Lo que exige el PNV

Nos encontramos en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado. La política fiscal es el principal instrumento que sigue en manos nacionales, tras haberse convertido la política monetaria en común para toda la zona del euro. Sorprende por ello, o debería sorprender, que en estas mal llamadas negociaciones presupuestarias se esté debatiendo sobre asuntos que nada tienen que ver con el contenido de las cuentas públicas. No se está negociando gastar más en esto o menos en aquello, ni discutiendo cómo lograr los ingresos necesarios. En un país normal, esto llamaría la atención. Pero, en esta democracia de cada vez peor calidad en la que vivimos, casi nada puede ya escandalizarnos. Es tanto lo que se ha ido elevando el umbral de tolerancia social. ¿Qué tiene que pasar aquí para que pase algo? Sin duda, una nueva victoria deportiva.

Si no se negocian, en una negociación presupuestaria, los presupuestos ¿qué es lo que se está negociando? Una vez más, en línea con la tradición seguida desde hace décadas tanto por el PSOE como por el PP, de lo que se trata es de ceder competencias estatales clave, a cambio un apoyo coyuntural nacionalista que permita mantenerse en el poder. Una vez más, lo estructural se decide en base a lo coyuntural. Todo ello, por supuesto, sin realizar ningún estudio de por qué la cesión va a suponer una mejora en la eficiencia del servicio que se presta a los ciudadanos. ¿Podría hablarse de compra de votos para fines partidistas con recursos públicos, en un escenario como éste?

Una vez más, un pequeño partido nacionalista actúa de bisagra. El PNV tiene el mismo número de votos que otro partido (UPyD, con algo más de 300.000) pero sextuplica sus escaños. El sistema electoral prima al que le preocupan únicamente los intereses de una parte de la ciudadanía, y éste acaba teniendo la llave de decisiones que afectan a 46 millones de personas. Sin embargo, ni los sabios legisladores del PSOE ni los del PP quieren cambiar tal sistema electoral, lo que demuestra que ambos se sienten cómodos con él y sus consecuencias.

En este país al que ya nada escandaliza, también se considera normal que el gobierno nacional, del PSOE, negocie transferir competencias a la administración autonómica, no con los que la gobiernan, que además son de su mismo partido, sino con la oposición. Al fin y al cabo, algo parecido se hizo ya en el caso del Estatut catalán, con los satisfactorios resultados por todos conocidos. ¡Para qué preocuparse del respeto institucional o de los procedimientos! Hay gobernantes que no aprenden.

¿Qué es lo que exige esta vez el PNV a cambio de sus votos? Se nos dice que las políticas activas de empleo. A primera vista, parece una petición relativamente inocua. En este término se incluyen distintas actividades públicas cuya finalidad es ayudar activamente a los parados a salir de su situación, como la intermediación laboral, la orientación y la mejora de su formación. Todas las Comunidades Autónomas tienen estas políticas transferidas a sus servicios de empleo, excepto el País Vasco. Parecería, pues, justo que se les transfiriesen también a ellos.

El problema reside en cómo quiere definir el PNV esas políticas activas. Además de incluir en ellas no sólo la formación ocupacional (a los parados) sino también la continua (a los empleados), algo discutible pero no tan importante, añaden las bonificaciones que disfrutan los empresarios en las cuotas a la Seguridad Social cuando convierten contratos temporales en fijos, o contratan a parados de larga duración, a jóvenes, a mayores de 45 años… Esto es tan importante porque constituye el caballo de Troya, el precedente, la grieta que quiere utilizar el PNV para resquebrajar la Caja Única de la Seguridad Social.

Actualmente, esas cotizaciones que dejan de pagar los empresarios las paga el Estado, mediante una partida presupuestaria, para que la Seguridad Social siga recibiendo lo mismo en toda España por cada trabajador. La alternativa consistiría en que se cediese a la administración autonómica vasca una cantidad, para que ella se encargase de pagar a la Seguridad Social las bonificaciones correspondientes a los empresarios vascos. Sobre el papel, parece suponer poca diferencia. En la práctica, se entraría en la dinámica habitual de negociar políticamente esa cantidad, y renegociarla cada cuatro años, dando un primer paso en la ruptura de la unidad del sistema. Esto suponiendo que no se conceda además la posibilidad de modificar los casos en los que se pueden recibir bonificaciones, o las cantidades bonificadas.

Esta pequeña fractura inicial (que según los cálculos del PNV, haría pasar la cuantía de transferir las políticas activas de 300 a 480 millones) es sólo una palanca sobre la que forzar otras mucho mayores en el futuro. El PNV no ha ocultado nunca cuáles son sus verdaderas intenciones, sus aspiraciones últimas. Además de las políticas activas de empleo reclama las pasivas (el pago de prestaciones y subsidios a los parados) e incluso las pensiones de jubilación. Así lo ha solicitado recientemente en el Debate del Estado de la Nación, y reiteradamente en el Parlamento Vasco (donde votó explícitamente, el 30 de mayo de 2008, en contra de una iniciativa de PSOE y PP para garantizar la Caja Única de la Seguridad Social). En ese escenario final, las cantidades involucradas aumentan exponencialmente. Estaríamos hablando de unos 10.000 millones de euros anuales, que duplicarían el presupuesto actual del gobierno vasco.

Las anteriores razones explican el que, durante 30 años, ningún gobierno de España haya cedido en esta cuestión. Ni siquiera es un asunto que se haya incluido en el nuevo Estatuto catalán, tan reivindicativo. No obstante, cuando no existen límites a lo que se está dispuesto a ceder, el acuerdo siempre se alcanza. Esta parece ser la situación actual. Eso sí, se tendrá buen cuidado de enmarañar la cuestión, técnicamente compleja, y de disimular, jurando que no se ha roto la Caja Única.

Si este proceso se llevase a sus últimas consecuencias, se estarían cediendo las últimas funciones económicas de importancia (desempleo y pensiones) que le quedan al Estado. Éste desaparecería de manera efectiva del País Vasco, dejando de tener ninguna relación directa relevante con los ciudadanos. Lo mismo terminaría por pasar en el resto de Comunidades.

No parece este el momento más indicado para jugar con las prestaciones por desempleo y las pensiones. Pese a sus problemas, el sistema actual al menos garantiza la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan.

Resulta paradójico que, en el futuro, las pensiones de jubilación vayan a resultar más difíciles de afrontar precisamente en País Vasco, debido a la menor natalidad y a la escasa inmigración que caracterizan a ese territorio. Esto demuestra que los políticos nacionalistas trabajan movidos por sus delirios soberanistas, no por los intereses de los ciudadanos vascos (menos aún por los del conjunto de los españoles).

Para remate, este será el precio que pagaremos por disfrutar durante algunos meses más de los estertores del agónico y caótico gobierno del Sr. Zapatero. ¡Nunca algo que valía tan poco costó tan caro!