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El informe español que ha causado estupor a Obama (I)
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José M. de la Viña

Apuntes de Enerconomía

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El informe español que ha causado estupor a Obama (I)

Se ve que la actualidad y las meigas se han confabulado para que no acabemos la serie sobre el Protocolo de Kyoto. de ehcho, no es la

Se ve que la actualidad y las meigas se han confabulado para que no acabemos la serie sobre el Protocolo de Kyoto. de ehcho, no es la única novedad. Hoy haremos una excepción a la costumbre de andar nuestro propio camino, de divulgar con argumentos propios. La razón está más que justificada: el considerable impacto mediático que un estudio español ha causado entre el público y los dirigentes de Estados Unidos.

 

Nos referimos a un informe realizado en inglés por la Universidad Juan Carlos I de Madrid titulado “Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources” que “demuestra” que cada empleo en energías renovables destruye 2,2 trabajos en el resto de la economía. Vamos a ver qué hay de cierto en ello.

El estudio completo, incluido Anexos, ocupa unas 52 páginas. El desarrollo y demostración de las afirmaciones clave que tanto revuelo han causado se recogen en el Capítulo Cuarto; el clímax del documento, por su parte, ocupa escasamente una página, en el que se llega a la misma conclusión por dos métodos aparentemente diferentes.

La misma conclusión por dos métodos distintos.

Así, el primer método, que aparece en el mencionado capítulo 4 titulado: I. Stock of capital per worker,  muestra la siguiente fórmula y realiza las afirmaciones siguientes:

“Therefore, for every green job that is attempted to be created, there is a 2.2 destruction of the resources that on average the private sector employs per worker.

 

Subdidy (sic) to renewables per worker        571,138

--------------------------------------------------------- = ----------------- = 2.2

Average capital per worker                          259,143

 

This is to say that for every renewable energy job that the State manages to finance, we can be confident that on average 2.2 jobs will be destroyed, to which we have to add those jobs that the non-subsidized investment would have created.” Es decir: por cada empleo verde que la Administración subsidia se destruyen 2,2 trabajos en el sector privado, aparte del coste de oportunidad para la generación de nuevos puestos de trabajo que tal contribución supone.

 

El segundo método, titulado II. The annual productivity of the expense, se formula a continuación, en la misma página, como sigue:

“Thus, on average, the subsidized green job destroys the resources required to have created 2.2 jobs in the economy.

  Annual subsidy to renewables per worker       55,946 

  ------------------------------------------------------------ = ------------- = 2.2

  Average productivity per worker                     25,332          

Nota: puntuación anglosajona: el punto separa los decimales y la coma los miles.

Consequently, through the use of both methods we have reached a similar conclusion: for every green job, we can be highly confident that 2.2 jobs are destroyed elsewhere in the economy, to which we have to add those jobs that the non-subsidized investment would have created.” En esencia, el mismo texto que hemos traducido con anterioridad.

Validez del Primer Método.

Un estudio científico debe justificar y demostrar en primer lugar la validez de la metodología y la formulación empleada; en segundo lugar debe asimismo ser capaz de valorar la bondad y el alcance de los datos utilizados. Ustedes mismos juzgarán si este trabajo lo hace. Por no hacer excesivamente extenso este post, hoy nos centraremos en su primera formulación, dejando para la semana que viene el análisis de la segunda.

 

La primera fórmula dice que el Estado paga 571.138 € en subsidios por cada  trabajador empleado, y que la media de capital empleado en el sector privado es de 259.143 €. Establece la discutible afirmación de que cualquier cantidad de dinero utilizada en subvención destruye empleo en el resto de la economía.

Sin embargo, ¿quién ha financiado el desarrollo de los satélites de telecomunicaciones de los que hoy se beneficia la industria privada y todos nosotros, los microondas –son radares-, la industria aeronáutica y aeroespacial, buena parte de la industria electrónica en sus inicios, el desarrollo de motores y turbinas, el Internet primigenio, o multitud de materiales y procesos?

