¿Están las finanzas públicas españolas como las griegas?

Grecia acaba de verse obligada a solicitar la ayuda prometida por el resto de la zona del euro y el FMI, ante la imposibilidad de encontrar en los mercados internacionales compradores voluntarios de su deuda pública a unos tipos de interés asumibles. Una vez dado este paso, el foco de atención de los analistas puede desplazarse a otros países con desequilibrios en sus finanzas públicas, entre los que se encuentra el nuestro. Pero ¿se trata de situaciones comparables?

La primera variable que preocupa a los mercados actualmente es el déficit público, es decir, lo que las administraciones están gastando por encima de lo que recaudan mediante los impuestos. En el caso griego fue del 13,6% del PIB en 2009, con el agravante de una ocultación deliberada de la verdadera cantidad, que sólo paulatinamente ha ido saliendo a la luz.

España también tiene un déficit público considerable, sólo ligeramente inferior al griego. Fue del 11,4% del PIB en 2009, equivaliendo cada punto del PIB español a unos 10.000 millones de euros. Ese agujero de más de 100.000 millones de euros anuales en las cuentas públicas se debe, en parte, al inevitable efecto de la crisis sobre los ingresos y gastos públicos, pero se ha visto agravado por algunas medidas disparatadas del gobierno.

Por el lado del gasto, la medida discrecional (es decir, adoptada voluntariamente) estrella promovida por nuestros gobernantes ha consistido en la creación del fondo de inversión local. Ha tenido una dotación de 8.000 millones de euros en su primera versión, la de 2009, y se le han asignado otros 5.000 en la segunda edición de 2010. Estos considerables recursos se han destinado a los ayuntamientos y han servido únicamente para crear un empleo precario, ligado a unas obras (en aceras y calles) que no han mejorado la competitividad de la economía española.

Las actuaciones voluntarias e ineficientes de incremento del gasto se han sumado al aumento automático de éste, provocado por la repercusión de la crisis en algunas partidas. El ejemplo más claro es el del gasto en prestaciones y subsidios a los parados. En España había, según la EPA, 4.300.000 parados a finales de 2009. Esto supone una tasa de paro del 19%, que prácticamente duplica el 10% existente en la Unión Europea (o el 10,2% que tiene Grecia). El reflejo en las cuentas públicas del 2009 fue un gasto de 34.000 millones de euros para prestaciones y subsidios, el doble de lo inicialmente presupuestado.

Algo parecido ha sucedido por el lado de los ingresos públicos. Se adoptaron voluntariamente, al iniciarse la crisis, medidas que redujeron la recaudación impositiva. La más relevante fue la deducción durante dos años de 400 euros en el IRPF de manera generalizada, a todos los contribuyentes. Esto ha supuesto una pérdida de recaudación de 12.000 millones de euros. El objetivo era aumentar el consumo de las familias, pero la medida resultó ineficaz, al dedicarse al ahorro en buena medida esa cuantía. La supresión del impuesto sobre el patrimonio redujo la recaudación en otros 1.800 millones anuales, dificultando además el control de la evasión en el IRPF.

Estas medidas discrecionales, ineficaces y costosas, por el lado de los ingresos públicos se añaden a la caída de la recaudación de las distintas figuras impositivas, debido a la crisis. El IRPF recauda menos, al tener las personas menores rentas. El IVA recauda menos, por reducirse el consumo. El impuesto de sociedades recauda menos, al disminuir los beneficios empresariales. Los impuestos especiales, sobre gasolina, alcohol y tabaco, han sido los que han visto menos mermada su recaudación. En conjunto, las arcas públicas ingresaron en 2009 unos 65.000 millones de euros menos que en 2007. Ningún país de la U.E. ha sufrido una merma de recaudación semejante.

En resumen, el impulso fiscal discrecional (en medidas ineficaces, pero muy costosas) ha sido más fuerte en España que en otros países y, al añadirse al gran efecto automático de la crisis sobre las cuentas públicas, ha agotado pronto el margen de actuación presupuestaria del que inicialmente se disponía. Dicho de otra forma, el gobierno español ha disparado su munición (o, mejor dicho, la nuestra) con gran alegría y apuntando mal nada más iniciarse la batalla. Ahora la ha agotado, todavía en mitad de la refriega. Esto es lo que está obligando a subir los impuestos y recortar el gasto, aún en plena crisis.

