Algunos consejos para luchar contra la desinformación en las redes sociales

En su discurso de despedida, pronunciado hace unos días, el presidente Joe Biden dijo: "Hoy en día, en Estados Unidos está tomando forma una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia, que literalmente amenaza a nuestra democracia, a nuestros derechos y libertades básicas, y a una oportunidad justa para todos de salir adelante. […] Los estadounidenses están siendo sepultados bajo una avalancha de falsedades y desinformación, lo que permite el abuso de poder. La prensa libre se desmorona. Los editores están desapareciendo. Las redes sociales renuncian a comprobar los hechos. La verdad es sofocada por las mentiras contadas por el poder y el beneficio. Debemos exigir responsabilidades a las plataformas sociales, para proteger a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestra propia democracia del abuso de poder".

Podría replicarse que él ha hecho muy poco por evitarlo. En las elecciones que ganó Biden los demócratas llevaban en su programa electoral la promulgación de una ley antimonopolios, similar a la ley Sherman, que sirviera para acotar el enorme poder que han alcanzado las grandes compañías tecnológicas. La ley Sherman se promulgó en 1880 y sirvió, entre otras cosas, en 1911, para actuar contra el monopolio de Standard Oil. Biden, sin embargo, no ha hecho nada al respecto en su mandato. Cabe suponer que la presión ejercida por la pretensión china de ser líder de la investigación en IA en pocos años ha tenido algo que ver. Entre las escasas medidas tomadas por Biden, puede citarse que su administración gastó durante su mandato 267 millones de dólares para “combatir la desinformación”. El mayor gasto fue hecho durante la pandemia y fue dirigido a universidades y compañías privadas y sin ánimo de lucro, para que estudiaran el fenómeno y elaboraran medidas.

Unos días antes del discurso, Zuckerberg anunciaba que retiraba el programa antibulos y los controles de verificación en Facebook e Instagram porque, según decía, cometían demasiados errores y atentaban contra la libertad de expresión. A pocos se le oculta que la decisión ha sido un intento de congraciarse con Donald Trump. Musk había retirado previamente de X estos controles, sustituyéndolos por las notas de la comunidad.

Un estudio publicado recientemente y realizado en los Estados Unidos ha mostrado que las personas tienden a anteponer sus ideas políticas a la verdad cuando se exponen a una noticia, con bastante independencia de cuál sea su posición en el espectro político, su nivel educativo y su capacidad analítica. Pero el sesgo era mayor (y más preocupante) en la recepción de las noticias verdaderas. Las verdades políticamente incómodas tienden a no ser creídas. Un resultado interesante es que quienes consideran que su bando político era el más objetivo suelen ser los más sesgados. El estudio mostró que el partidismo ideológico puede llevar a algunas personas a aceptar incluso los titulares más extravagantemente falsos.

Un resultado interesante es que quienes consideran que su bando político era el más objetivo suelen ser los más sesgados

Ahora bien, si esto es cierto, el efecto de las noticias falsas será sobre todo el de profundizar la polarización ya existente. Una noticia falsa difícilmente engañará a los que la rechacen por ser políticamente incómoda, pero sí afianzará en sus prejuicios a los que la consideren políticamente conveniente y tienen solo fuentes unilaterales de información. La raíz del problema no sería tanto la falsedad de la noticia como la forma defectuosa en la que funciona nuestra mente y que genera nuestros sesgos de confirmación y de desconfirmación. Por eso, como subraya Arias Maldonado en su libro (Pos)verdad y democracia, no es que la verdad haya dejado de importar; es que la mentira política ha estado siempre ahí y sucumbimos fácilmente a ella. La tecnología actual solo habría convertido el fenómeno en una experiencia más frecuente y difícil de eludir, al exponer a más personas a mayor cantidad de (des)información.

De ahí el interés de algunos gobiernos extranjeros por controlar estas redes o por inundarlas de perfiles falsos que puedan servir a sus intereses, sobre todo en época electoral o en caso de conflicto. Lo vimos en España con el papel que tuvieron los bots rusos durante el procés en Cataluña o durante la pandemia. España es además uno de los países donde más personas afirman haber sido engañadas alguna vez por una noticia falsa.

No es de extrañar, dada la preocupación que causa la situación, que algunos califican de ‘infodemia’, que crezca la urgencia por hacer algo para remediarla o al menos paliarla. Y ante esta urgencia surgen también soluciones precipitadas que conviene pensar con calma. Si queremos realmente cuidar la democracia, debemos, por ejemplo, evitar la tentación de crear una agencia o fuente de noticias patrocinada por el gobierno para desmentir los bulos y la desinformación difundida por internet. No solo sería una intromisión preocupante del poder político en el control de la información, sino que el efecto, sobre todo a medio y largo plazo, sería contraproducente, puesto que, por las razones expuestas en el estudio citado, dejaría pronto de ser confiable para todo el que no compartiera las ideas del gobierno de turno.

