La historia de un expolio (más) en Madrid

Cuando escribimos o contamos una historia, ordenamos los sucesos en una determinada secuencia. Si nuestra intención es que el interlocutor entienda bien en qué consiste la historia, trataremos siempre de ordenar esas secuencias en orden cronológico, para que cualquiera pueda inferir encadenamientos causales y entender por qué ocurren las cosas. En cambio, si la intención es despistar o confundir al público, entonces lo que haríamos sería contar los hechos de forma desordenada o, mejor aún, contar solo una parte de la historia e ignorar el resto. Esto último es precisamente lo que están haciendo algunos con la reciente compra del edificio de la calle Alcalá 45 en Madrid, que ha realizado el ayuntamiento de la capital.

Hablar de la compra del edificio sin mencionar siquiera de pasada el contexto en el que esta tiene lugar (y de los hechos pasados que lo determinan) es un ejercicio profundamente deshonesto que no busca informar sino simplemente lanzar un mensaje sesgado e interesado. Como cualquiera puede entender, uno no se encuentra en la misma situación cuando pretende comprar un edificio cualquiera que cuando pretende comprar un edificio que le está costando 18.293 euros cada día debido a un contrato blindado por al anterior equipo de gobierno del Partido Popular. La premura y el enfoque a la hora de abordar el problema son radicalmente diferentes entre un caso y otro. No se trata de un matiz sin importancia, y ocultarlo solo revela el objetivo perverso de confundir y difamar.

La operación se incluyó en una compleja compensación tras la compra del Palacio Cibeles

Por supuesto que hemos tenido prisa en realizar la compra. Porque somos gobierno y porque somos responsables, y teníamos que solucionar lo antes posible un problema de enorme coste económico para los ciudadanos. Nos preocupa enormemente cada euro de dinero público que no se utiliza adecuadamente. Y por eso, cada hora que hubiéramos retrasado la solución de esta vergonzosa operación habría sido demasiado.

Al actual equipo de gobierno le hubiese encantado no tener que comprar —ni con prisas ni sin prisas— un edificio que en su día fue municipal pero que fue vendido por el Gobierno del Partido Popular a una empresa privada para inmediatamente pasar a alquilarlo por un precio muy superior al de mercado. Aquella operación, incluida en una compleja compensación con empresas tras la compra del Palacio Cibeles (el capricho de Gallardón que costó más de 500 millones), fue gravemente lesiva para los intereses del ayuntamiento. Hasta el momento, el contribuyente madrileño ha pagado 71 millones de euros en el alquiler del edificio, y si la reciente compra no hubiese tenido lugar, tendría que haber pagado 21 millones de euros más (¡para finalmente no tener en propiedad el edificio!). Sorprende que quienes ahora tratan de empañar esta compra no mencionen en ningún momento la gravosa y vergonzosa situación que suponía para las arcas públicas el mantenimiento de este contrato blindado.

El Gobierno actual tiene diseñado un plan de reducción de alquileres para pasar a pagar de 53 millones al año a pagar solo cinco millones de euros al final de la legislatura. De hecho, la legislatura arrojará un importe de arrendamientos en los cuatro años de gobierno de Ahora Madrid de 72 millones de euros frente a 206 millones abonados por el Partido Popular (un 65% menos). Y ese ahorro podrá destinarse a las necesidades sociales de la gente en vez de retribuir a los propietarios de los inmuebles.

Se trata de un edificio emblemático del centro de Madrid que nunca debió ser vendido

Un componente de esta estrategia ha sido la compra de Alcalá 45, que permitirá un ahorro económico de 21 millones de euros que tendrían que haberse pagado en concepto de alquileres hasta 2019. Además, con la compra se ha solucionado de forma inmediata el problema de tener una sede en propiedad, adquiriendo un inmueble diseñado y remodelado a medida de las necesidades municipales, representativo y bien comunicado, y cuya ubicación es conocida por todos los madrileños. En el año 2004, fue vendido por 100 millones de euros y 12 años más tarde es comprado solo por cuatro millones de euros más; lo que nos dejaría un saldo neutro si tenemos en cuenta que el vendedor ha pagado la plusvalía de la operación al ayuntamiento. Por otro lado, se evita así el gasto del traslado, reforma y adecuación de una nueva sede, estimado como mínimo en ocho millones de euros.

Con la compra que acaba de hacer el Ayuntamiento de Madrid se ha recuperado un importante activo, pues se trata de un edificio emblemático del centro de Madrid que nunca debió ser vendido. Ahora, este Gobierno pone el interés general como único objetivo y gestiona con racionalidad el dinero de madrileños y madrileñas. Y eso, a “los buenos gestores” que malversaron el patrimonio público les escuece. Tendrán que vivir con ello porque Alcalá 45, que fue en su día diseñado y remodelado por el ayuntamiento en su integridad para servir de sede del Área de Hacienda, gracias a la reciente operación que hemos realizado, vuelve a ser de todos los madrileños y madrileñas.

* Carlos Sánchez Mato es concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid.