Por qué el ministro Garzón se equivoca respecto al juego

Hace escasas fechas, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció las medidas que iba a tomar sobre la regulación del juego, algo que era demandado por numerosas asociaciones vecinales, de ludópatas, colectivos juveniles, AMPA y equipos deportivos 'amateur', muchos de los cuales se han agrupado en torno a la Coordinadora contra las casas de apuestas. Sin embargo, las medidas anunciadas se han quedado realmente cortas respecto a lo que demandaban estas agrupaciones ciudadanas. La patronal aduce que hay 85.000 puestos de trabajo directos en juego y 1.650 millones de euros en impuestos. Y desde el ministerio se defiende la nueva regulación aduciendo que es un primer paso y que hay que ser prudentes, negando presiones por parte de la patronal del juego.

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Pero ¿qué se sabe realmente sobre los efectos del juego sobre la población? ¿Están justificadas las regulaciones? En caso de que sí, ¿se sabe cuál es la mejor regulación posible?

En este caso, revisaré qué es lo que nos dicen la Psicología y la Economía sobre todas estas cuestiones. Porque, más allá de lo que opine cada uno sobre este tema, hay hechos claramente establecidos y sobre los que se ha hablado muy poco.

En primer lugar, revisemos lo que sabe la Psicología sobre los efectos del juego sobre las personas. En primer lugar, acudiremos al manual de referencia de trastornos psiquiátricos, utilizado por todos los profesionales del sector, el DMS-5, que hace referencia a la ludopatía dentro de la categoría que denomina 'trastornos no relacionados a sustancias' y con la cual se designan las llamadas adicciones conductuales. Dentro ella se incluye como única patología aprobada al juego patológico o ludopatía con un nuevo rótulo: “Trastorno por juego de apuestas”. Es decir, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de un problema grave, hasta tal punto que se equipara por parte de los profesionales de la salud mental con el consumo de sustancias psicotrópicas por su potencial de inducir trastornos de la conducta que pueden resultar devastadores para la vida de la persona afectada y de su entorno (hay cientos de estudios al respecto, pero por ejemplo se puede consultar esta revisión), llegando a ser un problema social (ver aquí o aquí) cuando la incidencia sobre la población es lo suficientemente alta.

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Nos encontramos, pues, ante un problema serio de salud pública con derivadas que pueden llegar a ser importantes de tipo social, siendo especialmente preocupante su incidencia sobre los jóvenes (ver aquí). Las evidencias aportadas por parte de los psicólogos respecto al potencial del juego para imponerse a la voluntad del ser humano y las nulas aportaciones de semejante actividad al bien común son incuestionables (ver por ejemplo este trabajo), por lo que los llamamientos a que debe prevalecer la libertad de elección carecen totalmente de respaldo en los hechos y responden solo a una visión rudimentaria y superada de la naturaleza del funcionamiento de la mente humana.

Este potencial del juego para inducir conductas autodestructivas en las personas es lo que ha llevado en numerosos países a establecer regulaciones al respecto más o menos restrictivas, habiéndose comprobado empíricamente una asociación entre regulaciones más laxas y mayores tasas de ludopatía (ver aquí).

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En el estudio de las características de las nuevas formas de juego, se ha demostrado que estas golpean de forma preferente a las clases sociales más vulnerables, al contrario que las formas de juego más tradicionales (ver aquí), coincidiendo con lo que denuncian las asociaciones contrarias a la situación actual, existiendo también evidencias de que la publicidad de estas nuevas formas de juego, especialmente la publicidad 'online', requiere de medidas mucho más drásticas de regulación que las formas tradicionales de juego (ver aquí) por su capacidad para provocar ludopatía. También estas nuevas formas de juego se ha comprobado que afectan gravemente a los adolescentes (ver aquí).

