Santander, Sabadell, Bankia y el caso del amargo chocolate

Uno de los artículos que más han circulado entre la comunidad de analistas especializados en el sector bancario el pasado mes de agosto lo publicaba el Wall Street Journal en su edición impresa del lunes 10, si bien había sido colgado ya en su web la tarde anterior.

La distinción entre papel y online no es baladí.

Mientras que el primero anticipaba de manera más o menos correcta una crítica a la censurable práctica de la banca del Sur de Europa de colocar acciones y deuda de la propia entidad a sus clientes -“Bank sales of own shares to customers under fire”-, el titular digital era más sanguinolento y no dejaba lugar a dudas: “In Southern Europe, bank share sales can hit depositors hard”.

A buenas horas, mangas verdes, cabría decir.

Sin embargo, la pieza reabre un debate interesante que parte de una pregunta básica: ¿es normal que una firma trate de dar acceso preferencial a sus propios títulos a sus mejores clientes?

La respuesta es evidente: por supuesto que sí.

En un banco como en cualquier otra empresa.

El problema llega cuando esa oportunidad para algunos se convierte en objetivo comercial para todos derivado de unas necesidades de financiación de la institución financiera que resulta imposible cubrir de otra manera.

Desaparece entonces el carácter selectivo de la iniciativa, la presión de arriba abajo se convierte en insoportable y terminan aflorando, con el paso del tiempo y si la cosa se tuerce, los conflictos de interés latentes desde el inicio.

Algo que, como regla general, suele suceder siempre en el peor momento.

El problema llega cuando esa oportunidad para algunos se convierte en objetivo comercial para todos derivado de unas necesidades de financiación

Como ha sido el caso.

Pues bien, con base en fiascos recientes como los de la OPV de Bankia, las preferentes emitidas en su día por numerosas cajas de ahorro o la dolorosa conversión de obligaciones en capital del Santander, la pieza del WSJ denuncia, más allá del fondo, los defectos de forma de tales colocaciones masivas: falta de formación del ‘vendedor’, abuso de la relación de confianza del bancario con el ‘inversor’, concesiones de crédito vinculadas a tales compras o delegación ‘forzosa’ del voto en el emisor a cambio de una caja de chocolates (sic) que termina teniendo el amargo sabor de las minusvalías masivas son algunos de los ejemplos que cita.

Nada nuevo bajo el Sol de la piel de toro pero que ha generado no poco revuelo allende nuestras fronteras donde se preguntan, no sin razón (y McCoy con ellos, el desarrollo es propio):

1. Por qué con toda la regulación sectorial que ha habido desde el inicio de la crisis no se ha establecido una norma que obligue a separar emisor y distribuidor, como ocurre en el mundo anglosajón, en este tipo de operaciones. O que fije normas taxativas para la representación, obligando a realizarla en el supuesto contemplado en este artículo, por ejemplo, a través de un ‘defensor del accionista’ independiente con voz obligatoria en la Junta. Una cuestión pertinente al calor de lo sucedido en los últimos años.
2. Por qué en buena parte del sur de Europa la banca minorista sigue siendo de producto. Por qué sigue funcionando a través de campañas. Por qué las sucursales están presionadas por una cuenta de pérdidas y ganancias individual, lo que impide un adecuado trato transversal del cliente en toda la organización. Es en la proliferación y recurrencia de las ofertas de activo, pasivo u ahorro ex balance donde se crea el caldo de cultivo para colar de rondón o no tan de rondón lo que interesa al balance de la entidad. Una realidad que, no obstante, comienza a tener detractores entre los propios directivos de la industria.

¿Qué opinan? Su turno.