En un sistema democrático, no es al poder político al que le corresponde dictaminar qué es lo que hay que considerar como verdadero, intentando eliminar o castigar toda información que no acepte como tal, aunque por supuesto los gobiernos tengan todo el derecho a desmentir por los medios legales, incluyendo hoy en día el recurso a las redes sociales, los datos que hayan sido falseados, explicando cómo lo han sido. Sin embargo, el significado que les atribuyan los ciudadanos y las interpretaciones deben ser libres, por descabelladas que puedan ser, y ninguna fuente gubernamental puede decidir qué es lo aceptable en tal caso y qué no lo es. Ningún país democrático debe aceptar que haya una única “verdad oficial”. Pero eso, ese control directo es una tentación que todo gobierno democrático debería evitar. Y la tentación es fuerte porque cuenta con bastante apoyo popular, sobre todo en momentos de gran preocupación, como fue la pandemia. Según una encuesta del CIS realizada en aquel momento, dos terceras partes de los encuestados apoyaban que la información procediera de un una única “fuente oficial”.

Ningún país democrático debe aceptar que haya una única "verdad oficial"

Hay que considerar también que no hay fuentes de información infalibles (todas pueden cometer errores) y que todas están sujetas a sesgos ideológicos. Pero eso, en sí mismo, no es dañino para la democracia, sino que forma parte de lo que debe ser el debate público en ellas. Es saludable para la salud de una democracia que haya medios de comunicación con diferentes orientaciones editoriales, y periodistas con diferentes objetivos legítimos.

Otra cosa son las campañas malintencionadas de desprestigio de los rivales políticos basadas en falsedades o los intentos claros de manipular la forma de pensar de los votantes mediante procedimientos ilegales, como sucedió con Cambridge Analytica. Para luchar contra estos casos, sin embargo, suele bastar con la legislación vigente, con investigadores especializados que expongan lo sucedido ante la opinión pública y, en casos extremos, como campañas de desinformación masivas orquestadas por otros países, con la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Las denuncias en los medios de comunicación tradicionales, que suelen contar con mayor confianza en la población, pueden ser de mucha utilidad en estos casos. También pueden ayudar mucho las agencias independientes encargadas de detectar y contrarrestar los bulos, como ya hay varias en nuestro país. Estas agencias pueden proporcionar además etiquetas de verificación. La legislación debe aprovechar las posibilidades de la propia tecnología y exigir que se marquen adecuadamente todas las fotos, vídeos y textos que se elaboren mediante IA.

Es bien sabido que hay algoritmos que permiten detectar los bulos y los discursos de odio racistas, xenófobos, homófobos, etc.). Uno de los usos mayores que se hace de la IA está precisamente en el control de contenidos en las redes sociales. La IA puede ser un instrumento muy valioso para luchar contra las noticias falsas, sobre todo las generadas con su ayuda. Pero no debemos ser ingenuos al respecto. Algunos analistas han explicado suficientemente cómo la mentira se ha convertido en un gran negocio para dichas redes, y se impone con creces a la verdad. Se ha dicho con bastante razón que una falsedad es mucho más poderosa que una verdad, no porque sea más fuerte, sino porque todo el mundo habla de ella. Los bulos son frecuentemente utilizados por estas redes sociales para mantener la atención de los usuarios y captar mayor número de clickbaits.

La lucha contra las falsedades difundidas a través de Internet no es un asunto fácil. Llevamos dándole vueltas desde el comienzo mismo de la influencia masiva de las redes. Pero parece claro a estas alturas que la gobernanza de la tecnología es el único camino posible dentro de las democracias. Como ha escrito el filósofo de la tecnología Luciano Floridi, "el desafío que tenemos por delante no será el de la innovación digital per se, sino el de la gobernanza de lo digital, incluyendo la IA".

En el foro de Davos Pedro Sánchez ha realizado tres propuestas sobre esta cuestión que merecen consideración. Sin entrar aquí en detalles, daré mi primera impresión. De las medidas propuestas por Sánchez, la primera, la exigencia de identificación, en caso necesario y con las garantías legales adecuadas, de los que participan en las redes de forma anónima, recurriendo a pseudónimos, me parece factible y justificable, aunque entiendo que haya quien la pueda ver como una limitación de la libertad de expresión. En el pasado, el anonimato ha protegido a muchos críticos del poder y eso nos parece justo y beneficioso. Pero, comparto la idea de que el anonimato no puede proteger al delincuente, aunque esto solo lo pueda determinar un juez. Las otras dos propuestas, exigir la transparencia de los algoritmos empleados y abrir la posibilidad de pedir responsabilidades penales a los propietarios de las redes por los posibles delitos cometidos en ellas, me parecen poco realistas.

Comparto la idea de que el anonimato no puede proteger al delincuente, aunque esto solo lo pueda determinar un juez

Aunque esto suene a tópico, yo pondría el énfasis en otro lugar. Sánchez pone todo el peso de la acción en el control del emisor, pero no deberíamos descuidar al receptor. En todo este asunto no debe dejarse de lado, en efecto, la tarea educativa, con un papel importante para la filosofía. Geoffrey L. Cohen, el autor principal del estudio que estamos citando, sostiene que sería muy útil el fomento de la humildad intelectal como virtud a cultivar, es decir, el reconocimiento personal de la permanente posibilidad del error en las opiniones propias y de la fuerza que tienen los sesgos cognitivos en la formación de esas opiniones. Vendría bien igualmente promover desde la educación primaria el conocimiento del modo en que funcionan las redes sociales, y papel de los bots en ellas. Por último, hacen falta más estudios empíricos y conceptuales que nos enseñen cómo se difunde la desinformación, qué efectos genera y qué medios pueden resultar más efectivos para su control. Estamos solo empezando a afrontar el tema.