El caballero blanco del nuevo modelo concesional y la dama velada de Hacienda

Muchos pensaron, y no pocos lo siguen haciendo, que la legislatura estaba del todo finiquitada cuando el 19 de junio pasado el fontanero mayor del Reino, Jaime Pérez Renovales, recibió el salvoconducto de la ‘triple S’ otorgada por Soraya Sáenz de Santamaría para salir por piernas del Palacio de la Moncloa. El hombre encargado de ordenar jurídicamente las grandes reformas institucionales del Estado, incluyendo la abdicación de Don Juan Carlos y consiguiente proclamación de Felipe VI, estaba como loco por volverse al Banco Santander, donde Ana Botín le ha recibido con los brazos abiertos, concediéndole un puesto de relumbrón que aúna la responsabilidad de secretario del consejo con el cargo de primer lugarteniente del staff corporativo en calidad de jefe de Recursos Humanos, Organización y Costes.

La dimisión, no por esperada menos sorprendente, ha despertado un efecto de mimetismo, acompañada de cierta pelusa, en otros muchos altos cargos que andan buscándose la vida antes de que sea demasiado tarde. La angustia se manifiesta con especial zozobra en el Ministerio de Economía, donde Luis de Guindos ha tratado, con mayor o menor fortuna, de colocar a los suyos al tiempo que anunciaba a los cuatro vientos su deseo de abandonar toda responsabilidad en un futuro Gobierno. Curiosamente, en el departamento de enfrente, esto es en el Ministerio de Hacienda, la posición es justamente la contraria y los principales colaboradores de Cristóbal Montoro han cerrado filas con su ministro para sacar fuerzas de flaqueza en estos momentos cumbres del mandato y apurar un sprint final que les permita cruzar la meta con la cabeza bien alta.

Pilar Platero ha sido la 'pareja de hecho' de Jaime Pérez Renovales en todo el proceso de reforma y ajuste interno de la Administración Pública

Al margen de los Presupuestos del Estado, que llegarán al Congreso este martes, quedan todavía algunas reformas pendientes, quizá no tan espectaculares como las de todos sabidas, pero no menos estructurales y trascendentes en el proceso de transformación que necesita España para poder llamar de tú a sus vecinos y competidores europeos. Entre las leyes que están recibiendo ahora los últimos hervores figura el complejo desarrollo normativo de la contratación pública y de los llamados sectores específicos del agua, energía, transportes y servicios postales. Una cuestión nada baladí de la que dependen la igualdad de oportunidades económicas, la libre competencia y si se apura la lucha contra esa lacra de la corrupción, metabolizada en los últimos años como una forma de vida natural dentro del singular mundo de los negocios en nuestro país.

La transposición de las directivas comunitarias en materia tan sensible constituye una vasta y profunda ‘operación limpieza’ de las relaciones que la Administración del Estado mantiene con los diferentes agentes económicos. Al frente de esta depuración institucional está la subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero, la antigua 'pareja de hecho' del ahora abogado general del Banco Santander a lo largo de todo el proceso de reforma del sector público llevado a cabo por el Partido Popular estos últimos años. Pérez Renovales se ha llevado la gloria en su currículum pero una parte importante del trabajo ha quedado ahora en manos de la nueva capitana en la sombra de ese órgano colegiado del Gobierno que se reúne todos los miércoles para preparar la agenda del Consejo de Ministros que preside Rajoy.

Enmienda a la Ley de Régimen Jurídico

La Comisión de Subsecretarios ha presentado al Gobierno para una primera lectura los anteproyectos de ley que definen el futuro modelo de contratación pública. La tarea deberá ser rematada en la próxima legislatura, pero el desarrollo sustantivo de las directrices europeas y su obligada incorporación al ordenamiento mercantil ha quedado atado y bien atado. Es más, algunas cuestiones prioritarias como la célebre Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) han sido enganchadas a otros trenes legislativos en marcha a fin de garantizar su inmediata entrada en vigor. El objetivo es coser con hilo de seda el saco roto de las concesiones administrativas; una tómbola donde siempre toca porque los beneficiarios sólo están para llevarse las ganancias fáciles o echar las culpas de su mala cabeza al empedrado de Hacienda, reclamando la consabida indemnización, incluido el lucro cesante.

Los fiascos del Castor, las autopistas de peaje, el AVE de los Pirineos y demás episodios nacionales de raigambre florentina y alambicadas consecuencias para el erario público han dejado un tufo apestoso que pone de manifiesto cómo se han venido haciendo muchos de los grandes negocios en España. Así se las ponían a Fernando VII que diría el clásico, pero las enseñanzas de la crisis han abierto los ojos al Gobierno y a partir de ahora se ha acabado lo que se daba. Los adjudicatarios de las concesiones públicas tendrán que incorporar a sus estrategias corporativas la contingencia de eso que se conoce como riesgo empresarial, asumiendo que pueden perder hasta la camisa y con la única esperanza de recuperar parte de la inversión en el ulterior proceso de licitación de aquellos proyectos revertidos al Estado.

El Gobierno dará una segunda oportunidad a los concesionarios fracasados para que puedan recuperar sus proyectos originales en un nueva licitación pública

A tal efecto, como señal de buena voluntad, el Partido Popular acaba de introducir una enmienda al proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, y en la que entre otros aspectos del nuevo régimen se instaura la figura del ‘caballero blanco’. La aparición en escena de tan solemne invitado es fruto del consenso con las grandes constructoras y su misión consiste en salvar los muebles de las faraónicas obras derribadas por el huracán de la crisis. Este ‘amigo de los pobres’ en versión institucional viene a ser un remedo del que ya existe en el mundo bursátil y que siempre terminaba apareciendo en los viejos tiempos del capitalismo salvaje cada vez que se planteaba una guerra de opas en el seno de una sociedad cotizada.

Hacienda ha previsto que los viejos socios concesionarios puedan acceder a los futuros concursos de sus proyectos fallidos siempre que formulen una oferta mínima del 50% del precio de salida. La opción sólo será efectiva en una segunda licitación, una vez desierta la primera, y se hará extensiva a los acreedores titulares de, al menos, un 5% del pasivo exigible. El Gobierno ofrece un ‘dulce’ para asegurar el interés de un modelo concesional construido como santo y seña de la proyección empresarial en los mercados internacionales. La Marca España seguirá protegida como no puede ser de otra forma, pero dejará de ser utilizada como salvoconducto para que algunos aprovechados viajen de gañote por esos mundos de Dios con las rentas bien amasadas dentro del país y el pasaporte de un Estado siempre dispuesto a salir en auxilio del vencedor.