O reforma de las Administraciones Públicas o ¿rescate?

Es muy posible que lo haya pensado, pero también que no lo haya puesto en negro sobre blanco. ¿Sabe que si es usted un asalariado que en la tabla del IRPF alcanza el 52% de retención, durante 2012 trabajó para las arcas públicas desde el 1 de enero hasta el 7 de julio, San Fermín? Más de seis meses. ¿Y que si entra en el 40% trabajó para el Estado hasta el día 1 de mayo, festividad del Día del Trabajo? Más de 4 meses. Y, así, hasta el final de la tabla. Haga sus cálculos personales.

Pero no acaba todo aquí. Si a las retenciones le añade el IVA de los distintos productos y servicios que usted y su familia consumen, los impuestos locales, una  multa de tráfico que siempre cae y algún que otro sacacuartos añadido de las Administraciones, échele unos días más de trabajo para la comunidad hasta completar otros 30. Es la 'cuenta de la vieja', pero también es real como la vida misma.

Es posible que usted sea un buen ciudadano y considere que contribuir es un principio de solidaridad irrenunciable. Y es cierto, pero hay que ponerle freno a los impuestos. El Gobierno tiene la obligación de reformar el insoportable gasto de las Administraciones. El sector privado ha hecho su reforma con el dolor de muchos. ¿Por qué el Gobierno no toma el toro por los cuernos y comienza de una vez la absolutamente necesaria reforma de las Administraciones? No obstante, es cierto que Mariano Rajoy, el Reformista, está en ello. Tiene la oportunidad de pasar a la Historia como el presidente del Gobierno que puso en orden esta finca pública, manifiestamente mejorable. La idea le pone de los nervios, y él no termina de rematar.

Hay datos que hablan por sí solos, la evidencia es la evidencia y no se pueden cerrar los ojos ante ella. En 2012, la masa salarial bruta del conjunto de los empleados públicos nos costó la friolera de 122.926 millones de euros para una plantilla total de 2.917.200 personas. El esfuerzo de los españoles en IRPF e IVA en 2012 fue de 90.528 millones de euros y no dio ni para pagar los costes salariales de los empleados públicos. Desmoralizador. El esfuerzo recaudatorio de 18.151.700 españoles con trabajo sirve para poco. La realidad nos pone de los nervios a los contribuyentes.

En 2012, la masa salarial bruta del conjunto de los empleados públicos nos costó la friolera de 122.926 millones de euros para una plantilla total de 2.917.200 personasEs cierto que el actual Gobierno está haciendo esfuerzos en la reducción, pero no acaba de terminar la faena, que se alarga y se alarga. Desde 2010, la plantilla pública ha pasado de 3.168.000 millones a 2.917.000 funcionarios; los costes, de 104.833 millones de euros a los ya apuntados 90.528. No es suficiente.

Vaya por delante que este artículo no entra en el topicazo de si los empleados públicos trabajan mucho, poco, son útiles o no. Quede claro que son necesarios y trabajan como el que más, pero racionalizar y adaptar las plantillas a las circunstancias es necesario y beneficioso para todos. Otros ya lo han hecho o lo están haciendo.

Es igualmente razonable comenzar el adelgazamiento por las subvenciones innecesarias en esta coyuntura económica: partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG… y reducir el número de políticos. Pero, aun así, estas medidas no son suficientes y requieren tomar decisiones sobre el grueso de los empleados públicos. Y rápido, porque la deuda se descontrola y, salvado el primer rescate, esta puede ser la razón de que llegue la segunda amenaza.

Y ello es posible. Hay campo de actuación para reducir. De los 2,9 millones de asalariados públicos, 517.000 pertenecen a la Administración central. Las autonomías dan empleo a 1,6 millones largos de funcionarios. El número es abultadísimo y las duplicidades están a la orden del día. Si sumamos los ayuntamientos, en los que empleamos a 572.700 personas, alcanzamos  2,2 millones de empleados públicos en las Administraciones locales. Y las empresas e instituciones públicas aportan 163.000 más.

Como referencia: en Alemania bastan 400.000 funcionarios en su Administración central para gestionar 80 millones de almas. Como anécdota: mientras todos los estamentos hacen esfuerzos por reducir su personal, las diputaciones y cabildos (¿tienen hoy sentido?) incrementan sus asalariados de 74.265 a 76.679, un despropósito al que no queda otro remedio que meterle mano y buscarle soluciones. ¿Cuáles?

Una verdadera reforma pasaría por una reducción drástica del coste: ¿un 25%?, ¿un 30%?... Se puede pensar en congelar las tasas de reposición (no cubrir las bajas), lo que supondría un promedio de 100.000 empleados públicos menos cada año. Pero no es suficiente porque los ingresos no parecen recuperarse, como hemos visto, y los niveles de endeudamiento seguirán creciendo. No hay tiempo. Hay que acelerar. Esta situación nos puede llevar a la ruina. El rescate puede estar llamando a la puerta.

*Juan Astorqui, Comunicación Corporativa y Financiera Burson-Marsteller