Condenado el abogado de La Manada

Ha sucedido en Cádiz y ni siquiera ha hecho falta un juicio previo. Porque está condenado. Se llama Agustín Martínez Becerra, en adelante, y para toda su vida, "el-abogado-de-La-Manada", así todo junto, para subrayar con la escritura el carácter eterno de la condena. Es el primer caso en España en el que el abogado de unos delincuentes corre la misma suerte que sus defendidos. Nunca le había pasado al abogado defensor de un violador, de un asesino o de un terrorista; es posible, incluso, que ni siquiera nos acordemos del nombre de los abogados de algunos de los mayores criminales de España, porque lo único que suele trascender es el delito y el malhechor. Lo de La Manada ha sido distinto: el Tribunal Supremo ha condenado a quince años de cárcel a los acusados por violación en los Sanfermines de 2016 y los 'tribunales populares' han sentenciado a su abogado a la proscripción social. Quien defiende a un violador, tiene mil años de maldición. Lo ha dicho el rector de la Universidad de Cádiz, que es quien ha bajado el pulgar como un César: "es palabra de ley". No se hable más.

La 'condena' se ha hecho pública a raíz de la invitación que le hicieron a Martínez Becerra para que participara en la Universidad de Cádiz en un seminario que llevaba por título "Hablemos sobre el sexo y la sexualidad: el hombre y la mujer como seres asexuados" con una conferencia sobre 'Delitos contra la libertad sexual, abuso o agresión'. Cuando ya estaba todo preparado, los organizadores recibieron un correo electrónico en el que se les informaba que el abogado de La Manada no iba a participar por orden directa del rector.

Lo primero que trascendió es que había sido el propio Gobierno de Pedro Sánchez quien había promovido el veto, acaso para evitar que el letrado coincidiera en la Universidad con el ministro de Cultura, José Guirao, que también participaba en uno de esos cursos de verano. Se culpó a la Moncloa pero luego, según publicó el Diario de Cádiz, el propio Ministerio de Cultura lo desmintió: "ni el Ministerio de Cultura y Deporte ni los equipos de seguridad del mismo, ni de Moncloa, han tenido nada que ver en la presunta exclusión del abogado Agustín Martínez de un curso de verano de la Universidad de Cádiz". Sea como fuere, de lo que no hay duda es del correo electrónico, del que también informa ese Diario, en el que se daba cuenta de la baja y que decía eso: "el rector, Francisco Piniella, es el que prohíbe taxativamente que el letrado de La Manada participe en el curso y, por lo tanto, su palabra es ley".

La Constitución, en su Título 1, dice que todas las personas tienen derecho a la defensa y a la asistencia de un letrado

Como podrá entenderse, lo de menos en esta controversia es lo que cada uno de nosotros piense sobre el abogado Martínez Becerra y su participación en un seminario de sexualidad, porque ya puestos igual tendríamos que preguntarnos también el sentido de que una Universidad le dedique un curso de verano al sexo. Lo esencial es lo que ese veto significa para la libertad de todos; lo que nos afecta como ciudadanos libres que a un abogado se le considere un apestado social por hacer su trabajo. En este tiempo en el que las consignas se imponen sobre cualquier realidad o cualquier reflexión, sobre todo en asuntos que afectan al nuevo feminismo, el veto del abogado pasa de anécdota a categoría. Ya, de hecho, sucedió durante el proceso judicial. Con una pavorosa normalidad, hasta nos acostumbramos a que hubiera algunos periodistas que, cuando entrevistaban al abogado de la Manada, lo increpaban directamente, como si fuese un colaborador o encubridor de los violadores. "Si la mujer a la que hubieran violado fuera su hija, ¿la creería?” “¿Qué piensa su mujer y su hija de su defensa de La Manada?", han llegado a preguntarle para, a continuación, obviamente, cuestionar la ética, la moral y la profesionalidad del letrado.

Vamos a repasar algunas obviedades que se nos olvidan: Dice la Constitución, en su Título 1, el referido a los Derechos fundamentales, que todas las personas tienen derecho a la defensa y a la asistencia de un letrado. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 786, deja claro que un juicio no se puede celebrar si el acusado no está asistido de un abogado defensor, que velará por “el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como a ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio”. ¿Cómo puede pretenderse, por muy atroz que nos parezca un delito, que el abogado defensor se sume a las acusaciones bajo amenaza de ser considerado, él también, partícipe del delito que se juzga? Pues a esa barbaridad hemos llegado con el caso de La Manada. Lo sucedido en la Universidad de Cádiz nos ofrece una idea clara de la dimensión social de esa proscripción, además de la deriva de algunas universidades.

Félix Ovejero, brillante profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona, escribió hace unos días en la Fundación para la Libertad un interesante artículo en el que reflexionaba, precisamente a raíz de la sentencia de La Manada, sobre los "tiempos sentenciosos" que vivimos, en los que una consigna se impone como verdad absoluta ante un problema social y ‘prohíbe’ cualquier reflexión o análisis que difiera o cuestione lo que ya está previamente decidido. Y acababa diciendo Ovejero: “No se busca convencer sino expulsar y estigmatizar y, para decirlo con Machado, ‘todo resulta tenebrosamente claro’. Así está el mundo, no solo el nuestro, y me temo que a estas alturas resultaría ingenuo reclamar un drenaje que, a buen seguro, mejoraría los tratos entre ciudadanos. De momento, me contentaría con que en la Universidad no suceda lo mismo”. Pues ya ve, se ha equivocado en esto último; la Universidad ya se ha apuntado a ser la vanguardia del populismo.