Claro que podemos

¡Ah, aquellos pícaros...!

'¿Qué vergüenza le pueden quitar o dar a quien para hurtar no la tiene...?'

Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache (vía @almudenasm_)

Ha trascendido estos días una información en El Mundo que señala que Íñigo Errejón, doctor en Ciencias Políticas y actual número dos de Podemos, ha estado cobrando 1.825 euros mensuales por su trabajo como contratado en un proyecto de investigación de la Universidad de Málaga. Quede por delante que, a la vista de lo que he podido analizar, la situación no reviste ninguna ilegalidad aparente, y en todo caso no soy quién para dictaminar sobre tal cuestión. Quiero sin embargo aprovechar la polémica creada para centrar la cuestión en lo que sí considero un escándalo, cual es la situación de la investigación aplicada en España, y la forma torticera en la que se aprovechan los fondos para financiar de forma extraordinaria situaciones personales que, cuando menos, parecen discutibles.

La Junta de Andalucía ha dedicado al menos 22,75 millones de euros a proyectos de investigación, desarrollo e innovación procedentes de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En la última convocatoria, se han presentado 151 proyectos de universidades andaluzas para un total licitado de 2,42 millones de euros. Siendo yo profesor universitario, entenderá el lector que no sea especialmente beligerante con las convocatorias públicas de investigación básica, que en una situación de restricción de fondos privados como la actual pueden suponer la única vía de progreso científico. Sí lo soy, en cambio, con el sistema de financiación pública de la denominada investigación aplicada, algo que por otro lado me afecta directamente.

La razón es doble. Por un lado, no me cabe ninguna duda de que es el mercado quien mejor puede decidir qué debe ser objeto de financiación y qué no. Los planes de inversión pública en investigación de “sectores estratégicos”, calificación esta que siempre es tan pomposa en su forma como oscura en sus intenciones, no han supuesto más que un gasto improductivo que no se ha materializado más que en el progreso personal de quienes los han aprovechado, y nunca de la sociedad que los financia. Pensemos, por ejemplo, en los siguientes proyectos de investigación, aprobados en la última convocatoria de Proyectos de I+D+i 2011-2014 de la Junta de Andalucía, acompañados de su respectiva dotación económica, IVA incluido:

• Movilidad Sostenible en Andalucía: Práctica y Discurso en el uso de la Bicicleta, 358.841,59€;
• Barrios en transición, 112.918,38€;
• Kers-Bike (ECO-BICI), 302.341,49€;
• Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas prácticas, 221.641,99€;
• El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible, 298.657,51€;
• Bicicleta TP: Metodología para la evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta transporte público en aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla, 130.972,82€;
• O el que ha hecho saltar las alarmas, el ya famoso “La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda”, dotado con 284.604,10€.

Todos los proyectos citados son sólo algunos de los 32 que han obtenido mayor puntuación en el baremo oficial de la Junta, de acuerdo con el ranking de evaluaciones del concurso GGI3001IDI0 disponible aquí. Evidentemente, la selección es sesgada, no aleatoria, basada exclusivamente en el título y por tanto desprovista de cualquier evaluación científica por mi parte. Evaluación que los especialistas de la Junta de Andalucía llevaron a cabo y que en absoluto voy a poner en duda, ni en cuanto al baremo, ni en cuanto a la calidad de los trabajos presentados, ni en cuanto al CV de los equipos de investigación, ni en cuanto a ninguna otra cuestión distinta de la oportunidad. Esa es la que, como contribuyente, me preocupa.

En un momento de emergencia económica como la actual, donde a pesar de las tibias mejoras que se observan en las grandes magnitudes económicas el paro sigue afectando a casi uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar, donde se han efectuado recortes que han afectado a cuestiones que son consideradas como muy sensibles por los ciudadanos (como son las ayudas a la dependencia, la sanidad y la educación), resulta cuando menos discutible la asignación de recursos que nuestros próceres llevan a cabo.

Por supuesto, soy perfectamente consciente de las limitaciones que la asignación presupuestaria supone. Pero también soy consciente que las cosas se pueden, y se deben, cambiar. No parece una correcta asignación de recursos el que cambia proyectos de investigación básica en oncología, como por ejemplo el del Hospital Clínico de Barcelona (cuyo sistema de ayuda a enfermos de cáncer de mama para averiguar si se ha extendido el tumor ha tenido que echar el cierre a falta de 60.000 euros para su finalización) por otro de investigación aplicada como el de la Kers-Bike (de la que, insisto, no dudo de su importancia), que se lleva más de 300.000.

