Ignacio y Ana: demoliciones a domicilio

Hay que ver lo que molesta el pasado al patriota. Prefiere las grandes hazañas a los monumentos. Unos molestan, las otras no dejan huella. Mira, lo bueno de las leyendas es que no estorban y siempre son leales a las mentiras. Al patriota le gustaría detener la Historia justo en ese punto donde todo le legitima y nada le cuestiona. Por eso las huellas del pasado les molestan tanto, porque construyen y defienden una patria irreal, que no soporta el peso de las pruebas.

Los patriotas quieren la inmortalidad, pero -como todos- sólo tendrán memoria. ¿Por qué vamos a recordar a Ignacio González y Ana Botella? Además de por ejercer la mayor responsabilidad en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital sin contar con la opinión de los ciudadanos, por el atropello desaforado contra el patrimonio histórico artístico de este país. Nos referimos a España, la nación, no la alienación.

La pareja experta en demoliciones y derribos a domicilio (sólo actúan por encargo) no está sola: el mismo día en el que el Tribunal Constitucional le recuerda a Ignacio que se ha columpiado con una ley anticonstitucional sobre el Patrimonio, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presenta su enésimo intento para arrasar con el barrio del Cabanyal.

Todavía lees por ahí que la democracia es poder vivir cómodamente. Sí, que lo mejor de una democracia es la comodidad. El confort español crea monstruos. Que lo decía Goya… Pero no es coincidencia ni casualidad que estos políticos contra el patrimonio hayan encontrado resistencia bien argumentada en los grupos de apoyo y defensa de todo lo que no quepa en una bandera rojigualda de doscientos metros. 

Ciudadanos contra políticos

En Madrid y Valencia luchan (Salvem el Cabanyal, Madrid Ciudadanía y Patrimonio) contra la desprotección, expoliación y destrucción a la que estos tres gobernantes insisten en llevar la única riqueza de este país. Con tres no basta para ponerlo en riesgo, hay más.

Las asociaciones de ciudadanos aseguran que González ha creado un instrumento jurídico “para facilitar la expoliación del patrimonio histórico”. Javier García Fernández, Catedrático de Derecho Constitucional de la UCM y responsable de la argumentación del recurso ante el TC, ha escrito que “el germen de estas políticas ultraliberales es la disminución de lo público, la reducción de la acción pública del estado al núcleo más pequeño posible, potenciando, al mismo tiempo, los intereses privados a los que no se debe poner la menor traba administrativa”, en el último número de la revista del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias. 

Para el experto, estas políticas que buscan la mínima intervención administrativa a fin de que los particulares puedan hacer y deshacer a su antojo. Así que señala razones ideológicas y razones económicas a favor de grupos de poder e inversores. Por ejemplo, si un empresario chino quiere comprar un edificio protegido en la Plaza de España para montar su gran centro comercial y no puede tocarlo porque está protegido como monumento, se modifica la ley y punto. Excusa: el progreso. Excusa contra quienes se nieguen al progreso: más progreso. El progreso está arrasando en la Operación Canalejas.

El ansia independentista de González ha hecho saltar al TC y advertir que las competencias que se ha atribuido en su propia ley son del Estado. El expolio es materia estatal, no autonómica. Quien determina intervenir en los Bienes de Interés Cultural es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La diferencia es fácil de entender: los inmuebles declarados de interés público, después de ser rebajados en su protección, pueden sufrir intrusiones sin que la Administración lo sepa y sin que se pueda controlar el alcance de las mismas. 

Todo sigue sin dimisiones

En la citada revista también podemos leer un polémico artículo del Director General de Patrimonio Histórico de la CAM, Jaime Ignacio Muñoz Llinás, en el que asegura -meses antes de la decisión del TC sobre la ley que él promovió y firmó- que no hay nada anticonstitucional en sus artículos: “Resulta un poco arriesgado, en mi opinión, afirmar que la Ley Autonómica reduce la protección en comparación con la Ley Estatal, cuando de la literalidad de ambas leyes se desprende exactamente lo contrario”. Lo que se desprende es anticonstitucionalidad, pero por supuesto nadie asume responsabilidades.

Por su parte, Ana Botella juega en estos momentos su gran baza turística: la declaración del Retiro como patrimonio mundial, justo cuando se acaba de aprobar la privatización por otros 25 años de la antigua “casa del contrabandista”, del siglo XVIII, que conocerá por Florida Park. Botella, tras la derrota de los JJOO, quiere cultura, quiere proteger, a pesar de su expediente.

Hay que estar atentos a la cara que pondrá cuando el comité de expertos de la UNESCO le pregunte por qué Madrid es la única ciudad de Europa que no tiene un servicio de arqueología... Probablemente no lo considere importante, salvo si se buscan los restos de Miguel de Cervantes. Ayer, justamente, se aprobaron otros 12.000 euros más para el equipo de especialistas que han contratado con el objetivo de cazar el tesoro.

Juntos, Ignacio y Ana, en la primera rueda de prensa que compartieron ya anunciaron que había demasiado edificio protegido y mamandurrias de esas de antiguo, que rebajarían las protecciones para dar paso al progreso. De las últimas Rebajas de patrimonio que han ejecutado aparece el edificio del CISC, para vaciarlo por dentro.

La ciudad en la que creen el ex consejero de Cultura y Deporte y la mujer del ex presidente es una cáscara, un escenario espectacular, pura fachada, fachadismo puro. No entienden que el progreso y el patrimonio pueden convivir.

Pero no crean que en otros montes crece verde la yerba. Al político se le llena la boca de pancarta cuando se está en la oposición y el TC falla a favor de un recurso propuesto por el grupo político al que se pertenece: al cierre de esta edición, en la ciudad serrana de Los Molinos (Madrid), se ha eliminado el Catálogo de Protección de Bienes, por petición del PP y acuerdo del PSOE, después de que este grupo lo aprobase el pasado mayo. Si usted lo entiende, me ponga un email, por favor.

¿Para qué sirve un Catálogo de Bienes? Recoge todo el patrimonio de la población para que no se pierda, para que no se olvide ni menosprecie. Ahí aparecen desde los caminos, los yacimientos, las casas singulares, las fuentes, los palacios, las iglesias, etc. En el caso de Los Molinos, cinco asociaciones de ciudadanos estuvieron trabajando en él durante dos años. Porque la mejor protección del pasado es sacarlo de la invisibilidad.