Uría, Cuatrecasas y Garrigues se pelean por el escuálido Gordo de la Lotería

La lotería suele tener su punto álgido el 22 de diciembre de cada Navidad. La gran mayoría de los españoles estamos pendientes del bombo para saber si nos llevamos esos 300.000 euros por décimo o tres millones por cada billete o tira. O, como casi siempre, nos toca la saluda. Pero este año va a haber otro premio especial que se quieren llevar las principales firmas de abogados de nuestro país. Como seguro de ustedes sabrán, el Gobierno, por la necesidad de buscar dinero debajo de las piedras para rebajar el déficit, va a privatizar lo que todos conocemos como las Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Una operación que se realizará mediante una salida a bolsa, con oferta de acciones para todo tipo de inversores, incluidos los particulares, como usted y yo.

Una OPV de un tamaño desconocido hasta la fecha en España porque puede ascender a nada menos que 10.000 millones, lo que la convertirá en la mayor privatización de la historia de España. Un volumen de dinero que expresa con contundencia lo esqueléticas que están las cuentas públicas. Y un botín que atrae a bancos de inversión y bufetes de abogados, los cuales se llevarán pingües comisiones por colocación y asesoramiento legal.

De momento, el Ministerio de Economía ha abierto el concurso para elegir a las firmas jurídicas que se van a encargar de hacer los farragosos trámites para que la CNMV autorice la operación, así como la transformación del ente estatal en una empresa cotizada. Un contrato cuyo importe se ha fijado en 975.000 euros y por el que se están peleando bufetes de primer nivel como Uría y Menéndez, Cuatrecasas y Garrigues.

¿Les parece mucho dinero o una cifra modesta? Pues ese cerca de millón de euros no ha contentado a varias de las grandes casas internacionales, que han decidido que con esa cantidad no pagan los honorarios de sus reputados letrados. Por ello han decidido no presentarse a este concurso, situación bastante extraña por tratarse de una de las que será sin ninguna duda tres mayores colocaciones de acciones de Europa. Entre los que se han asuntado en el mundillo de las togas se habla de Freshfields.

¿Por qué? La explicación de la espantada es que esos 975.000 euros es el máximo que pagará el Gobierno a los asesores legales, los cuales, para ganar la puja, deberán de presentar ofertas inferiores a ese volumen. Un caso inédito porque hasta la fecha ningún emisor había contratado bufetes mediante lo que se denominan subastas holandesas. Es decir, se queda con la operación el que menos cobre, como en las obras de construcción. Para que se hagan una idea de cómo está apretando el Gobierno de Zapatero, tengan en cuenta que en la pasada ampliación de capital de BBVA, que ascendió a 5.000 millones, los gastos por cuestiones legales, auditorias, publicidad e imprenta -así se denominan- se elevaron a 5,22  millones. 

Un ejemplo más de que el horno no está para bollos, que hay que ahorrar como sea y que hasta los grandes nombres de la patria -Uría, Cuatrecasas, Garrigues, etc...- tienen que bajarse un poquito los pantalones para seguir estando en la pomada.