la que nos ha llevado la teoría de la libre empresa sólo al servicio del máximo beneficio económico y la filosofía que aboga por una disminución constante de la influencia e intervención del Estado. Pero el Estado y sus Gobiernos tienen una obligación contraída de regular, vigilar, prevenir, controlar e invertir, como medida de protección de los derechos de los ciudadanos y en aras del interés general, en una Europa que es la abanderada del Estado del bienestar.

Con este cambio que el Sr. De Guindos quiere acometer en el servicio farmacéutico, no sólo se perderán empleos y oficinas de farmacia, no sólo los pacientes tendrán un peor acceso a los medicamentos, sino que será la propia Administración la que también saldrá perdiendo. Perdiendo en un sistema que inevitablemente dejará de controlar, porque no puede querer un libre mercado controlando los precios de los medicamentos. No podrá exigir a los farmacéuticos dispensar medicamentos cuando existan impagos durante meses y, sobre todo, no podrá exigir a un empresario que compre todos los medicamentos como actualmente ocurre. Con esta iniciativa, claro que pierden los farmacéuticos, pero más perderán los ciudadanos cuando quieran medicamentos y los grandes laboratorios pacten la distribución, como pasa en el Reino Unido. Más perderá el Estado cuando deje de controlar un sistema que hasta ahora no había sido sino una de las joyas de la corona del sistema español.

Entonces, si tanto pierde el Estado, ¿qué hay detrás  de estas operaciones de maquillaje legislativo? Pues ni más ni menos que importantes intereses económicos, observando al medicamento como un importante mercado a devorar, en contraposición con las prioridades de los ciudadanos que ven la protección de la salud, la universalidad y equidad en el acceso al medicamento como un bien social a preservar. Como ya dije en alguna ocasión, los mercados son un gran depredador y sólo la intervención del Estado protege a la sociedad de los peligros de la selva.    

*Isabel Vallejo, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de España (FEFE)