Verdades y mentiras de la nueva Ley de Propiedad Intelectual

Este miércoles Internet era un hervidero. En las principales redes sociales no se hablaba de otra cosa que no fuera la nueva Ley de Propiedad Intelectual presentada por el Gobierno dentro del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Muchos lo tachan ya de inconstitucional, otros han promovido un manifiesto en contra del proyecto y la gestión de González Sinde en la cartera de Cultura. Mientras, junto al lenguaje jurídico, los tecnicismos del propio medio digital y el desconocimiento de estos canales sociales, aún por expandir para la mayoría de la sociedad; no dejan de multiplicarse las incógnitas: ¿qué pretende cambiar el Ejecutivo?

¿Se verán afectados los particulares que descargan o comparten archivos?

Según el abogado David Bravo, la reforma atañe únicamente a prestadores de servicios de la sociedad de la información, lo que, en la práctica, "incluye a toda página web que obtenga algún rendimiento económico, por mínimo que sea". En principio nada dice de bloquear conexiones o intervenir ordenadores de particulares como se ha llegado a comentar en algunos foros.

¿Por qué ha causado tanto revuelo la propuesta del Gobierno?

Porque se pretende crear una institución, llamada Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, con la competencia de supervisar páginas web, en salvaguarda de los derechos de autor. Para el abogado Carlos Sánchez Almeida, el verdadero origen del problema reside en "el sistemático desprecio con el que nuestra clase política trata al tercer poder del Estado: el Poder Judicial, única autoridad legitimada por nuestra Constitución para secuestrar publicaciones".

Con esta ley, según Bravo, "se permite que cuando alguien denuncie una web por posible vulneración de propiedad intelectual, sea la Comisión del Ministerio de Cultura la que decida si existe tal vulneración, y en consecuencia, si se cierra una web". En un comunicado de prensa, el Ministerio de Cultura explicó que la Comisión "no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red" y que sólo actuará a instancia de parte cuando un titular o una entidad de gestión colectiva de derechos denuncien que la difusión de sus obras se está llevando a cabo sin licencia ni autorización. Según el Ministerio, el objetivo de este órgano será el "restablecimiento de la legalidad mediante la retirada del contenido difundido sin autorización", algo que hasta ahora sólo podía hacer un juez.

¿Por qué plantea el Gobierno estas medidas?

Desde que es posible compartir y descargar archivos en Internet han sido muchos los intentos de los organismos privados por cerrar o limitar servicios y páginas web que enlazaban de los programas que posibilitan el intercambio y la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor. En ningún caso, excepto uno y no del todo, han proliferado las medidas legales contra ‘las páginas de descargas’ porque es necesario que existan dos supuestos imprescindibles para que exista delito: que los archivos (discos, películas o libros) se alojen en el mismo servidor de la página y que haya ánimo de lucro.

Para Bravo, el objetivo declarado de este proyecto de ley es atacar a las páginas que enlazan a los contenidos, sin albergarlos, tras el fracaso de la persecución judicial. “Lo que han hecho, tras perder la industria un partido tras otro, es decirle al árbitro, dame a mí el pito que ya me encargo yo de esto”, asegura.

¿Se podrá compartir sin ánimo de lucro como hasta ahora?

La reforma no convierte en ilícito lo que era lícito a nivel particular. La copia privada nunca ha sido ilegal mientras no exista ánimo de lucro, y nada apunta a un cambio de dirección. Los usuarios, tal y como se percibe en el anteproyecto, podrán seguir utilizando como hasta ahora y sin novedades programas de intercambio de archivos (como eMule) que permiten enviar y recibir, conectando a un usuario que tenga un archivo y a otro que lo busca, y así sucesivamente. Esto ha provocado que plataformas pro derechos de autor, como Promusicae, no se den por satisfechas. El Gobierno se ha centrado en una 'lucha' directa contra las páginas de enlaces y los autores piden, además, un sistema de avisos para advertir a los usuarios que descarguen contenidos.

¿Qué es ese manifiesto espontáneo que ha surgido en Internet?

Un grupo no identificado de internautas, blogueros, periodistas y webmasters redactaron ayer un manifiesto cuya publicidad ha crecido como la espuma.  El éxito de la iniciativa ha llegado al punto de forzar una reunión con la ministra de Cultura que tendrá lugar, según informaron algunos de los asistentes, hoy a partir de las 10.30 de la mañana. La carta emitida en defensa de los derechos fundamentales en Internet, en la que rechazan las reformas en la Ley de Propiedad intelectual, fue colgada en torno a las nueve de ayer y, al final de la jornada, más de 100.000 blogs se habían hecho eco del texto, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La culpa del éxito la tiene Twitter. Bajo la etiqueta #manifiesto, miles de mensajes contra el anteproyecto contagiaban la red como el más letal de los virus. El canal de la Presidencia en esta red, (DesdelaMoncloa), fue saturado de mensajes hasta forzar una cita entre la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y un espontáneo grupo de representantes que dicen actuar en nombre de 'los internautas', entre los que se incluyen el ex director de 20 Minutos José Cervera; el profesor y bloguer, Enrique Dans; Uno de los responsables de la web Microsiervos, Alvy; el ex director de Público, Ignacio Escolar o el fundador de Weblogs, Julio Alonso.