De los riesgos de limitar la crítica a la acción del Gobierno

Entre los temores que infunde la actual pandemia, dejando de lado los más directos relacionados con la salud propia y de nuestros allegados, los de la economía quizás ocupen el segundo lugar, pero los concernientes a los derechos y la ordenación política no van muy detrás. Estamos comprobando con asombro la facilidad con la que muchos ciudadanos están dispuestos a renunciar a derechos fundamentales si eso viene compensado con una mayor seguridad y resguardo de la salud, como si no hubiera alternativas, mientras que a la vez el gobierno reclama que no se ejerza la crítica a la que todo gobierno debe estar sometido en una sociedad democrática.

Parece conveniente, en el convulso clima político y social que vivimos, recordar algunos fundamentos de la libertad de expresión en la legítima crítica al gobierno, y su necesario e imprescindible ejercicio, máxime en momentos de crisis. Pues nunca resulta más tentadora la idea de que la libertad de expresión es un lujo innecesario, que durante una crisis. ¿Quién puede defender el ejercicio de un lujo, cuando nos asola una pandemia, que causa estragos y amenaza la supervivencia de nuestros mayores, y personas vulnerables, desborda a nuestros sanitarios, médicos, enfermeras, y pone a prueba nuestro sistema de salud? ¿No es un despropósito criticar la acción de gobierno, en un momento en el que parece capital la unidad de propósitos y de acción para combatir el coronavirus? ¿No estamos acaso sacrificando la efectividad de nuestra acción colectiva contra el virus, si damos pábulo y permitimos la crítica individual a la acción de un gobierno?

La respuesta a todos estos interrogantes es rotundamente negativa. Es más, la tentadora idea que subyace es la falaz suposición de que la libertad de expresión es estrictamente un derecho de los individuos, cuyo beneficio se agota en la mera satisfacción de las inclinaciones personales de los mismos, cuando la ejercen. Es decir, si la libre expresión de crítica al gobierno fuese un mero bien personal, como el disfrute de cualquier riqueza o propiedad personal, entonces resultaría plausible – como parece sugerir, día tras otro, el gobierno, y en su nombre su presidente, en cada conferencia de prensa, o declaración – que se deje de lado temporalmente el disfrute de tal derecho, para así hacer acopio de fuerzas colectivas frente a la crisis.

No existe contradicción alguna entre la crítica a la acción de un gobierno y la eficacia de la empresa colectiva para combatir una amenaza social

Nos resulta notable y sorprendente cómo parece haber calado tan tentadora idea, incluso entre personas estimables e inteligentes, cuando es demostrablemente falaz y errónea. En realidad, conviene recordarlo con John Stuart Mill, no existe contradicción alguna entre el ejercicio de la libertad de expresión, máxime en la crítica a la acción de un gobierno, y la eficacia de la empresa colectiva requerida para combatir una amenaza social. Más bien todo lo contrario. La libertad de información y crítica al gobierno no es ni un lujo individual, ni un privilegio intelectual, ni un capricho burgués, ni un mero bien personal. Es un bien profundamente colectivo, quizás el más importante bien colectivo en una sociedad democrática, y sin duda el más eficaz a la hora de enfrentarse con problemas suscitados por la irrupción de realidades hostiles.

En una crisis como la que se nos presenta (causada por un agente físico externo, una realidad, y que amenaza nuestra supervivencia física y económica, otra realidad) resulta, si cabe, más importante – y un ejercicio de responsabilidad social y cívica – una concienzuda, atenta, y permanente crítica a la acción de gobierno. Las razones ya fueron expresadas de manera insuperable por John Stuart Mill en su magistral ensayo 'On Liberty' ('Sobre la Libertad'). Censurar cualquier opinión crítica ahora mismo supondría un atentado grave contra el bien común de la búsqueda de las más eficaces soluciones al problema que nos asola. Pues solo de la consideración crítica de todas las opiniones se desprende el descubrimiento del error, y puede emerger la verdad.