La prevalencia de ludopatía o riesgo de esta entre adolescentes en varios países europeos oscilaba entre el 1,3 y el 8,8% solo para juegos 'online'. Asimismo, los adolescentes declararon haber jugado en juegos 'offline' entre el 4,9 y el 21,8% según el país europeo del que hablemos. En el gráfico se puede ver la magnitud del problema en diferentes países de Europa, llegando en Finlandia a afectar al 1% de la población para el caso de la ludopatía y con problemas con el juego un 2%. Ningún país de Europa se libra de este problema y en España, según las asociaciones de ludópatas, la cifra se acerca peligrosamente a la de Finlandia (ver aquí).

Fig. 1. Prevalencia de los problemas con el juego y la ludopatía en el último año. (Fuente: Gambling in Western and Eastern Europe: The Example of Hungary)

También se ha demostrado la asociación estrecha entre los problemas con el juego y el fútbol profesional (ver aquí), por lo que se hace imprescindible romper esa conexión de la cual el fútbol profesional se beneficia económicamente, dada la enorme importancia que este deporte tiene, especialmente entre los más jóvenes.

El hecho es que hay especialistas que coinciden en que la mejor forma de actuar en sociedades abiertas es la prohibición total de la publicidad (ver, por ejemplo, este estudio). Si a esto le unimos que la investigación hecha hasta la fecha ha encontrado que la publicidad del juego incide negativamente en la prevalencia de ludopatías (ver aquí o aquí), especialmente entre los jóvenes, parece prudente adoptar una postura conservadora respecto de la publicidad, como se hizo en su día con la publicidad del alcohol y el tabaco, siguiendo el ejemplo de Italia. Enfoques más agresivos, como se ha hecho con las sustancias psicotrópicas, podrían ser, a mi modo de ver, valorados si la evidencia empírica así lo recomendara.

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Las advertencias hechas por la patronal sobre los impuestos y los puestos de trabajo que se podrían perder merecen un análisis aparte. En primer lugar, hay que decir que los enfoques utilitaristas en problemas de salud pública deben ser tomados con mucha precaución, pues ya no se trata de un problema meramente económico sino de riesgos para la salud de la población y especialmente de los más jóvenes.

El gasto que se genera en el juego, obviamente, no quedaría, en su gran mayoría, en los bolsillos de los ciudadanos en caso de que no lo gastaran en esto, sino que lógicamente sería gastado en otros bienes y servicios. Si los 9.408 millones netos (diferencia entre pérdidas y ganancias) que los españoles gastaron en el juego en 2017 (ver aquí), que generaron 85.000 puestos de trabajo según ese mismo informe, se hubieran gastado, por ejemplo, en hostelería, el empleo generado sería de más de 100.000 puestos (extrapolando de las tablas 'input-output' de la economía española), debido a que una actividad como la hostelería es más intensiva en empleo que el juego. Luego el argumento de la pérdida de empleo es completamente absurdo.

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Tampoco tiene mucha razón de ser el de los impuestos, ya que el juego generó 1.657 millones de euros de impuestos y, dado que esta actividad está exenta de IVA y muchas de las ganancias están exentas de tributación, solo en IVA la recaudación esperable sería de más de 1.400 millones, extrapolando de los informes de recaudación tributaria (ver aquí). A esto habría que añadir los impuestos especiales y los impuestos sobre el beneficio empresarial que generaran esos empleados —más de 2.300 millones, extrapolando de las tablas 'input-output'—, por lo que es obvio que la recaudación no solo no disminuiría sino que muy probablemente aumentaría. Este supuesto se ha hecho para el caso de gasto en hostelería como ejemplo, para que podamos comprobar que lo que dice la patronal no tiene sentido, pero las cifras con seguridad no cambiarían mucho si se hiciera la extrapolación a la estructura de gasto real del ciudadano español, ya que, si bien hay actividades menos intensivas en empleo que la hostelería, también las hay más intensivas, como es el caso del comercio minorista (esto se puede comprobar una vez más acudiendo a las mencionadas tablas).

La conclusión que podemos sacar de todo esto es que el ministro Garzón ha actuado con excesiva tibieza en esta modificación de la legislación, y que es necesario, por motivos de salud pública y sociales, el establecer una legislación mucho más restrictiva respecto de los juegos de azar, especialmente respecto de las casas de juego y los juegos 'online'.