Un referéndum antidemocrático

Desde hace algunos años los grupos partidarios de la secesión han decidido concentrar su estrategia en la batalla por el derecho. La razón resulta sencilla. Todos los presupuestos, datos históricos, sociológicos y económicos que predicen un paraíso automático al día siguiente de la secesión, resultan claramente discutibles y endebles, tanto “ad intra” como cuando se vende internacionalmente como plausible la idea de romper un Estado miembro de la Unión Europea que viene formando parte de la comunidad internacional, con sus fronteras claras y definidas, desde hace siglos. Máxime cuando no nos encontramos ante ningún caso de descolonización, de un pueblo oprimido o sujeto a ocupación militar extranjera, o en el que exista una violación sistemática de los derechos humanos (ver, en la valoración de esta doctrina, Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998).

Por el contrario, cuando se habla del derecho de la gente a decidir su destino, lo que se conoce como el “principio democrático”, el apoyo aumenta y más gente tiende a mostrarse “comprensiva” con la propuesta. Ingenuamente, se unen a quienes gritan que no se puede desoír la voz de los ciudadanos. Faltaría más. Este planteamiento parece irrebatible a primera vista y, de hecho, es uno de los pocos argumentos que puede convencer fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, sostener que lo más democrático es que los habitantes de un territorio decidan autónomamente romper el Estado al que pertenecen es una apuesta trufada de trampas y medias verdades.

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Agencias

El primer problema surge cuando el derecho a decidir de unos cuantos (los que la Generalitat decide que son “catalanes”) impide el derecho a decidir de la mayoría (el resto de los españoles) sobre lo que debe ser su país: España. Como ha destacado el profesor Fernado Savater, el derecho a decidir no es fraccionable, es un patrimonio común de TODOS los ciudadanos. Decía Sir W. Ivor Jennings, el gran constitucionalista británico, respecto a las consultas que “superficialmente parece razonable: dejemos al pueblo decidir. De hecho, era ridículo porque el pueblo no puede decidir hasta que alguien decide quién es el pueblo”. El decidir los contornos y límites del concepto “nosotros” en contraposición al de “ellos” no es tarea fácil ni exenta de trampas ideológicas o emocionales interesadas y partidistas. Por ejemplo, el exilio catalán o vasco (al que nadie defiende ni contabiliza) debería formar parte de ese pueblo con derecho a decidir su futuro.

Pero no son solo problemas de ámbito o de forma. Cada vez surgen más informaciones y argumentos que nos llevan a plantear que un referéndum por la secesión sería en la actualidad totalmente inadmisible en términos estrictamente democráticos, al menos por cuatro motivos:

- El nacionalismo lleva años tratando de cambiar la realidad social para permitir que surja una mayoría pro-secesionismo sobre la base de una política educativa ideologizada, ensalzadora de un supuesto pasado glorioso y generadora de odio a todo lo que suene a “español”, penalizando incluso a quienes opten por hablar en español. Nos encontraríamos en el ámbito de los llamados delitos de odio.

- Los medios de comunicación y de promoción cultural están subvencionados y controlados férreamente por el poder autonómico, mientras la televisión pública se pone al 100% al servicio de la propaganda oficial, sin el mínimo respeto a la pluralidad. Por tanto la libertad de información y de prensa está condicionada.

- Existe una presión creciente para que los “no-nacionalistas” o los que prefieran expresarse en español, llegando en ocasiones a consecuencias extremas como el traslado a otra comunidad. Hablamos de una deriva que podría valorarse como delito de exclusión social.

- No se respetan las sentencias judiciales y se persigue a los funcionarios. Hemos asistido a quejas de funcionarios de la Generalitat, perseguidos por no apoyar el discurso separatista, o a amenazas a la cúpula de los Mossos para cambiarles por anunciar que cumplirían la ley. Nos encontraríamos ante la vulneración del Estado de Derecho y ante la falta de garantías de una Administración al servicio de la ley.

En este contexto, convocar un referéndum supondría premiar esa estrategia excluyente y sectaria, alejada de la necesaria “neutralidad institucional”, “educación imparcial y desideologizada”, respeto a los derechos de las minorías, igualdad de oportunidades, libertad de prensa…. En otras palabras, no se dan las condiciones mínimas de higiene democrática y juego limpio, necesarias para una votación de estas características.

No se dan las condiciones mínimas de higiene democrática y juego limpio para una votación

Pero hay un último elemento que desacredita el contenido democrático de un referéndum secesionista. En el año 1994 el profesor Daniel J. Elazar, de la Universidad Temple de Filadelfia, estableció que existían en el mundo alrededor de 3.000 grupos humanos que presentaban una identidad colectiva, mientras que existían 185 Estados reconocidos por la ONU, de los cuales el 86% ya tenía una composición multiétnica. Hoy el número de Estados reconocidos son algunos más (192) mientras que los estudios lingüísticos muestran que en el mundo existen entre 3.000 y 5.000 lenguas, según los criterios de valoración que se utilicen. ¿Resultaría democrático apostar por un número infinito de Estados de cultura monolítica y homogénea? ¿Es viable un mundo con más 3000 naciones? Y sobre todo, ¿resulta coherente defender las bondades de la multiculturalidad con los que vienen de fuera y luego defender que lo mejor es crear un territorio separado para que “solo” la cultura catalana se exprese? ¿Respetaría ello la pluralidad de sociedades complejas?

Dejemos de engañar a la gente y de utilizar la doble vara de medir según convenga. Todos saldremos ganando.

*Alberto G. Ibáñez es autor de “La Conjura silenciada contra España”