¿Qué garantías legales ofrece la Administración en una compra?

Somos un grupo de cientos de usuarios afectados por el Ministerio de Industria. En su día, compramos de buena fe nuestros vehículos en establecimientos abiertos al público dentro del territorio Español. Muchos de nosotros sabíamos que se trataba de vehículos usados procedentes de Importación de USA; otros, sin embargo, solo veían la ilusión de su vida de sentirse orgullosos propietarios de una Harley Davidson, desconociendo por completo de qué país o procedencia venían sus vehículos.

Bien, como cualquier consumidor que acude a un concesionario o tienda, nuestra única posibilidad es pagar religiosamente lo que el vendedor nos solicita y esperar la entrega correcta del vehículo, con su documentación y matriculación al día. Todos hicimos el mismo proceso: pagar y recibir el vehículo con los papeles legales que siempre otorga el Ministerio a través de la ITV correspondiente, con su ficha técnica, permiso de circulación [Impuestos, tributos y tasas abonadas en la DG de Tráfico, Ayuntamiento, etc.]; todo firmado, sellado y siempre con papeles oficiales legales.

Cuál es nuestra sorpresa que un día nos llama el GIAT de la Guardia Civil para que nos presentemos y comprobar los datos de la documentación. La mayoría, obrando de buena fe se presentan y actuando, no se sabe aún en nombre de quién, te retienen las documentaciones y prohíben la circulación de nuestros vehículos por una “presunta estafa en unos casos y por una falsedad de documento en otros casos”. Eso sí, nosotros constamos como perjudicados…. Sin embargo, no hay acusados, ni culpables, solo afectados, nosotros, los usuarios, que nos hemos quedado sin poder disponer de nuestro vehículo.

Pasado el tiempo, meses en muchos casos, la Guardia Civil, sin más autoridad que la suya, sin sentencia de los tribunales que lo avale, te presenta un papel indicando que hay que hacer una nueva homologación del vehículo, una nueva inspección de ITV, una nueva ficha técnica y, posiblemente, unos nuevos papeles en la DG de Trafico, sustitución de elementos etc.… todo ello, por supuesto, a cargo del usuario. Un cargo por el que estamos hablando de media de 1500 a 2500€, sólo porque la Administración en su día dio por buenos unos vehículos que "parece" que ahora no lo son…

Si la única entidad capaz de dar la conformidad en todo el proceso es la Administración y ahora da como erróneos los documentos que ha entregado, firmado y sellado,
• ¿Cómo es capaz de decir que son erróneos, falsos o inválidos? Insisto, son documentos que han validado previamente ellos, y nadie más.

• ¿No creen que si hubiesen hecho correctamente su trabajo desde el inicio esto jamás hubiese sucedido?

• ¿Por qué la Administración puede errar en sus responsabilidades y no responder por ello?
• ¿Por qué el indefenso ciudadano tiene que pagar dos veces por algo que la Administración no ha hecho bien y por lo cual ya cobró en su momento?

• ¿Es justo que la Administración haga mal su trabajo y el usuario deba de pagar dos veces por algo que la primera vez la Administración no hizo bien?

 • ¿Qué garantías nos puede ofrecer la Administración de los documentos expedidos por la misma, si en cualquier momento los da por falsos?

• ¿Dónde está el derecho de los usuarios?... Porque, lo mismo que nos hace ahora, puede hacerlo en cualquier momento… “usted pague, nosotros confirmamos que esta todo correcto y no se preocupe que si nos hemos equivocado usted se quedará sin el bien que ha adquirido y deberá pagar dos veces por nuestro error.”

Exigimos que la Administración actúe con justicia, proporcionado a los hechos, amparando al más débil, en este caso, el único perjudicado, que es el ciudadano, devolviendo los derechos cercenados de los usuarios de circular con sus vehículos correctamente adquiridos y legalizados. Luis de la Fuente.

Sin verificar documentos es muy difícil hacer un diagnóstico certero del problema para darle el mejor tratamiento jurídico. No obstante, por algunos de los datos que nos indica podríamos incardinar el problema en un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que por el funcionamiento –normal o anormal- de un servicio público se causa un daño al ciudadano que no está obligado a soportar.

En este caso -por lo que nos indicas- se realiza legalmente una importación de unas motocicletas y la Administración, habiendo verificado los vehículos, expiden unas autorizaciones que luego quiere revocar porque al parecer hay algo que no está bien. A nuestro juicio, el particular a quién se le haya causado daños por esa actuación de la administración podría plantear una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Dispones de una año para reclamar, acreditando los daños que se te han causado como consecuencia de la negligente actuación de la Administración.