Escarbando en la historia comprobarán que no ha sido la industria privada ni las fuerzas del mercado, sino los Estados, los que han financiado la innovación y muchas industrias emergentes. Lo han hecho, habitualmente, con cargo a los presupuestos de defensa o de investigación, con contratos privilegiados –pura subvención-, cuando no directamente, transfiriendo posteriormente toda esa tecnología, gratis, a las empresas, para, finalmente, poderla disfrutar nosotros.

Aplicando la susodicha fórmula a las industrias mencionadas, y alguna más, llegaríamos a la paradójica conclusión de que buena parte del desarrollo tecnológico del siglo XX ha destruido millones de puestos de trabajo en vez de haberlos creado, lo cual no parece que sea cierto.

El valor último de las subvenciones es social, o debería serlo.

Las subvenciones pueden, ciertamente, no crear empleos, incluso pueden llegar a destruirlos, como en la época de apuntalamiento indiscriminado de bancos y empresas mal gestionadas en que nos encontramos, que impiden que ese dinero vaya a sectores generadores de empleo estable y a la economía real, estrangulando financieramente a muchas buenas empresas; pero también pueden contribuir a crearlos abundantemente si son juiciosamente utilizados en los sectores adecuados, como ha pasado muchas veces, y como le podría pasar a España si tuviese, en vez de planes caciquiles, siempre con el horizonte puesto en las próximas elecciones, políticas de Estado industriales, educativas, energéticas y medioambientales, o de investigación y desarrollo, es decir: razonables, sensatas, coherentes, consensuadas y con un amplio horizonte temporal.

Yendo al límite, si empleamos 0 € en subvenciones, y aplicamos la fórmula anterior, destruiremos cero empleos (0/259.143 = 0 empleos destruidos). Podemos también llevar el razonamiento al absurdo afirmando que si el numerador es negativo, es decir, que es la instalación industrial la que subsidia al Estado -en forma de impuestos, tasas, licencias, etc.- crearemos empleo; como en el caso anterior, esto último tampoco es verdad si el dinero recaudado no es utilizado juiciosamente. En muchos países muy ricos en recursos naturales, petróleo o gas, no menciono nombres, no se refleja esa abundancia de ingresos del Estado en empleos para la población, sino que su mal reparto crea todavía más miseria y a menudo graves conflictos.

La fórmula propuesta, probablemente, no es más que una fórmula ideologizada de una determinada forma de pensar que establece que cualquier industria que haya recibido subvenciones destruirá empleos en la economía, afirmación que probablemente muchos economistas no compartirán. El estudio de marras en ningún caso demuestra en que basa su argumentación.

Una formulación o una teoría que no es de aplicación universal, demostrable, y aceptada por los científicos del ramo, con independencia de su ideología, no puede considerarse científica. Es verdad que muchas teorías hoy universalmente reconocidas han necesitado años e incluso siglos antes de ser aceptadas, pero no parece que sea este el caso.

Mientras que falla el denominador.

Respecto al denominador de la primera fórmula, no se pueden mezclar churras con merinas. Al utilizar el capital medio por trabajador empleado en España, sin ninguna discriminación, está metiendo en el mismo saco la inversión que se necesita para montar un bar, que el necesario para levantar una acerería integral o una fábrica de aluminio. Evidentemente, en el mundo de la energía, y de otras muchas industrias altamente sofisticadas, hacen falta inversiones muy elevadas, y por ello no vamos a dejar de hacerlas, porque necesitamos la energía y los productos que fabrican. Un país necesita bares, con una reducida inversión por empleado comparado con la generación eléctrica o la industria pesada. Pero no podemos gastarnos toda la inversión en ellos, como no podemos gastarla toda en generación eléctrica.

El estudio podría haber utilizado, en todo caso, datos referidos únicamente a los diferentes sistemas de generación eléctrica disponibles, que es con quien se deberían comparar las industrias renovables.

La próxima semana continuaremos. Discutiremos el segundo método y sacaremos conclusiones.

Se ve que la actualidad y las meigas se han confabulado para que no acabemos la serie sobre el Protocolo de Kyoto. de ehcho, no es la única novedad. Hoy haremos una excepción a la costumbre de andar nuestro propio camino, de divulgar con argumentos propios. La razón está más que justificada: el considerable impacto mediático que un estudio español ha causado entre el público y los dirigentes de Estados Unidos.