Apología de la libertad

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”.

M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

9 de diciembre de 2014. La policía sueca tumba los servidores de The Pirate Bay, el mayor tracker de BitTorrent a nivel mundial. Casi al mismo tiempo, un juez español ordena el cese cautelar de la plataforma Uber en España, menos de 24 horas después de que un colega holandés hiciera lo propio. Sólo 24 h más tarde, Google News, el agregador de noticias de la empresa de Mountain View, anuncia que cesará su actividad en España el 16 de diciembre antes de la entrada en vigor de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy que obliga a pagar a quien referencie publicación alguna, la famosa tasa Google.

Si bien son situaciones diferentes, los tres casos citados y prohibidos comparten una característica común: sirven a una demanda solicitada por los usuarios, a precios competitivos (cuando no inexistentes) y ofenden a un colectivo menor en número que defiende con ardor lo que considera que es suyo.

Con el cierre de The Pirate Bay la justicia sueca pretende proteger los derechos de autor, pues considera, no sin razón, que los servidores alojan material sin la necesaria autorización de los autores del copyright. Más allá de la disputa legal acerca de la violación o no de las leyes de copyright por una empresa sueca (cosa que hasta ahora no se discutía), y que en absoluto es objeto de este post, la cuestión a dirimir es si The Pirate Bay sólo alojaba material presuntamente ilegal, y no además una buena cantidad de archivos legales compartidos por sus propietarios con renuncia expresa de su propiedad intelectual. Al cerrar los servidores, la justicia sueca impide que todos los potenciales beneficiarios de una plataforma de distribución de contenidos se vean condenados al ostracismo. Es cerrar El Corte Inglés porque se detecte que en su parking alguien esté trapicheando con droga. Es ridículo.

“Descarguémonos gratis su Retorno al patrón oro”, me gritaban en Twitter; curiosamente se trataba de un trader, alguien que hace menos de 25 años no podía operar en el mercado de valores sin la licencia correspondiente de Agente de Cambio y Bolsa, y que hoy en cambio actúa libremente desde su casa gracias a la liberalización de un sector y al auge de la tecnología. Ganando merecidamente su dinero, y sin pagar un solo euro de royalties al Estado, por su actividad de intermediación, ni por supuesto al ejército de los EEUU, por el uso de internet.

El desarrollo tecnológico es el que ha permitido el espectacular despegue de Uber, la empresa dedicada a poner en contacto usuarios necesitados de transporte y conductores necesitados de actividad. Empleo, en definitiva. Eso de lo que precisamente andamos tan escasos. Alguien pensará que ese servicio ya lo proporciona el sector del taxi, y desde luego que lo hace, en forma muy profesional en la mayor parte de los casos. No siempre, cierto es, y eso lo sabe cualquiera que viva a menos de 10 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid. Entonces, la aventura de volver a casa deja en juego de niños la destrucción de la Estrella de la Muerte en la Guerra de las Galaxias. En todo caso, que ese servicio ya exista no impide que alguien pueda querer uno alternativo. Si además el precio es sustancialmente menor, al no estar sometido el nuevo proveedor a costes disparatados que soporta el antiguo, el usuario gana. Viajar al aeropuerto deja de convertirse en una pesadilla, y por menos de 10 € pasa a ser un sueño.

“Es competencia desleal”, señalan algunos; “no tienen licencia para transportar pasajeros”, alegan otros. “Es una actividad ilegal”, claman todos. Las leyes evolucionan con la sociedad, y en ningún caso discuto la legalidad; discuto la ética del monopolio. En un momento en el que el paro afecta a uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar, impedir efectuar una actividad sencilla y sin riesgo para la salud pública amparándose en tecnicismos raya la inmoralidad.

Y, si como ocurre, el taxista ha pagado una barbaridad por una licencia que le asegura ese monopolio, mediante la cual puede contratar empleados para que el taxi trabaje 24h al día durante seis días de la semana, o mediante la cual puede efectuar transporte de paquetes y documentos cual empresa de mensajería (ahí no hablan de intrusismo, claro), lo que necesitamos es primero arbitrar una solución para ese colectivo, que en ningún caso puede pasar por la prohibición. Los usuarios del transporte gestionado por terceros somos mayores de edad para saber si nos merece la pena acudir en taxi o en Uber a nuestro destino. No necesitamos del Estado para regular, aún más y siempre por nuestro bien, nuestra actividad diaria.

Google da trabajo. Aporta valor añadido. Permite al usuario de su servicio de noticias acceder a plataformas locales a las que de otro modo jamás accedería. Genera tráfico hacia ellas. Y ese tráfico que genera es dinero para la cabecera. No lo entienden así los editores del papel, que siguen pensando que internet es un quiosco más en el que no ganan dinero. Editores que siguen levantándose con Gutemberg y que no han entendido, posiblemente por una cuestión de barrera cultural, que la venta del periódico como tal se ha acabado. Que la gente quiere noticias, no el periódico. Y que acabaremos pagando por ellas y por los columnistas, y no por la sección de anuncios ni por, al menos yo, los problemas de suministro de agua de Valdelucillos del Pinar. Pero siguen protegiendo como sagrado un bosque que hace tiempo dejó de ser el de Sherwood.

Nada nuevo bajo el sol. La libertad lleva siendo atacada desde que el individuo actúa en sociedad. Recuerdo a continuación un pasaje de Economía en una lección (libro de 1946 que todo estudiante de Economía y Administración de Empresas debería leer si sólo hubiese que escoger uno, y que puede descargarse gratis aquí en versión traducida por Adolfo Rivero gracias a la labor de www.hacer.org) de Henry Hazlitt (curiosamente editor que fue del New York Times en una época en la que desde sus páginas se defendía la prudencia y la racionalidad frente al gasto desmedido de los Gobiernos, como desgraciadamente propugna hoy alguno de sus columnistas estrella).

En la ciudad de Nueva York se llegó a prohibir la instalación de equipo eléctrico que estuviese fabricado fuera del Estado, a menos que se desmontase y volviese a montar en la misma obra. En Houston, Texas, los fontaneros titulados y el sindicato acordaron que la tubería prefabricada para la instalación sería colocada por los obreros de la unión sindical sólo en el caso de que se suprimiera uno de los extremos roscados, para ser roscada nuevamente en la obra. Varias delegaciones locales del sindicato de pintores impusieron restricciones al uso de pistolas para pintar, en muchos casos destinadas meramente a proporcionar trabajo, aun a cambio de exigir el más lento proceso de aplicar la pintura a brocha. Una delegación local del sindicato de transportes exigía que cada camión que entrase en la zona metropolitana de Nueva York llevase un conductor local, además del propio conductor del vehículo. En varias ciudades, el sindicato de electricistas requería la presencia de un operario en cualquier construcción donde se precisase temporalmente de luz o energía, no siéndole permitido realizar trabajo alguno de montaje.

Por supuesto, en menos de 24 horas The Pirate Bay volvió a abrir con dominio de Costa Rica. Uber sigue operando allí donde operaba, con al menos un usuario adicional con el que no contaban. Y la prensa implorará la vuelta de Google News, tal y como hizo la alemana Axel Springer tras perder el 80% de su tráfico; es sólo cuestión de tiempo.

Quizá deberíamos plantearnos por qué todos estos problemas surgen para proteger a grupos de presión (el de gestores de copyright, el de taxistas, el de la prensa escrita, el de quienes alquilan sus viviendas e impiden la actividad a AirBnb, y tantos otros) en contra del usuario, en contra del cliente, en contra del contribuyente, por parte de quien más obligado está de defenderle, por la capacidad que él mismo se ha arrogado: el Estado.