La falsa despolitización de las Cajas de Ahorro

No seamos supersticiosos, pero un martes 13 de julio el BOE publicó el Real Decreto-ley 11/2010, para reformar los órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. El inicio de las vacaciones de verano nos impidió analizar esta norma en “Hablando claro”. Sin embargo, conviene hacerlo. Además de la importancia de las medidas adoptadas, se trata de una legislación en la que la mayor parte de nuestra clase política (tanto el PSOE como el PP) se retrata claramente. También queda en ella reflejado, una vez más, el escaso respeto de los gobernantes españoles por la inteligencia de sus conciudadanos. Les  habremos dado motivos para ello.

 

Lo primero que llama la atención es que estas medidas se promulguen ahora, después de haber utilizado ya incondicionalmente 15 000 millones de euros del FROB (que está autorizado a movilizar hasta 99 000 millones), sin exigir ninguna responsabilidad a los dirigentes de las entidades con problemas. Parecería más lógico haber reformado las entidades antes de sanearlas con el dinero de todos. Al menos deberían haberse llevado ambos procesos en paralelo, condicionando el rescate público a la aceptación de una reforma en profundidad por parte de las Cajas (y de las Comunidades Autónomas que las controlan). Sospechosamente, se ha preferido primero salvar (sin ni siquiera cambiar a los gestores) y después, perdida esa capacidad de presión, reformar.

Igual de sospechosa resulta la unanimidad en el aplauso a la reforma por parte de los diversos intereses creados. No cabe esperar grandes cambios en el status quo gracias a medidas que cuentan con el beneplácito tanto del PSOE como del PP (los mayores beneficiarios del fracasado sistema actual) y con el apoyo entusiasta de la CECA. Más bien cabría interpretar esto como que el nuevo marco aparenta que todo cambia sólo para salvar lo fundamental, para que nada importante cambie realmente (de forma que el control y disfrute de las entidades siga en las mismas manos). Tales retoques cosméticos se han vuelto obligados por la necesidad de apaciguar a los mercados internacionales, es decir, a nuestros acreedores que exigen reformas. Aunque seguramente haya sido una consideración secundaria (por el motivo expuesto al final del primer párrafo de este artículo), también convenía apaciguar un poco a los ciudadanos. Resulta difícil justificar un ajuste antisocial (recortando las pensiones, reduciendo los salarios, abaratando el despido, subiendo el IVA…) a la vez que se han estado vertiendo miles de millones sobre las Cajas sin contrapartidas. Por todo esto, a regañadientes, con el mercado interbancario cerrado para estas entidades, que han tenido que acudir masivamente a la ventanilla del BCE para ser rescatadas, se decide por fin aparentar que se actúa.

Tanta es de repente la urgencia, que esta reforma pendiente desde hace años ha de tramitarse como Real Decreto-ley. Este procedimiento, cada vez más utilizado por el dialogante gobierno del sr. Zapatero, ha hurtado otro importante debate a la sociedad española. Un nuevo giro de 180 grados del PSOE queda sin explicar (pues hasta hace unos meses el mensaje oficial era que había que “preservar el papel social de las cajas”, que además “no tenían ningún problema”…). En el futuro, las Cajas podrán convertirse en bancos o en simples fundaciones. Es posible encontrar argumentos a favor y en contra de este cambio de naturaleza. De lo que no cabe dudar es de la importancia del tema, por lo que los ciudadanos tenían derecho a que se debatiese claramente y en profundidad.

Lo anterior nos ayuda a entender porqué se encara ahora esta reforma y cómo se ha tramitado, pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es su contenido? Las medidas más importantes fueron analizadas por diversos comentaristas al publicarse el Real Decreto. Los cambios parecen, a primera vista, de gran calado. Las cajas podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos, e incluso transformarse en bancos o fundaciones. Lo que no se ha enfatizado tanto es que estas transformaciones son opcionales, voluntarias. Pueden realizarse o no. Por ello, creo que la clave de la reforma está en la despolitización de los órganos de gobierno de las Cajas, pues determinará quiénes toman estas decisiones y permitirá que se adopten con criterios profesionales o no. Centremos pues la atención en este aspecto fundamental de la reforma. A priori, parece que no hay motivo para la preocupación, pues desde todos los altavoces mediáticos controlados por el poder se ha afirmado que la despolitización de las Cajas ha sido uno de los logros principales de esta nueva norma. Véase este énfasis en la profesionalización en la propia nota de prensa del Ministerio de Economía. ¿Ha sido así de verdad? Nada más lejos de la realidad.

Tras esta reforma, los gobiernos de las Comunidades Autónomas dejarán de hacer nombramientos en los órganos de gobierno de las Cajas. No obstante, los sustituyen en esta función los parlamentos autonómicos. Como la mayoría en el parlamento es la que sostiene al gobierno, no requiere mucha explicación que esto no cambia nada sustancial.

Por otro lado, se establecen incompatibilidades para evitar que “los políticos” puedan estar en las Cajas. Pero tales incompatibilidades son sólo para políticos que estén ejerciendo a la vez otro cargo (tales como cargos electos o altos cargos de las distintas administraciones…).  No se ven afectados, por tanto, los políticos “de segunda fila”, o en la oposición, o que no simultaneen cargos. Lo único que se prohíbe es la acumulación de cargos en los mismos políticos. Esto puede favorecer un reparto más equitativo del pastel entre ellos, pero de ninguna manera la despolitización de las Cajas. De hecho, con esta norma personas como Narcis Serra o Rodrigo Rato, sin duda muy respetables, pero también sin duda “políticos”, no se verán afectadas en absoluto.

Otra supuesta garantía que introduce la reforma consiste en exigir unos requisitos de profesionalidad, pero son muy genéricos y están mal definidos. Básicamente se exige tener experiencia previa en puestos similares. Para más inri, quienes cumplirán este tipo de requisitos serán los políticos que han tenido hasta ahora presencia en las cajas, ganando así experiencia. No los cumplirá, por el contrario, un catedrático de finanzas. Además, estos requisitos se aplican sólo al Consejo de Administración, y sólo a la mitad de sus miembros.

Por último, la representación de las administraciones públicas y de las entidades y corporaciones de derecho público, el peso de sus derechos de voto en los órganos de gobierno, se rebaja del 50% al 40%. Pero simultáneamente se pasa a exigir una mayoría reforzada de 2/3 para aprobar las grandes decisiones de la entidad (fusiones, cambios en la naturaleza jurídica para convertirse en banco o fundación…) de modo que el control sobre el futuro de las entidades siga firmemente en las mismas manos.

En resumen, tras mover los cubiletes frenéticamente la politización parecía haber desaparecido; pero ¡sólo había cambiado de lugar! Como trileros, no tendrían precio.