¿Son creíbles estos presupuestos?

Los presupuestos, como su nombre indica, buscan prever cuáles serán los ingresos y gastos públicos el próximo año. ¿Están bien hechos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2011 que ahora se elaboran? Es decir, ¿son creíbles las previsiones en ellos reflejadas? La respuesta depende, en gran medida, del análisis del escenario macroeconómico en que se basan. En él se recoge cómo se cree que va a evolucionar la economía española en el futuro inmediato. De tal evolución dependerá, a su vez, cuánto vayan a recaudar los impuestos y cuánto se gaste. Un fuerte crecimiento de la producción, por ejemplo, conllevaría que los impuestos recaudasen más (al haber más rentas o consumirse más) y que algunas partidas de gasto público disminuyesen (al ser necesario, por ejemplo, pagar menos prestaciones por desempleo).

El escenario macroeconómico en el que se sustentan los PGE para el 2011 puede verse en la página 82 del llamado Libro Amarillo. Veamos el comportamiento de las principales macromagnitudes que allí se contempla.

Una variable clave es el consumo de las familias (“gasto en consumo final nacional privado”), al tratarse del componente de mayor tamaño de la demanda nacional. Se prevé que en el 2011 crezca un 1´8%. Existen abundantes razones para argumentar que tal previsión es demasiado optimista. Los hogares han reducido ligeramente su nivel de endeudamiento desde el inicio de la crisis, pero éste sigue siendo todavía muy alto (del 125% de su renta disponible bruta). La elevada tasa de paro, del 20%, también deprimirá el consumo, tanto de los que han perdido su empleo como del resto, que percibe un mayor riesgo de perderlo. Las reducciones salariales de los empleados públicos, que pueden anticipar otras similares en el sector privado, supondrán otro freno al consumo.

En la misma línea operan las subidas de impuestos ya aprobadas (como la del IVA), las que podrían aprobarse en el futuro inmediato, el fin de los incentivos a la compra de determinados bienes (como los automóviles) y el efecto de anticipación del consumo que todas estas medidas han producido. Piénsese, por ejemplo, en la caída de la demanda de automóviles tras la subida del IVA y el final de las ayudas públicas. Por si todo lo anterior fuera poco, hay otra razón fundamental para dudar de la pronta recuperación del consumo. Buena parte de él se financia mediante créditos, y resulta difícil obtenerlos en un entorno de crisis financiera como el actual. Quien tenga dudas sobre esto, que contemple el contundente gráfico con la evolución de la financiación a los hogares elaborado por el Banco de España.

El resto de los componentes de la demanda interna no ayudarán a la recuperación del PIB ni siquiera en el idílico escenario gubernamental. En los PGE se prevé que el gasto público (“gasto en consumo final de las AA.PP.”) se reduzca un 1´6%. Como consecuencia de malgastar a manos llenas el dinero público en medidas publicitarias durante años, ahora resulta que el gobierno se ve forzado a recortar el gasto todavía en medio de la crisis, agravándola así en el corto plazo. Respecto a la inversión (“formación bruta de capital”), el propio gobierno prevé que caerá un 1´5% en 2011. La construcción no ha terminado su ajuste y disminuirá un 4´5%.

En la previsión oficial, esto se ve en parte compensado por un incremento de la inversión en bienes de equipo del 4´2%. De nuevo, no se entienden bien las razones de tanto optimismo. No es probable que las empresas necesiten nueva maquinaria en un escenario de exceso de capacidad, debilidad de la demanda interna e incierta recuperación internacional. La restricción del crédito resulta aquí relevante, de nuevo. Obsérvese la contracción del crédito que sufren en este momento las empresas, según los datos del Banco de España.

El último pilar en el que se apoya el optimismo de las previsiones oficiales es el favorable comportamiento del sector exterior. Se espera nada menos que un 6´4% de aumento en nuestras exportaciones de bienes y servicios al resto del mundo. En vista del debilitamiento de la economía estadounidense, y de la cancelación generalizada de los estímulos presupuestarios al crecimiento, esto se antoja inalcanzable. Por el contrario, nuestras importaciones aumentarían moderadamente, sólo un 2´9%. ¿No es esto contradictorio con las tasas de aumento de la inversión en bienes de equipo y del consumo anteriormente citadas?

Como, según el gobierno, el consumo de las familias, la inversión en maquinaria de las empresas y las exportaciones se van a comportar tan bien, se logrará que el PIB real, la producción española, crezca un respetable 1´3%. Ojala, pero no es esto lo que piensan la mayoría de los analistas. El panel de previsiones de FUNCAS sitúa la media de consenso en un crecimiento del PIB del 0´6%, menos de la mitad de la previsión oficial.

Resulta curioso, por otro lado, que al crecimiento previsto del 1´3% el gobierno añada una previsión de aumento del empleo del 0´3% (gracias a la cual la tasa de paro descendería hasta el 19´3%). Históricamente, sin embargo, la economía española ha necesitado tasas de crecimiento de más del 2% para crear empleo neto. Supongo que el gobierno argumentará que es la reciente reforma laboral la que va a permitir semejante milagro. Por desgracia, los decepcionantes primeros datos posteriores a la reforma no avalan ese punto de vista.

Todo esto puede que parezcan tecnicismos, que sólo interesan a los expertos. Nada más lejos de la realidad. En este momento, tanto los mercados financieros internacionales como la Unión Europea vigilan cuidadosamente las cuentas públicas españolas. Las turbulencias financieras no han terminado y el peligro de contagio, aunque menor, no ha desaparecido (como atestiguan los recientes problemas en Irlanda). Por eso, no basta con que estos presupuestos estén menos alejados de la realidad que los dos anteriores, que fueron simplemente delirantes.

Si las previsiones del gobierno se cumplen, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se rebajará al 6% del PIB y la deuda pública terminará el 2011 en un 68´7% del PIB. Eso ya sería lo bastante malo, pues el endeudamiento ha crecido tanto que ya se necesitan 27 400 millones de euros anuales para pagar únicamente los intereses. Pero es más preocupante aún que, antes de aprobarse los presupuestos, el propio gobernador del Banco de España y el FMI estén solicitando un plan B, por si no se cumplen y hay que realizar nuevos ajustes. Esta es la mejor prueba de que no se fían mucho del plan A. El sr. Fernández Ordóñez ha señalado otra importante fuente de dudas sobre la posibilidad de dejar el déficit de las administraciones públicas en el 6%. En la España de hoy, la administración central sólo es responsable del 20% del gasto público; son las descontroladas Comunidades Autónomas las que realizan el grueso del gasto. Pero esta es otra historia y deberá ser contada en otro lugar.