Costosísima patada a Artur Mas en el culo de Ferrovial

Casi cuatro años después de haberse abierto el caso Palau, acaba de concluir la fase de instrucción con un auto que deja más interrogantes que respuestas

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    Casi cuatro años después de haberse abierto el caso Palau, acaba de concluir la fase de instrucción con un auto que deja más interrogantes que respuestas a los jueces que sobre él han de resolver. 48 meses de unas diligencias que recuerdan al expediente Bárcenas: sospechosas entregas de dinero en A, B o C, presuntos trincones y, como telón de fondo, una trama de financiación ilegal, en este caso de Convergència Democràtica de Catalunya. Que se preparen, por tanto, los que sueñen con una pronta solución en tribunales del asunto del extesorero del PP.

    Que la justicia es lenta en nuestro país -y en los que pretenden serlo, como Catalunya- es un hecho. Que, además, está politizada lo prueban los sistemas de designación de sus órganos de gobierno; ¡si hasta el Presidente del Constitucional tiene carnet de partido! La dilación temporal tiene una incidencia económica y reputacional. En demasiadas ocasiones, cuando los tribunales dirimen finalmente los efectos económicos de un delito, el daño está hecho y es irreversible. Al incorporar a la ecuación el cainita factor de la partitocracia, el argumento se complica aún más al convertirse sus actores protagonistas en armas arrojadizas usadas de forma partidista.

    Un ejemplo evidente de lo anterior lo tenemos en Ferrovial. 

    Un sospechoso informe que surge en vísperas de unas elecciones donde la formación acusada tiene posibilidades de derrocar en las urnas al tripartito gobernante. 

    Una relación causa-efecto entre donaciones y adjudicaciones que casa mal con la pléyade de formalidades e intervinientes en cualquier adjudicación, con el hecho de que buena parte de esas obras o son bajo la figura de uniones temporales de empresas en los que la firma tiene una participación minoritaria (por ejemplo, el Metro de Barcelona) o en ellas no se presentan otros grupos (¿para qué pagar, entonces?), con lo que la constructora no mejora significativamente su cuota en Catalunya en el periodo investigado -2002 a 2007- y se mantiene lejos del top 5 en obra civil; con la existencia de los actos financiados a las tarifas en vigor por aquel entonces, lo que desmonta el concepto ‘comisión’; con la falta de indicios de desvío de fondos en las auditoría internas y externas de la empresa del Ibex; con la permanencia de uno de los imputados –por ‘tráfico de influencias’, no por ‘cohecho’, ojo- en el seno de la compañía de los Del Pino; con la ausencia de enriquecimiento personal de tales trabajadores pese a manejar las sumas en efectivo que se dicen, y así sucesivamente. 

    Un juez instructor que considera buena parte de los hechos no probados porque… Ferrovial no acredita haber actuado delictivamente, el mundo al revés, y deja fuera de su dedo acusador al resto de los patronos.

    Veremos a ver qué sale cuando todo quede ‘visto para sentencia’ pero, de momento, una extraña sensación de cabeza de turco ejemplarizante flota en el ambiente, alentado por el hostil ensañamiento de algunos medios de comunicación locales y nacionales. Un proceso de desgaste que ha provocado que, cuando salen los directivos de la sociedad al extranjero, sea para tratar con inversores, sea para reunirse con las publicaciones más prestigiosas –como ha ocurrido recientemente en la City londinense-, importen poco su valor bursátil, la situación de balance, la evolución operativa de los negocios o las inversiones proyectadas, y mucho más las acusaciones de corrupción y su consideración como el modo normal de hacer negocios en España. 

    Ese es el coste -para todos, no nos engañemos- de politizar una justicia exasperantemente lenta. Al final, uno de los iconos empresariales del país se ve expuesto a un escarnio precipitado ante el que apenas puede defenderse durante años y años. Cuando llegue el veredicto, reloj no marques las horas, ¿qué pasa si Ferrovial es inocente, quién restaura la pérdida del intangible de la confianza? Y, si resultara condenada, ¿qué sentido tendría que el desenlace se materializara tan tarde, no es mejor despejar cuanto antes la incertidumbre? Al final, la patada judicial de los socialistas a Mas en el culo de Ferrovial en 2009 al único que le puede salir cara de verdad es a quien genera empleo y riqueza para nuestro país. Una vez más la asimetría del poder: el político al bollo y la empresa al hoyo. Así nos va.

    Buen fin de semana a todos.

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