Odebrecht en Perú: la ingeniería de la corrupción

El escándalo de la constructora brasileña ha mostrado hasta qué punto los políticos de la región están dispuestos a dejarse comprar. En el caso peruano, afecta a casi todo el espectro político

Foto: Manifestación contra la corrupción en Lima tras el escándalo Odebrecht, el 16 de febrero de 2017 (EFE)
Manifestación contra la corrupción en Lima tras el escándalo Odebrecht, el 16 de febrero de 2017 (EFE)

Es una de las maquinarias de soborno más grandes y mejor diseñadas de Latinoamérica. El modelo de “gestión” de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht ha revelado la verdadera naturaleza y fragilidad de muchos políticos e instituciones de gobierno de la región.

De acuerdo a la traducción que hace IDL–Reporteros del Plea Agreement entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Corte Este de Nueva York y Odebrecht, se calcula que la firma movió “oficialmente” más o menos 788 millones en sobornos alrededor del mundo. Para este fin, se diseñó un mecanismo organizacional denominado “departamento de operaciones estructuradas” que en realidad era una suerte de gerencia de la corrupción, con responsables, líneas de mando y un presupuesto propio.

En el Perú concretamente, el caso Odebrecht constituye el segundo gran destape de corrupción de alto nivel desde la caída de la dictadura fujimorista en el 2000. En aquella oportunidad el hoy encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, y su socio político, Vladimiro Montesinos articularon una inmensa red de corrupción que robó 6.000 millones de las arcas públicas peruanas. El fujimorato fue también fue un eficiente engranaje dedicado a socavar las instituciones, corromper el sistema judicial, y sobornar políticos y empresarios de distinto tinte. Pero derrocada la dictadura, y tras 17 años de continuidad democrática, el caso Odebrecht nos muestra que los actuales blindajes anticorrupción no son lo suficientemente efectivos para evitar que florezcan mecanismos de soborno en los más altos estamentos de la sociedad.

La banda de los expresidentes

Una muestra clara de esta situación es que los tres últimos presidentes peruanos, electos en democracia desde el 2000, están cuestionados por haber recibido dinero de Odebrecht a cambio ofrecer favores y facilidades en licitaciones públicas. Por ejemplo, sobre el expresidente Alejandro Toledo pesa una orden de prisión preventiva, acusado de recibir 20 millones para asegurar la concesión de la Carretera Interoceánica Sur, que conecta Perú con Brasil. El caso de Toledo no deja de ser lamentablemente curioso porque fue el abanderado de la lucha contra la corrupción de la dictadura fujimorista, liderando la recordada Marcha de los Cuatro Suyos.

Un trabajador de Odebrecht ayuda a remover escombros de la autopista Ramiro Priale tras las inundaciones, el 21 de marzo de 2017 (Reuters)
Un trabajador de Odebrecht ayuda a remover escombros de la autopista Ramiro Priale tras las inundaciones, el 21 de marzo de 2017 (Reuters)

El expresidente Ollanta Humala, cuyo lema de campaña fue “honestidad para hacer la diferencia”, también ha sido acusado de haber recibido 3 millones durante la campaña presidencial del 2011. En su caso es importante conocer cómo conecta este aporte con la obtención de una gran obra de infraestructura. El expresidente Alan García también acaba de ser implicado en un proceso que investiga la licitación del tramo 1 del Metro de Lima. Esta infraestructura se presupuestó por 410 millones, sin embargo su costo final fue de 519 millones.

Malas compañías

El halo de corrupción de Odebrecht también ha alcanzado a sus socios peruanos. Las declaraciones de Jorge Barata, representante de la brasileña durante el periodo de gestión de los sobornos, apuntan a que Graña y Montero (GyM), la más grande compañía constructora peruana, conocía los pagos que hacía su socia. De hecho, GyM participó en sociedad con Odebrecht en el proceso de construcción de la Carretera Interoceánica; la misma obra en donde está involucrado el ahora prófugo expresidente Alejandro Toledo.

Barata ha afirmado ante los fiscales que GyM conocía que hubo pagos: “El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería”. El escándalo golpeó severamente a la firma peruana al punto que sus acciones se desplomaron tanto en Lima como en Nueva York, creando un ambiente de incertidumbre entre sus inversionistas. Cabe recordar que los fondos privados de pensiones peruanos tienen 377 millones de dólares invertidos en Graña y Montero, monto que se han visto depreciado sostenidamente en las últimas semanas.

Así las cosas, el caso Odebrecht ha tocado todos los estamentos políticos y empresariales del Perú (y Latinoamérica), al punto que puede tener un efecto directo en el crecimiento económico previsto por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien además fue ministro de economía y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Odebrecht resultó ser una gran pieza de ingeniería de corrupción, de la que solo ahora nos vamos enterando de su alcance real.

*Luis Jesús Durand es especialista en comunicación, periodista y escritor.

Tribuna Internacional

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