¿Qué hacer en una crisis energética?

Los Gobiernos y la Comisión Europea diseñan planes para mitigar los efectos de la crisis en Irán. Hoy, la Reserva Federal presentará sus proyecciones para la economía estadounidense y, mañana, el BCE hará lo mismo para la eurozona. Salvo Casandra, princesa troyana que tenía el don de la profecía, todos los seres humanos —los economistas también somos humanos— nos equivocamos al anticipar qué sucederá en el futuro. Cuando sucede algo imprevisto, como un bombardeo sobre Irán y su Gobierno declara la guerra a Israel y a los países árabes del golfo Pérsico, y eso aumenta la volatilidad de los precios del gas y del petróleo y el desorden, el margen de error de cualquier previsión aumenta de manera entrópica.

Aun así, las familias, las empresas, los Gobiernos y los bancos centrales tienen que tomar decisiones hoy, teniendo en cuenta el impacto de la guerra en los próximos meses, y es necesario pensar escenarios, a sabiendas de que te vas a equivocar. Yo he dedicado muchos años de mi vida a hacer esos escenarios, y mi respeto y solidaridad con mis colegas que tienen que hacerlos. Lo más complicado es anticipar el impacto sobre la inflación, y eso va a determinar la política monetaria. Por eso es clave ver qué escenarios aprueban hoy el Consejo de la Fed y, mañana, el del BCE. El aumento de la inflación empobrecerá a las familias, reducirá su consumo y aumentará los costes de las empresas, reduciendo la rentabilidad, la inversión y la creación de empleo.

La macroeconomía es una rama de la economía con menos de un siglo de vida, pero desde 1973 tenemos varios precedentes de crisis energéticas, y los economistas hemos evaluado qué políticas funcionaron mejor y cuáles tuvieron efectos desastrosos. En los países comunistas enseñaban en las facultades de economía que su curva de demanda de empleo era totalmente elástica, que no había paro y que su curva de oferta agregada de bienes y servicios también era extremadamente elástica y no había inflación. Hoy, por las crisis de Venezuela desde 2015 y la de Cuba desde 1991, la realidad ha demostrado que esos postulados teóricos eran falsos.

El mayor error del comunismo fue sacar a los empresarios del sistema económico y eliminar las señales de escasez de los precios. Lo increíble es que, 35 años después de caer el muro de Berlín, siga habiendo ministros comunistas en el Gobierno de España que aún no se han enterado. Los sapiens llevamos unos cuatro millones de años en el planeta y unos 2.000 años en España en asentamientos urbanos. La civilización occidental comenzó con el comercio: había humanos que querían vender bienes, otros que querían comprar, y se tenían que poner de acuerdo en el precio. Primero empezó con el trueque; el dinero llegó después, el capitalismo mucho después y los economistas aún más tarde.

Opinión

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Desde hace miles de años, los precios son un indicador de escasez, y ahora los precios del petróleo suben porque hay escasez al cerrarse el estrecho de Ormuz, y no porque haya malvados empresarios que quieren alienar a los trabajadores, como dicen los comunistas. Los empresarios son los mismos que vendían el petróleo hace un mes a 60 dólares el barril y la gasolina a 1,4 euros por litro. Intervenir los precios de la gasolina en España no evitará que tengamos que comprar el petróleo y el gas más caros. La fiebre es una reacción del cuerpo humano que indica que hay una infección; la clave es curar la infección, no manipular el termómetro para creerte que ya no la tienes.

El mismo error que quieren cometer los comunistas ahora y en la crisis de 2022 es el que cometió el equipo económico del franquismo en 1973. Israel invadió sus países limítrofes, la OPEP restringió la oferta y el precio del petróleo subió con fuerza. Franco estaba ya enfermo, había tensión social y asumieron que la crisis del petróleo sería transitoria, por lo que decidieron no subir el precio de la gasolina. Los españoles mantuvieron su nivel de consumo, el Estado asumió todo el coste de la crisis energética y provocó una crisis fiscal y de deuda pública. Una vez, en una conferencia a la que asistí siendo estudiante, Carlos Solchaga dijo que la política económica necesita una dosis de suerte. Hay variables que no controlas y, si sube el precio de los combustibles fósiles que necesitas importar para el 75% del consumo de energía en España, sabes que la situación económica de los españoles va a empeorar. Pero cometer errores como hizo el Gobierno franquista en 1973 provocó que la tasa de paro subiera al 25% y la inflación al 30% años después.

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Otro error histórico lo cometió el Gobierno socialista francés de Mitterrand en la crisis energética de 1979. Irán entró en guerra con Irak y cortaron el tráfico en el estrecho de Ormuz, similar a lo que sucede hoy, pero la guerra duró muchos meses. En Francia anunciaron un fuerte aumento del gasto público, mal llamado keynesiano, que provocó mayor crecimiento económico, mayor demanda de petróleo y mayor inflación. Aquello provocó una crisis de deuda pública y tuvieron que aplicar un plan de ajuste fiscal un año después. Cuando un ser humano tiene una infección y le sube la fiebre, el médico le recomienda reposo, no salir a hacer deporte. Keynes recomendó, con buen criterio, aumentar el gasto público en 1936, en su Teoría General, en una crisis donde la demanda privada se había hundido y había deflación, similar a lo que sucedió en la crisis de 2008.

