¿A qué ha quedado reducido el gran pacto anticrisis?

La gravedad de los problemas que padece la economía española, el que estén interrelacionados entre sí y la naturaleza institucional de algunos de ellos hace que sea conveniente alcanzar un gran Pacto de Estado con el que hacer frente a la crisis. En realidad, ahora llegaría ya con más de dos años de retraso. La sociedad española necesita una ducha fría de realismo. La caída de la producción nacional y la consiguiente disminución del total de los recursos a repartir convierten en matemáticamente imposible que todos podamos mejorar nuestra situación individual, o ni siquiera seguir igual que antes. Sin embargo, sí que es posible repartir los sacrificios entre todos de la manera más justa y sentar las bases para la recuperación de la competitividad y la reanudación del crecimiento. Ello requiere la aplicación de medidas que pueden ser impopulares en el corto plazo, pero que resultan imprescindibles.

Tras dos años y medio de crisis, con 4.300.000 personas en el paro y con todos los frentes aún abiertos, la necesidad del Pacto se hace todavía más acuciante. El sistema financiero sigue sin haberse saneado ni reestructurado, por lo que el crédito no fluye. Las cuentas públicas han agotado rápidamente el margen de actuación fiscal, debido a la imprevisión del gobierno, presentando un desequilibrio insostenible. Las famosas reformas estructurales apenas si se han acometido.

Por todo lo anterior, el buen sentido de la sociedad española hace que hoy demande mayoritariamente tal Pacto; pero depende de la llamada clase política, particularmente del Gobierno, responder a esa necesidad. En situaciones parecidas, como la grave crisis que padecimos en los años setenta del siglo pasado, los gobernantes, los partidos políticos y el conjunto de la sociedad sí que supieron estar a la altura de las circunstancias, elaborando los Pactos de la Moncloa.

No obstante, siendo el Pacto deseable, las posibilidades de que hoy se materialice son desgraciadamente nulas. El acuerdo requeriría que el Gobierno identificase una situación de especial gravedad, se la explicase a los ciudadanos españoles, reconociese los errores hasta ahora cometidos en su gestión y consensuase un ambicioso Plan anticrisis con el resto de formaciones políticas.

Ninguno de estos requisitos se cumple. El gobierno sigue afirmando que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Este diagnóstico de la situación es intrínsecamente contradictorio con el llamamiento al Pacto. Si el gobierno cree de verdad que estamos a punto de salir de la crisis ¿para qué sería necesario impulsar un acuerdo de todas las fuerzas políticas que permita tomar las medidas que ayuden a salir de ella? ¿Es que este gobierno, de acreditada generosidad, desearía compartir el mérito con los demás? Por otro lado ¿cómo pedir sacrificios a la población, si no son imprescindibles, pues ya todo está en vías de solucionarse?

El gobierno también insiste en que la política económica que ha aplicado hasta ahora es la correcta y debe, en consecuencia, continuarse. Resulta preocupante esa falta de autocrítica respecto a una política claramente errónea, que ha convertido a España en un país que duplica las tasas de paro del resto de la Unión Europea.

Esto nos lleva, fundamentalmente por un deber de simple cortesía, al análisis de las medidas propuestas unilateralmente por el gobierno como bases del Pacto. Lo primero que llama la atención es la envergadura de lo que se deja fuera. Las principales reformas pendientes ni se mencionan: del mercado de trabajo, de las pensiones, del sistema financiero (principalmente de las Cajas de Ahorro), del sistema educativo, del modelo energético o de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles territoriales de las administraciones públicas.

La explicación de esas ausencias no resulta nada convincente. La reforma laboral queda en manos únicamente de los “agentes sociales” ¿Si estos no llegasen a un acuerdo satisfactorio, el gobierno abdicaría de su responsabilidad? ¿Es posible cambiar el modelo productivo sin un mercado de trabajo que permita la reasignación de recursos hacia los nuevos sectores? La reforma de las pensiones está encomendada al Pacto de Toledo pero ¿puede estudiarse al margen de las cuentas públicas? La  reforma educativa camina con su propio pacto de mínimos que permita salvar la cara tanto al PSOE como al PP y tampoco debe de tener que ver con el cambio de modelo productivo. Cuestiones tan importantes no pueden dejarse al margen de la negociación de un Pacto anticrisis serio, estando además relacionadas entre sí. Precisamente una de las ventajas de un Pacto de Estado sería proporcionar un plan de conjunto coherente frente a la crisis, en vez de poner parches parciales, a menudo contradictorios, a los problemas.

Una vez subrayados los clamorosos silencios, estudiemos lo que sí se dice. No es menos desolador. Las propuestas gubernamentales se recogen en dos documentos. El primero es un índice genérico de temas, de sólo tres páginas, que no obstante debió resultar muy trabajoso de elaborar, pues el resto de partidos lo recibió a las 9.30 PM del día anterior a la reunión plenaria del Pacto. El segundo es el desarrollo “detallado” que se utilizó como base de las reuniones bilaterales con los distintos partidos. Consta de 32 páginas, de las que 11 se dedican a un prólogo autocomplaciente ¿Qué se propone en las 21 páginas restantes? Cosas de tan poco calado que resultan difíciles de creer.

