Desmontando el presunto fraude electoral en la RFME: los afectados ni siquiera votaron

La declaración de varios testigos deja en evidencia a uno de los denunciantes, que aparece como instigador en vez de que como víctima del presunto fraude

Foto: Àngel Viladoms (RFME)
Àngel Viladoms (RFME)

La semana pasada declararon ante el Juzgado Número 12 de Valencia siete de los ocho testigos citados en relación a las denuncias presentadas por presunto fraude en el censo electoral de la elección a la Asamblea General de la Real Federación Motociclista Española (RFME): seis pilotos y el secretario general de la RFME, Julián Martínez. Las denuncias fueron presentadas por el presidente del Moto Club Altiplano, Adolfo Bernardo Furió, y dos pilotos miembros del citado club, Vicente Ramos y Marcos Hernández, que también acudieron.

Las declaraciones de los testigos, cinco de los cuales son miembros del Moto Club Altiplano, confirman que ninguno de ellos votó en las elecciones. De hecho, las declaraciones sacan a la luz una situación sorprendente: fue precisamente el Moto Club Altiplano, por iniciativa de su presidente, quien se encargó de solicitar en nombre de, al menos, tres de estos pilotos la documentación oportuna para ejercer el voto por correo, aunque en todos los casos ésta fue denegada.

Varios testigos reconocieron no haber solicitado licencia alguna esta temporada, y que desconocían las condiciones requeridas para poder ejercer el derecho a voto –tener licencia y actividad en 2015, y licencia en 2016-, aunque se da la circunstancia de que algunos han tomado parte en competiciones esta misma temporada, desconociendo en algún caso quién solicitó, tramitó y pagó la licencia con la que compitieron.

Es otro hecho evidente y conocido en el ámbito motociclista valenciano la enemistad manifiesta entre Furió y José Luis Berenguer, presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, que apoya la candidatura de Manuel Casado a la presidencia de la RFME. Berenguer es señalado como responsable de las presuntas irregularidades en el censo electoral de su federación, denunciadas precisamente por Furió. Sin embargo, a la vista de las declaraciones de los testigos, fue Furió quien solicitó en varios casos la documentación necesaria, incitando a miembros de su club a que votaran, a sabiendas de que algunos carecían de licencia en 2016 y, por tanto, que no podían ejercer el derecho a voto.

Otro de los argumentos sobre los que se sustentan las denuncias contra las presuntas irregularidades es el hecho de que la federación valenciana diera de alta, en un solo día, el 2 de marzo de 2016, sesenta licencias, circunstancia que, en ningún caso, es constitutiva de delito. Es más, conociendo le dinámica de los clubes, lo habitual es tramitar todas las licencias de sus pilotos de una sola vez, evitando así repetidas e incómodas gestiones, por lo que la entrada de tal cantidad de solicitudes en una sola jornada no es, en ningún caso, un hecho inusual.

Manuel Casado
Manuel Casado

Recurso ante el TAD

Por si no fuera suficiente con el formidable embrollo en el que se encuentra metida la RFME, la federación se enfrenta a otro nuevo conflicto, ya que varios miembros de la Comisión Gestora han presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), impugnando la próxima reunión de la Comisión Gestora de la RFME, programada para este sábado 17, en la que se ha fijado en el orden del día, entre otras cosas, la liquidación del ejercicio económico 2015, el informe del ejercicio económico 2016, el informe del presupuesto 2017, la aprobación del sueldo del presidente, y la aprobación del calendario 2017.

Al parecer, cuatro miembros de la propia Comisión Gestora solicitaron la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria o de una Comisión Delegada –el órgano ejecutivo de la Federación, nombrado por la Asamblea- para tratar esos temas, argumentando que la Gestora carece de las competencias en esas materias, según indica el artículo 46 de los estatutos de la RFME. El presidente de la Gestora, Àngel Viladoms, negó tal posibilidad porque considera que tanto la Asamblea como la Delegada están disueltas.

Sin embargo, es un hecho que la Comisión Delegada sí está disuelta (artículo 8 del Reglamento Electoral), pero no así la Asamblea. Esto pone en evidencia una importante laguna en la reglamentación de la federación, ya que la suspensión cautelar del proceso electoral por parte del Juzgado Número 12 de Valencia, deja en manos de la Comisión Gestora la gestión de la federación, aunque carece de determinadas atribuciones ejecutivas, como las relativas a aprobación de presupuestos, sueldo presidencial y calendarios, principales temas en el orden del día de la reunión del 17 de diciembre.

Las consecuencias de la aprobación de presupuestos y calendarios en esta reunión serían muy graves, ya que podría dar pie a una impugnación de las decisiones tomadas por la Gestora, lo que complicaría aún más la actual situación de la RFME y afectaría directamente a la actividad deportiva de la próxima temporada.

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