Analizados estos dos errores, que no se deberían volver a cometer, parece que la reacción del Gobierno español será similar a la de 2022 y es bastante prudente. Veremos qué decide mañana el BCE: la clave serán sus previsiones de inflación, y no es previsible que aumenten mucho respecto a las anteriores. El euríbor a 12 meses ha repuntado unos 25 puntos básicos en el último mes y los inversores no descartan alguna subida de tipos en los próximos meses. El banco central deberá dar un discurso prudente, pero, con tanta incertidumbre como la actual, no es previsible que quieran aumentar mucho las expectativas de subidas de tipos. Si al final es cierto lo que dijo Trump y la guerra está próxima a terminar, el impacto de esta crisis sobre la inflación y el empleo en Europa será mínimo. Y, si dura mucho, el mes que viene tendrán menor incertidumbre que hoy para fijar las expectativas de tipos de los inversores. Los bancos no han subido sus hipotecas ni el préstamo a las empresas, que siguen siendo los más bajos de Europa, con datos del BCE, y el impacto de la crisis energética sobre el crédito aún es prácticamente nulo.

En 2022 la crisis fue más intensa en el gas y ahora lo es más en el petróleo. Hace cuatro años, España negoció la denominada excepción ibérica para topar el precio del gas en la electricidad. La petición de España y Francia fue intervenir los precios de la electricidad y cargarse las señales de escasez del mercado. El resto de países, con buen criterio, liderados por Alemania, lo rechazaron, ya que eso rompía el mercado único energético europeo. La Comisión propuso una solución de menor impacto, que pagamos los consumidores del mercado libre para topar los precios de la electricidad de los consumidores del mercado regulado, sin impacto en el déficit público, y el Gobierno español lo aceptó.

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El corte de los gasoductos rusos tras comenzar la guerra de Ucrania en 2022 provocó una grave crisis de gas que elevó su precio por encima de los 300 euros el megavatio hora. Ahora los precios han subido de 30 euros hace un mes a 50 euros ahora, una subida intensa, pero muy lejos de la excepcionalidad que llevó a aprobar aquella medida. Ahora, además de innecesaria y perjudicial, es muy poco probable que el Gobierno alemán, liderado por Merz, apoye una medida así en el Consejo. Si el Gobierno español no quiere alejarse aún más de los países líderes europeos, no debería ni plantearla.

Por fortuna, la crisis nos pilla con los embalses un 50% más llenos que en la media de los meses de marzo de la última década, y podemos sustituir el gas por electricidad generada en las centrales hidráulicas a costes muy bajos, lo cual permitirá a los españoles, principalmente a nuestra industria, seguir disfrutando de costes de la energía más baratos que nuestros competidores europeos. Gracias a la presión de Merz, con el apoyo de Giorgia Meloni, los costes de los derechos de emisión han bajado con fuerza en 2026 hasta 70 euros la tonelada, muy lejos de los 100 euros que alcanzaron en 2023. Eso reducirá significativamente el coste que pagaremos los españoles por consumir gas para producir electricidad o en nuestras calefacciones, y es muy probable que ese coste siga bajando en los próximos meses. En EEUU pagan 30 euros por sus emisiones y en China menos de 10 euros. No tiene ningún sentido que, en medio de una crisis energética, los Gobiernos europeos penalicen aún a su industria con un coste de emisión tan extremadamente alto.

Otro problema que tiene el Gobierno español en Bruselas, y que explica que se quede fuera de las reuniones donde se toman las decisiones importantes, es su obsesión ideológica de cerrar las centrales nucleares. Ursula von der Leyen acaba de afirmar esta semana que es un grave error no prorrogar el uso de las centrales nucleares ya en funcionamiento. Si el Gobierno español de verdad quiere ayudar a los españoles a reducir el impacto de la crisis energética, debería aprobar este mismo viernes la petición de las propietarias de la central nuclear de prorrogar su cierre tres años más. En esos tres años, el Gobierno debería corregir el enorme retraso que lleva para regular las condiciones en las que las baterías y las centrales de bombeo van a operar en España, y entonces tendrá menos incertidumbre para cerrar una central nuclear que genera un gigavatio las 24 horas del día. También puede eliminar impuestos a la producción de electricidad, absurdos en un país cuyo objetivo es electrificar más la economía.

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Ahora, el impacto es mayor en las gasolinas y la medida de subvencionar 20 céntimos la compra de combustible tiene sentido. Con la subida de los precios del petróleo, el Gobierno aumentará su recaudación y, por lo tanto, la subvención es equivalente a una bajada de impuestos transitoria. También tienen sentido ayudas directas a los sectores más afectados, principalmente transporte, pesca, agricultura y ganadería. Esos sectores producen alimentos que tienen un fuerte impacto sobre la inflación, y el transporte afecta a los costes de todos los bienes de la cesta de la compra. Por lo tanto, además de reducir el impacto sobre el empleo en esos sectores, reduces el impacto indirecto sobre la inflación y evitas una espiral de demandas salariales, que es el riesgo de caer en una estanflación, como sucedió en los años setenta y ochenta, y que afectaría muy negativamente al empleo.