Una de las medidas estrella consiste en potenciar la rehabilitación de viviendas como forma de crear empleo. Se propone para ello aplicar el IVA reducido (del 8% a partir de julio de 2010) a todo tipo de obras de rehabilitación. A ello se añade una deducción extraordinaria en el IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual: los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10% de los costes. Pero en la actual legislación ya se aplica el tipo reducido a las rehabilitaciones y se pueden deducir en el IRPF de forma equivalente a la compra de vivienda. Lo único que la medida propone es ampliar este tratamiento a otras reformas. En un contexto de alto endeudamiento de las familias, elevado desempleo y falta de crédito, resulta inverosímil que se pueda generar con estas medidas la actividad económica necesaria para alcanzar el objetivo de creación de empleo calculado, nada menos que de 350.000. En cualquier caso, se tratarían de empleos precarios que durarían lo que las obras, generados artificialmente en un sector que poco contribuye al tan cacareado cambio de modelo productivo. El hecho de que buena parte de estas actividades se realicen hoy sin declararlas tampoco ayuda a concebir muchas esperanzas de que la reducción de la fiscalidad las estimule demasiado.

La otra “gran” medida consiste en los préstamos directos del ICO, con un importe máximo de 200.000 euros y cobertura del 100% del riesgo. Serán comercializados a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. Con esta línea de crédito se conseguirá presuntamente que toda pequeña empresa solvente cuente con financiación. Sorprende lo contradictoria que resulta esta propuesta con el discurso oficial. Se nos está diciendo simultáneamente que la banca española es un modelo para el resto del mundo, exenta de problemas, y que la situación es tan desesperada que una pequeña empresa solvente es incapaz de conseguir financiación si no se la proporciona directamente la banca pública. Algo aquí no cuadra. Por otro lado, es sabido que el ICO carece tanto de las oficinas como del personal necesario para evaluar adecuadamente el riesgo del volumen de crédito previsto. Desde que se inició la crisis se ha recurrido repetidamente al ICO para atenuar el problema de la falta de crédito, siempre con escasos resultados. Además, no se cuantifica el volumen total de recursos que se está dispuesto a comprometer en este esquema ¿es, por ventura, infinito como la misericordia gubernamental?

El resto de medidas son un batiburrillo de ocurrencias, numerosas pero de una importancia marginal y a menudo imprecisas. Se desea reducir el plazo del pago de las facturas, pero para ello no basta con fijar plazos máximos, es necesario hacer que se cumplan. Parece imposible lograrlo sin encarar el problema de la financiación local. Se desea la simplificación administrativa, ¿cómo no estar de acuerdo? Se lleva persiguiendo durante años, parece que con escasos resultados. Lo mismo puede decirse respecto a la internacionalización de las empresas o la mejora de la investigación. Lo preocupante es que las declaraciones retóricas vayan unidas a la reducción del presupuesto de las instituciones (el ICEX, el ministerio de Ciencia, las universidades…) que protagonizan tales actividades. Respecto a la energía, se presenta un mix energético para 2020 sin hablar de costes de generación, sin relacionarlo con la competitividad y obviando definir el papel a largo plazo de la energía nuclear.

En este contexto, el objetivo de elevar el peso de la industria en nuestra economía sólo puede tomarse como otra declaración de intenciones. Para que fuera realizable, sería preciso sentar las bases que permitan a los agentes privados decidir el rumbo de los sectores. Dentro de esas bases han de estar aspectos como una energía barata y asegurada, un personal formado, etc. Nada de eso aparece en las propuestas del gobierno. Por último, el principio de austeridad será otro brindis al sol mientras el grueso del recorte tenga que realizarlo en solitario la Administración General del Estado y ésta no utilice los mecanismos de que dispone para coordinar a las Comunidades, que gestionan una parte mayor del gasto (si dejamos de lado la Seguridad Social).

La intrascendencia de las medidas propuestas implica la renuncia a afrontar con seriedad, ambición y sentido de Estado los importantes problemas que aquejan a los ciudadanos. Se trata de iniciativas de un rango meramente administrativo, que cualquier gobierno puede tomar en solitario como parte de su quehacer cotidiano. No tiene sentido convocar a todos los partidos y a los medios de comunicación para esto. ¿O sí lo tiene? La lógica de esta actuación no puede encontrase en el campo de la Economía, sino en el de la propaganda y la táctica política cortoplacista. El propósito parece ser el ganar algo de tiempo, a ver si el exterior tira de nosotros y volvemos a crecer, aunque sea al 0,3%. Todas las baterías de la propaganda oficial están ya preparadas para celebrar tan magno acontecimiento. Entre tanto, cualquiera que no participe en el paripé puede ser señalado con el dedo y acusado de “no tirar del carro”, “no arrimar el hombro” y demás metáforas cansinas.

¿Se imaginan que todo esto hubiese sucedido en otro país? Si el gobierno alemán convocase a todos los partidos, celebrase cumbres y ruedas de prensa, para anunciar que incentiva fiscalmente las rehabilitaciones domésticas, la carcajada se habría oído desde Berlín a Munich. ¿O prefieren imaginar lo que pensarán los gestores de los fondos de inversión extranjeros que compran deuda pública española? “Smith, ya ha llegado el contenido del Plan anticrisis español, consensuado con todos los partidos ¡Smith, ya ha vuelto a fallar la j…. impresora, sólo son 20 páginas de trivialidades! ¿Dónde están las que faltan? ¡Que esto es todo!”.

Alcanzamos en estas fechas justo la mitad de la legislatura de un gobierno totalmente agotado y superado por los acontecimientos desde hace tiempo. El mandato obtenido se logró prometiendo el pleno empleo. Cada vez resulta más evidente la necesidad de nuevos liderazgos que permitan al país recuperar el rumbo.