Herencia envenenada: el colapso financiero autonómico no es coyuntural

Me preguntaban ayer unos hedge funds con los que tuve oportunidad de desayunar si era factible que, en caso de materializarse la llegada del PP al poder, se produjera un aumento sustancial del déficit a la griega, tal y como está ocurriendo ya en algunas comunidades autónomas. Mi respuesta fue triple. Uno, sí pero no en la misma medida que en los entes regionales (aunque hay constancia de aplazamientos de facturas, por ejemplo, en obra civil). Dos, en caso de que así sea, será imprescindible que aflore todo de golpe y no de forma sucesiva de modo tal que se mitigue la incertidumbre de cara a los inversores que tal hecho acarrea. Y tres, en cualquier caso lo preocupante no es lo que hay en el cajón por descubrir, que también, sino lo poco que va a haber en la caja hacia finales de la actual legislatura, en todos los ámbitos de la Administración del Estado. ¿Por qué?

A los hechos me remito. El legado socialista en aquellos lugares donde está de salida no es solo de opacidad hoy, sino de asunción de compromisos financieros progresivos mañana que pueden cercenar de manera directa las posibilidades de cualquier nuevo gobierno. Una planificación malvada en la que los ya ex dirigentes, previendo el cambio de signo político y su salida del poder, sitúan buena parte de los pagos por compromisos adquiridos en aquellas fechas en las que los nuevos gobernantes más pueden necesitar los recursos, tercer y cuarto año de sus mandatos. De este modo les limitan cualquier opción de compensar los recortes presupuestarios iniciales con guiños electorales de última hora. Y si cuela, coló. Esa es la verdadera tragedia a la que se enfrentan un grupo numeroso de gobernantes locales que recién acaban de tomar posesión de sus cargos. Les importa menos el hambre actual, cuanto la hambruna futura si el ciclo no cambia.

Se trata de un tema que se comenta en voz baja en los corrillos de los gobiernos autonómicos, que no interesa hacer ruido. Es cuestión extremadamente delicada ya que buena parte de la frágil aceptación social a medidas como las que están adoptando políticos de uno y otro signo en lugares tan dispares como Catalunya o Castilla La Mancha, con mayor dosis de victimismo o menos, se debe a la convicción de que se trata de un mal necesario a corto plazo para sanear las finanzas públicas. Una convención que puede cambiar tan pronto como se perciba que el ajuste es permanente y que, no solo eso, habrá que apretarse aún más el cinturón en el futuro. Se han multiplicado de tal modo los proyectos en los que el grueso de los desembolsos pendientes (hasta el 70% del total) se fija en fechas venideras, muchos ya ejecutados o de imposible cancelación, que la precariedad de las cuentas de un grupo numeroso de entes regionales y locales va a superar con creces en ámbito de lo meramente coyuntural. Veremos qué pasa a nivel central.

Un hecho cuya toma de conciencia por parte de los aterrizados en los sillones de gobierno está generando un círculo vicioso de sobre actuación presente de cara a prevenir lo que está por venir mañana. Desde esta óptica es fácil de entender que, lo que en algunos ámbitos se describe como recortes exagerados e injustificados, tiene razón última que los motivan. Hay caso. De ahí que se haga más fundamental que nunca, junto con la auditoría definitiva de la verdadera situación financiera de cada una de las comunidades autónomas, una identificación de sus compromisos futuros de pago con referencia explícita a la persona que contrató, objeto de la contratación y calendario de abonos fijado. Un ejercicio de transparencia imprescindible si no quieren los actuales gobernantes que, al final, la tozuda realidad se les imponga de forma dramática, social y electoralmente hablando. Solo un diagnóstico realista dará validez al tratamiento de cara a las hordas financieras. Ir por detrás es suicida. ¿Serán capaces de verlo? Más les vale. Perdón, más NOS vale...