¿Invertirá el ‘private equity’ en el banco malo?

Son muchos los que, a lo largo de las últimas semanas, me han preguntado si los gestores de ‘private equity’ son potenciales inversores para participar en el “banco malo” que está en proceso de creación para buscar una solución a los activos tóxicos de la banca española.

Aunque todavía no se conocen los detalles de la nueva sociedad, que se constituirá para dar forma al “banco malo” español, es difícil predecir el potencial interés de los inversores privados en participar, y que de ésta forma se pueda cumplir el objetivo fijado por el Gobierno de que la participación del FROB sea inferior al 50% en la citada sociedad.

Si analizamos los precedentes de “bancos malos” constituidos en otros países de nuestro entorno como Suecia y Finlandia en los noventa, y más recientemente en Suiza, Irlanda o  Alemania con diferentes estructuras de financiación, todos tienen una característica común y es que han sido financiados con dinero público, ya sea vía inyección directa de capital o financiación pública.

En 2009, la Administración Obama, a través del secretario del Tesoro, Tim Geithner, presentó un novedoso programa para atraer inversión privada para adquirir activos tóxicos de los bancos, principalmente hipotecas y activos inmobiliarios muy devaluados. 

El Programa Público Privado de Inversión (PPIP) ofrecía a los inversores financiación del Tesoro americano, así como capital adicional para reforzar la rentabilidad de la inversión. El objetivo del nuevo programa era captar 100.000 millones de dólares para reforzar el Programa TARP de 750.000 millones de dólares que la Administración Bush  lanzó en octubre de 2008 para intentar poner freno a la debacle financiera que supuso la suspensión de pagos de Lehman Brothers y la aseguradora AIG.

A pesar de los intentos de la Administración Obama por atraer inversores privados, que obligaron a varias modificaciones de la estructura inicialmente propuesta del PPIP, se captaron algo más de 7.000 millones de dólares de capital privado que, sumado al capital y a la financiación pública, supuso un total de 22.000 millones de dólares, muy por debajo de las expectativas iniciales.

En el nuevo programa participaron ocho gestoras americanas de primer nivel como BlackRock, Oaktree o Invesco, que después de tres años están obteniendo en la mayoría de los casos rentabilidades superiores al 15%.

Los precedentes no son muy halagüeños para esperar una avalancha de inversores privados interesados en participar en la sociedad gestora que funcione como “banco malo”. La incertidumbre respecto al precio de compra de los activos, los términos de la financiación, así como el plazo de la inversión son los principales obstáculos para atraer inversión privada.

Los fondos de ‘private equity’ invierten en activos ilíquidos con el objetivo de obtener rentabilidades anuales del 20% en periodos de inversión medios de 4-5 años. La estructura de la nueva sociedad gestora tiene que ser muy clara y ofrecer los suficientes alicientes, ya sea vía financiación o con mecanismos de retornos preferentes para que los inversores privados asuman los riesgos inherentes en un “banco malo”.

La creación de un “banco malo” es un mecanismo probado para mitigar la escasez de crédito en situaciones de graves crisis bancarias que, en algunos casos, han generado plusvalías para el capital aportado por los contribuyentes que han suscrito los activos tóxicos. Sin embargo, lo que es más complejo es atraer inversión privada que sustituya el dinero público como principal accionista de un “banco malo”.