No parece tampoco una correcta asignación de recursos que el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Barcelona tenga que recurrir al crowdfunding (ahora, además, penalizado fiscalmente gracias a una de las últimas ocurrencias recaudatorias del ministro Montoro) para conseguir 5.000 euros, logre de ese modo 10.000 y aun así estén a falta de otros 90.000 para finalizar su proyecto de estudio de una proteína de la enfermedad de Parkinson mientras el proyecto “Barrios en transición” haya logrado un 25% más (112.000 euros largos) en la convocatoria anteriormente citada.

Insisto, una vez más. No se trata de dudar de la calidad de los proyectos presentados, seguramente alta, quizá incluso muy elevada. Se trata de dudar, como contribuyente, de la asignación que de mis impuestos efectúan las Administraciones Públicas. Se puede alegar que los fondos provienen de Europa, del FEDER. ¿Y de dónde si no salen los fondos del FEDER? Porque del aire no salen, no. No es precisamente maná cayendo del cielo, el último recurso gratuito del que dispuso la raza humana. No, evidentemente. Provienen de los impuestos. Y no sólo de los nuestros, sino de los denostados contribuyentes alemanes, holandeses, finlandeses, centroeuropeos malignos que pretenden cobrar lo que les debemos mientras aquí grupos como el del Dr. Errejón, que gastan a espuertas esos ahorros (los nuestros y los de los europeos) piden auditar deuda, declarar odiosa una parte y plantar cara al Banco Central Europeo (que, obviamente, tiembla).

E insisto, no dudo tampoco de la absoluta legalidad del contrato que firmó el citado investigador. Ni siquiera pretendo alimentar la duda acerca de relación entre el director del equipo de investigación, el Dr. Montero Soler, miembro de la ejecutiva de Podemos y Vicepresidente de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), y el Dr. Errejón, actual número dos de la formación liderada por Pablo Iglesias y vocal de la misma Fundación. Nada más lejos.

Sí pretendo, en cambio, dudar de la asignación de unos fondos a un proyecto en el que el director del equipo es profesor colaborador, no ya catedrático de universidad ni siquiera titular o contratado doctor de la Universidad de Málaga; de la asignación de 284.604,10 euros a un proyecto (el del citado equipo) en el que 215.634, 10 euros (el 75%) se destina a gastos de personal, entre otras a la retribución (sin duda merecida) de 1.825 euros mensuales del Dr. Errejón; por cierto, si esta es la cantidad estipulada para un investigador contratado, no quiero imaginar (ni he podido encontrar) la cantidad que cobrará el director del equipo.

Tampoco me cabe duda que quienes se están significando con más virulencia, no exenta de razón, contra la falta de transparencia de los políticos de la casta harán el necesario ejercicio de presentación en foro de las retribuciones que perciben procedentes del erario público. Estoy completamente seguro de que así será.

Todo el mundo tiene derecho a la adecuada contraprestación por el trabajo que realiza, fijada libremente por las partes; nadie puede dudarlo. Me surgen muchas dudas en cambio de que la estipulación de la contraprestación monetaria no esté debidamente justificada en la memoria económica, y quede disimulada entre las de todos los intervinientes en el epígrafe “Personal”, que salvando las distancias es casi tan opaco como la cuenta de quebrantos de alguna entidad financiera. Me surgen también dudas de que lo hagan a costa del contribuyente.

Y sí exijo que, cuando se manifiesten ambos contra los recortes en sanidad, educación, dependencia, cuando exijan la auditoría de la deuda, presenten en sus círculos (no me refiero aquí a los de sus amistades precisamente) las fuentes concretas de financiación de sus actividades investigadoras; y que sometan a votación en esas asambleas, como todos esperamos de esa democracia directa, sin trampa ni cartón, qué prefieren. Si destinar 90.000 euros a la investigación en el párkinson o 285.000 al análisis de la desmercantilización de la vivienda en Andalucía. Si despedir a 40 profesores asociados de las universidades públicas o utilizar su sueldo para estudiar la práctica y el discurso de la bicicleta. Así, claro que podemos.