Catalunya: entre una España generosa y una Europa amenazante

El 9 de noviembre, fecha de la celebración de la consulta soberanista en Catalunya, está cada día más cerca. Tengo la impresión de que empieza a haber un poco de vértigo en parte de la sociedad catalana, y especialmente en su clase política. Los catalanes se aproximan al proceso independentista desde posiciones cada vez más dispares. Hay radicales que desean la independencia a cualquier precio. Muchos otros que la ansían, pero no a cualquier precio. Algunos que no la desean, pero que se han dejado llevar inicialmente por el romanticismo del movimiento independentista. Otros que votarán que sí, simplemente porque quienes quieren que salga el ‘no’ no les dejan votar. Y naturalmente hay quienes votarán que no.

Salvo estos últimos, todos los demás se ven hoy obligados por sus propios actos, al haber lanzado un órdago del que ahora es difícil descolgarse a cambio de nada. Catalunya ha llegado demasiado lejos y, además del convencimiento de algunos, hay un problema de dignidad colectiva nacional que obliga a muchos ciudadanos de Catalunya y a sus políticos a seguir avanzando. Algo pasará, piensan, pero no podemos parar sin más. (Aclaro: “más” adverbio, no el político.) Llegados a este punto, ¿qué opciones hay?

Primera opción.- Que las cosas se organicen para que la consulta sea legal. Ya sabemos que eso no va ocurrir con el actual marco constitucional. La Ley de Consultas que pretende la Generalitat debería ver refrendada su constitucionalidad antes de utilizarla, y abrir después un largo proceso de debate acerca de los pros y contras de cada opción. Hasta hoy, sólo ha habido debate acerca de si la consulta es o no legal. No he visto ningún debate con argumentos razonados entre partidarios y opositores a la independencia. No se puede votar sensatamente algo tan trascendente en este inmaduro estado de conocimiento social sobre lo que puede implicar la independencia.

Segunda opción.- Que la consulta sea ilegal y no obstante se celebre. Esto, que es hoy lo más probable, sería un verdadero desastre. No respetar la legalidad, en un país democrático, no es un buen procedimiento para empezar absolutamente nada. Este proceso se acaba volviendo en contra de quienes lo han utilizado. La legalidad, justa o no, oportuna o no, cómoda o no, es, no obstante, objetiva. La legitimidad es un concepto tan romántico como subjetivo, que se suele acomodar a conveniencia de quien la esgrime. Algún tipo de consulta se celebrará, a pesar de la oposición del Gobierno español, que no va a sacar los tanques a la calle para impedirla.

No obstante, cuanto más difícil sea la celebración de esa consulta y menos vinculante su resultado, más voto independentista se generará. Y ese resultado independentista es el que pasará a la historia de Catalunya, España y Europa, con la sensación de una España que se rompe, por no conseguir hacer cohabitar a las distintas singularidades históricas que la componen y enriquecen, y una Europa que no sabe/no contesta. En esta hipótesis, los movimientos independentistas (y no sólo el catalán) cobrarán fuerza, y será muy difícil restaurar la convivencia entre las Españas castellana y catalana. Además, el problema podrá exportarse a otras regiones de Europa.

Tercera opción.- Que ocurra lo anterior, pero pierda el voto independentista. Parece poco probable tal y como está el ambiente. En cualquier caso, eso dejaría a Catalunya con una fractura interna enorme, de difícil pronóstico social, especialmente por el efecto rebote que se generaría, al que tan dados somos en estos lares.

Cuarta opción.- Que se acuerde no celebrar la consulta. ¿Esto es posible? Yo creo que sí, y que lo está deseando una parte de la sociedad y de los políticos catalanes. ¿Qué habría que hacer para alcanzar este acuerdo? Pues dar una salida digna al embrollo, desde una España generosa y una Europa amenazante. Las amenazas del Gobierno español hacen poca mella en el movimiento independentista. Una amenaza desde Europa es mucho más intimidante. Los políticos europeos, si no quieren entrar en un festival de desintegración de la Europa hoy conocida (tampoco pasaría nada por llegar a la Europa de las regiones, pero eso nos llevaría más o menos al mismo sitio y con gran desgaste), deben implicarse en explicar directamente e in situ a los políticos y ciudadanos catalanes las dificultades que les esperan al día siguiente de proclamar la independencia.

Desde España habría que dar una salida razonable al conflicto fiscal y a las necesidades de financiación de Catalunya que permita a los políticos catalanes un quid pro quo asumible. Estos dos movimientos, correctamente coordinados, adecuada y rápidamente puestos en escena, deberían ser suficientes para frenar un proceso del que algunos ya quieren descolgarse. Desde mi querida Catalunya, finalmente, habría que recuperar la capacidad de autocrítica, perdida hace tiempo en algún rincón de este camino. No de todos los males de Catalunya tiene la culpa España y los catalanes haremos bien revisando, para evitar repetirlos, los episodios de mala gestión de nuestra historia más reciente.