Por eso ha resultado tan desconcertante una pregunta realizada en la última encuesta del CIS. La inclusión de la pregunta en sí ya es un indicio preocupante, y ha sido justamente criticada, pero el que, al parecer, los ciudadanos, lejos de sentirse aterrados con la mera idea de que la información proceda solo de “fuentes oficiales”, aceptasen en un 66.7% que “habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información” (solo el 30.8% contestó que no debía prohibirse ni restringirse ningún tipo de información, el 2% tenía duda o no lo sabía y el 0.5% no contestaba), nos parece igualmente preocupante.

Implicaría que dos tercios de la población española vería con buenos ojos que todo lo que nos llegue del coronavirus lo controle una “fuente oficial”

Si este resultado fuera fiable, esto implicaría que dos tercios de la población española vería con buenos ojos que todo lo que nos llegue a partir de ahora acerca del coronavirus lo controle una “fuente oficial” (en forma de comité, de agencia gubernamental, de empresa fact-checking o como sea), que supuestamente sería la única competente para emitir noticias; y toda otra información sería considerada como noticia falsa, engañosa o bulo, y debería, por tanto, ser prohibida, como señalaba la polémica. ¿Realmente hemos aprendido tan poco los españoles de democracia en los últimos cuarenta años? ¿Tan poca memoria tenemos para no recordar lo dañino que supone siquiera la sugerencia de que exista solo una “fuente oficial”? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando es el gobierno mismo que patrocina “la fuente oficial” el que ha difundido bulos, como cuando se nos decía que ya se habían hecho más de trescientos mil tests en España contra el coronavirus y ni siquiera se habían empezado a distribuir? ¿Acaso no tienen sus propios intereses las personas o las empresas encargadas de “vigilar la verdad”?

Los bulos hacen daño, quién puede negarlo, pero más daño hace una fuente oficial controlando toda la información y prohibiendo toda la que no proceda de ella. Una fuente oficial dictando qué es lo verdadero. Hay noticias falsas que son fáciles de detectar y que toda persona sensata reconocería como tal, pero no todas son así. Por otra parte, no hay fuente de información infalible. Todos podemos reconocer que hay planteamientos contrarios a los nuestros, o críticos con creencias básicas que sostenemos, que tenemos tendencia a considerar como falsos, solo para descubrir más tarde que éramos nosotros los equivocados. Si Gianni Vattimo quiso convencernos de que la idea de la verdad objetiva es incompatible con la democracia, parece ahora, en una oscilación pendular, que por su propio bien un ciudadano solo debe ser informado de una verdad oficialmente avalada. No estamos diciendo que las empresas que detectan bulos no puedan tener su utilidad señalando esos que son claramente constatables, pero para cumplir esa misión, cuanto más lejos estén esas empresas de la “fuente oficial” de información, más credibilidad tendrán sus denuncias.

En una pandemia como la que nos asola, nuestras únicas soluciones efectivas pasan por el reconocimiento de diversos errores, su manifiesta refutación, y su sustitución por otras tesis o cursos de acción más acordes con la evidencia. Ya sean estas verdades sociales (que hemos tenido una de las menos atentas preparaciones frente a la pandemia, como demuestran las estadísticas), médicas (los epidemiólogos están aún debatiendo entre sí diversos modelos y teorías con respecto al virus, una discusión científica que sería muy negativo pretender ahora cercenar en favor de una supuesta pero inexistente “verdad oficial” experta), económicas (nuestro sistema adolece de profundas debilidades que se manifestarán en una de las mayores recesiones en Europa), y políticas (hemos vivido muchos años atrapados en una tupida red de ideologías e intereses partidarios poco atentos a la realidad). No sería posible salir al paso del error y del desconcierto, si se cercena la libertad de expresión; el coste colectivo para todos nosotros, como sociedad, a la larga, sería mucho mayor que el coste que supone atender a un puñado de críticos, valga lo que valga su testimonio, en un momento decisivo.

* Mauricio Suárez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense y Antonio Diéguez es catedrático de la misma especialidad en la Universidad de Málaga