El déficit público, el exceso de gasto sobre los ingresos, es posible porque alguien presta la diferencia mediante la compra de nueva deuda pública. Esta nueva deuda pública emitida se añade a la que ya existiese antes. La principal diferencia entre Grecia y España reside en que, mientras Grecia tiene una deuda pública equivalente al 120% de su PIB, nuestro país partía en 2007, al iniciarse la crisis, de sólo el 36,2%. Sin embargo, la deuda pública española está creciendo muy rápidamente. Acabó 2009 en el 55,2% del PIB, y es probable que a día de hoy ronde el 60%. Una institución de análisis tan prestigiosa como la Economist Intelligence Unit prevé que alcance el 77% a fines de 2011.

Este endeudamiento público a veces se presenta por el Gobierno como si fuese una especie de regalo no costoso, que tenemos que apurar hasta donde podamos. En realidad, obviamente, esa deuda tiene que devolverse en el plazo acordado y con los correspondientes intereses. En 2009, pese a que la deuda no era todavía tan alta y con unos tipos de interés reducidos, el gasto público por pago de intereses ascendió ya a 23.000 millones de euros. A esta deuda de las administraciones habría que sumar la de las empresas públicas estatales y, sobre todo, autonómicas (que han proliferado, bajo diferentes fórmulas jurídicas, en los últimos años) cuya cifra es difícil de precisar.

El problema de la deuda pública española no es tanto su nivel como su altísimo ritmo de crecimiento. Además, no hay un nivel concreto de deuda para el que se desaten los problemas de financiación ¿Cuánto estaría usted dispuesto a prestar a su vecino? Pues dependerá de lo que espere que va a ingresar y gastar en el futuro, de la credibilidad que le inspire. A uno podría prestarle un 80% de lo que él ingresa y a otro ni un 70%. El hecho de que, con un nivel de deuda pública española como el actual, los mercados financieros internacionales empiecen a mostrar síntomas de nerviosismo, resulta revelador. Indica que no esperan una recuperación de la economía española (y, por tanto, de los ingresos públicos) fuerte en el futuro inmediato, o que no creen en la capacidad de este gobierno para controlar el gasto, o ambas cosas a la vez.

Por desgracia, es probable que no anden desencaminados. La caída de la producción puede que se detenga pronto en España, pero no se vislumbran síntomas (con unas familias tan endeudadas, una tasa de paro tan alta y tal stock de viviendas sin vender) que permitan esperar un crecimiento fuerte. En el asunto del control del gasto es donde España podría encontrarse incluso en peor situación que Grecia. La mayor parte del supuesto ajuste que se ha diseñado recaerá sobre la administración central, pero es dudoso que ella sola pueda estabilizar el conjunto del gasto público. La administración central controla en teoría el 50% del gasto público total, pero 30 de esos 50 puntos corresponden a la Seguridad Social.

En los 20 restantes se incluyen el pago de intereses de la deuda o las prestaciones por desempleo. Donde realmente existe un importante margen de ahorro es en las Comunidades Autónomas (como demuestra el libro El coste del Estado autonómico, recién editado por la Fundación Progreso y Democracia de UPyD), pero el gobierno central ha ido renunciando al papel de supervisión, control y coordinación general que la Constitución le asigna sobre ellas. Esto ha sucedido por la dejación voluntaria de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP (con un especial protagonismo de los gobiernos de Zapatero), preocupados únicamente por lograr apoyos de los partidos nacionalistas para mantenerse en el poder.

En un asunto como las crisis de la deuda pública, resulta imposible realizar predicciones. Podría no suceder nada, puesto que el nivel de endeudamiento público en España es menor todavía que el de otros países. No obstante, también ha habido ejemplos en el pasado de contagios a países cuyas condiciones objetivas parecían no justificarlo. Lo que es seguro es que conviene extremar el cuidado. Las consecuencias que se derivarían del escenario más negativo, una crisis de la deuda pública, son demasiado graves como para ignorarlas. Tal vez quede algún margen adicional para el endeudamiento, pero el de las ocurrencias demagógicas y costosas sin duda se ha agotado.