Covid-19: la estrategia de salida

Hoy se cumple un mes desde la declaración del estado de alarma en España. Un mes lleva en vigor el Real Decreto 463/2020 que suspendió toda actividad no esencial y confinó a los ciudadanos en sus casas para frenar los contagios del Covid-19.

Desde entonces, han ocurrido muchas cosas. La más importante es que, a pesar del insoportable número de fallecidos, el ritmo de avance de la epidemia parece estar conteniéndose en nuestro país. Y, sin ninguna duda, esa debe seguir siendo la prioridad.

La contención, sin embargo, se está consiguiendo en un entorno de 'excepcionalidad': excepcionalidad en nuestras vidas, en nuestras libertades, en nuestras relaciones y —en lo que interesa para este articulo— en nuestra economía. Las medidas de confinamiento y paralización de la actividad que se han adoptado son extraordinarias y necesarias, pero tienen un efecto devastador sobre la actividad económica y el empleo. Y, por tanto, sobre las vidas de los ciudadanos. Para minimizar ese coste, reducir la destrucción del tejido económico y evitar que la crisis se cronifique y extienda sus efectos en el medio y largo plazo, los gobiernos de todo el mundo —y también el de España— han puesto en marcha medidas económicas también excepcionales. Sin embargo, el verdadero reto ahora es mantener la contención de la pandemia en un entorno de mayor normalidad, la mayor posible, hasta que se encuentren tratamientos eficaces o contemos con una inmunidad suficiente o con una vacuna.

Por ello, a medida que se 'dobla la curva' de nuevos casos, es necesario diseñar una estrategia de salida, una estrategia que nos permita volver —en lo económico— a una situación lo más parecida a la que teníamos antes del Covid-19. Y ello, aunque muchas cosas cambien —como sucederá— de forma definitiva.

Esa estrategia de salida debe tener en cuenta cuatro elementos imprescindibles. El primero, que la vuelta a la normalidad y, por tanto, la recuperación será gradual. El ritmo lo marcará la velocidad a la que se puedan levantar las restricciones a la actividad, y es muy probable que este sea más lento para el sector servicios que para el industrial.

El segundo elemento es la necesidad de que los gobiernos doten las empresas y a los trabajadores de la mayor certidumbre posible, para que puedan tomar sus decisiones en un entorno de volatilidad e incertidumbre muy difícil de valorar por ellos mismos. Reducir esta incertidumbre requiere, por ejemplo, generar confianza en que las medidas que se adopten para levantar paulatinamente las restricciones están bien fundadas; pero también, otro ejemplo, que se den todas las facilidades posibles para retomar la actividad y recuperar el empleo, diseñando y aprobando esas medidas lo antes posible para que las empresas y los consumidores puedan incorporarlas a su proceso de toma de decisiones. Tan negativo es no tomar medidas como hacerlo demasiado tarde.

El tercer elemento es que la política monetaria opere plenamente para garantizar la financiación y la estabilidad financiera necesarias.

Y, por último, el cuarto elemento es que, para promover una recuperación rápida, será necesaria una política fiscal que impulse temporalmente la demanda y que ayude a crear las condiciones para recuperar la oferta y la estructura productiva lo más rápidamente posible. Y ello habrá de hacerse, en el caso de España, miembro de la unión monetaria, actuando tanto a nivel nacional como europeo.

El impulso fiscal debe abordarse a nivel europeo por un doble motivo. Por un lado, la interrelación de nuestras economías es tal que la recuperación de cada uno de nuestros países requiere de la recuperación de todos los demás. En este sentido, el diseño de un impulso fiscal coherente y suficiente es condición necesaria para evitar distorsiones en el mercado interior que podrían, incluso, acentuar la crisis; para evitar duplicidades o contradicciones en el uso de los recursos y para asegurar que el esfuerzo es suficiente, no excesivo y temporal. Por otro lado, el impacto de la epidemia no será igual en todos los Estados miembros y dependerá, sobre todo, de la estructura productiva de cada uno, más que de su capacidad para impulsar la recuperación. Por ello, la utilización de la potencia fiscal de la Unión en su conjunto para financiar y favorecer así la recuperación de todos es una herramienta imprescindible. O, dicho de otra forma, la imposibilidad de devaluar en una unión monetaria exige que contemos con un instrumento federal para compensar los 'shocks' asimétricos.

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En la Unión Europea, hoy en día, no contamos con ese instrumento. Y, por tanto, debemos buscar alguna solución alternativa hasta que podamos abordar ese debate con serenidad.

Precisamente en esta línea, la semana pasada, el Eurogrupo, tras acordar financiar solo de forma muy limitada las políticas fiscales nacionales relacionadas con la epidemia, subrayó la necesidad de llevar a cabo un impulso fiscal extraordinario para relanzar la economía europea en su conjunto y especialmente la de los Estados más afectados. Y, para ello, acordó ponerse a trabajar en un “fondo de recuperación” temporal, suficiente y bien enfocado.

Como siempre, el lenguaje de estos comunicados está sujeto a interpretación. Pero, en esta ocasión —y quizá por primera vez en el Eurogrupo—, las palabras pueden dar a entender la disposición de sus miembros a crear un instrumento de gasto decidido a nivel europeo, sin un reparto territorial previo y con un alcance limitado a esta crisis que se financie no solo con aportaciones directas de los Estados miembros sino con formas innovadoras. Una posible interpretación de las intenciones del Eurogrupo, que podría ser compatible con los tratados, es que un gasto extraordinario que se enmarque en el Presupuesto europeo pueda financiarse de forma excepcional mediante la emisión de deuda respaldada por los Estados, a través de un fondo 'ad hoc'. Si esto termina siendo así, estaríamos ante el embrión de una verdadera política fiscal europea y ante un avance muy significativo en el proceso de integración.

Sin embargo, haríamos mal en entender esto como una mutualización de la deuda. Lo que verdaderamente se mutualiza colectivamente —se acuerda— es la decisión de gasto. Una vez de acuerdo en qué gastar, es más sencillo acordar cómo financiar ese gasto. Lo que es más difícil es que cada uno decida su gasto a nivel nacional —sin ningún tipo de coordinación— y que la factura se pague entre todos.

Por otro lado, un esquema de este tipo, que exige acordar un gasto a nivel europeo, debe tener suficientemente en cuenta el impacto diferencial de la crisis, en función de las características propias de cada país y de cada estructura económica, y centrar el gasto en aquellas políticas que garantizan la recuperación. De nada sirve que los fondos europeos me permitan construir más infraestructuras si el verdadero problema es hacer frente a las prestaciones por desempleo porque, por ejemplo, el sector turístico ha perdido la temporada completa. El próximo paso lo dará el Consejo Europeo el 23 de abril. Estaremos muy atentos.

No me gustaría concluir sin señalar que la estrategia de salida que los Estados miembros debemos diseñar conjuntamente no acaba aquí. Al menos, debemos actuar en otros dos frentes. El primero, el levantamiento, lo antes posible, de las excepciones introducidas en el mercado interior y en las ayudas de Estado. Y el segundo, el diseño de las sendas de consolidación fiscal futuras, de forma que estas tengan en cuenta de forma realista la 'excepcionalidad' de una parte del gasto. Estas cuestiones las abordaremos en otra ocasión.