Frankfurt y Berlín se pelean por el desarrollo de la Unión Bancaria

Todo está en marcha para que la nueva maquinaria supervisora europea funcione a pleno gas. A mediados del año que viene, el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a controlar directamente unos 200 bancos, los considerados sistémicos, pudiendo también inmiscuirse en asuntos de bancos más pequeños, unos 6.000, controlados por los supervisores nacionales.

La transferencia de funciones supervisoras al BCE es uno de los pilares básicos de la nueva Unión Bancaria, que incluye también otros objetivos más ambiciosos, como la creación de un mecanismo de resolución de bancos pan-europeo y un seguro de depósitos único, apoyados por el desarrollo de las directivas que realizarán las nuevas autoridades europeas (EBA en Londres, ESMA en Paris, y EIOPA en Frankfurt).

El establecimiento de un mecanismo de resolución único, que se trata simplemente de decidir qué ocurre cuando un banco es declarado insolvente y quién paga la cuenta, es el asunto que está generando mayor debate. ¿Recuerdan la historia del policía holgazán porque sabe que el ladrón sale de la trena a los 3 días? Mientras que el BCE, amparado su nuevo rol de policía, quiere que el mecanismo esté activo cuanto antes para que los países miembros no puedan soltar al ladrón, Alemania es partidaria de una integración más lenta, coordinada de forma centralizada, pero dirigida –y pagada– por cada país, hasta que se hagan los cambios oportunos en los tratados de la Unión.

Las dos visiones polarizadas se plasmaban recientemente en sendos artículos de opinión publicados en el Financial Times por el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble (FT, “Banking union must be built on firm foundations”, 12-05-2013) y el consejero del BCE, Yves Mersch (FT, “Europe’s ills cannot be healed by monetary innovation alone”, 24-04-2013).

Una vez que se haya decidido si los pagos se realizan de manera centralizada, hace falta aclarar quién se queda con la cuenta y cómo se divide –la denominada prelación de créditos-. Póngase en la siguiente situación. Usted y su amigo/a van a cenar a un restaurante. Usted pide unas 'sardinitas' y una botella de agua, y su amigo un solomillo, un Rioja, y una 'copita' para rematar la faena. La cuenta se divide en partes iguales. ¿Le suena?

Este es el principio en el que se basa el marco de insolvencia y liquidación no bancario (pari passu). Por otro lado, en los rescates de entidades bancarias que se han ido sucediendo durante la crisis, el peso de las pérdidas se ha repartido entre accionistas, acreedores, y el contribuyente, pero con la particularidad de que la deuda de alta calidad y los depósitos, incluyendo aquellos que no están protegidos, se quedaban intactos. Resulta que había también un tercero en la mesa que cenaba siempre de gorra. Pero esto cambió cuando se rescató a Chipre y se penalizó a los depositantes mediante una quita forzosa.

Idealmente, un mecanismo nuevo de resolución bancaria debería basarse en tres principios clave:

1.- Que la entidad se pueda liquidar sin causar ruido y transferirse o venderse, por ejemplo por piezas, sin afectar a su actividad.

2.- Que se penalice únicamente a accionistas y acreedores sin tener que utilizar dinero del contribuyente.

3.- Que los depósitos protegidos se identifiquen y rembolsen rápidamente.

Para que estos principios funcionen, hace falta un sistema claro de prelación, y es aquí, de nuevo, donde surgen las desavenencias. Mientras que Bruselas y el BCE defienden el modelo americano (depositor preference), donde se evita, pero no se prohíbe, imponer perdidas a los depósitos (estén ó no asegurados), Holanda y Dinamarca prefieren el modelo que la Comisión Europea propuso originalmente por el cual se pasa la cuenta a todos los acreedores (incluyendo depositantes) y se rembolsa a los protegidos por el actual limite de 100.000 euros. Reino Unido y Francia, en cambio, se decantan por un modelo más flexible, donde se decide según la ocasión, mientras que España defiende un modelo donde todos los depositantes quedan excluidos de la absorción de perdidas, algo que en principio también produciría simpatía en los franceses.

Las negociaciones en este tema no son fáciles ya que todo esto pilla de nuevo a muchos. El mecanismo actual del Reino Unido, conocido como Special Resolution Regime ó SRR, se implementó tan solo en 2009, y Alemania implementó el suyo en 2011. La mayoría del resto de países ni siquiera tiene todavía reglas de resolución específicas para el sector.

Pero lo realmente importante es que el mecanismo se acuerde e implemente cuanto antes, y que la directiva incluya reglas que sean claras y creíbles. Hacer lo contrario sería ignorar las lecciones chipriotas.