El ministro de industria tiene un plan

El 10 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral de Política Industrial 2020, que incluye un Plan de Acción 2011-2015. En la página web del Ministerio de Industria pueden verse tanto una presentación abreviada como el documento completo. Pese a que su aparición haya pasado desapercibida en medio del fragor de otros acontecimientos, los asuntos de que se ocupa el Plan son importantes. Uno de los problemas graves de la economía española es el escaso peso de la industria. Los años del ladrillo fácil, en los que el sector de la construcción proporcionaba rentabilidades imbatibles y acaparaba la financiación, contribuyeron a acelerar el proceso de desindustrialización.

La primera parte del Plan se dedica a realizar un diagnóstico de la situación actual de la industria española. Está hecho con una sinceridad y un detalle (contiene abundantes gráficos y tablas) que han dejado de ser habituales en los triunfalistas documentos oficiales de nuestro país. Refleja con claridad los principales problemas que aquejan al sector, si bien es cierto que perdiendo a veces de vista las interconexiones existentes entre ellos.

La industria en España tiene un peso menor que en las economías de nuestro entorno. Genera el 15´1% del PIB, frente al 18´1% de la UE-27 ó el 22% de Alemania. Esto ha preocupado poco a nuestras autoridades, tanto del PSOE como del PP, con el argumento de que las economías avanzadas se terciarizan, se convierten en economías de servicios. El argumento es engañoso, parece que obliga a elegir entre la industria y los servicios. En realidad, se trata de dos sectores complementarios, pues buena parte de los servicios con mayor valor añadido se suministran a la industria. Por otro lado, potenciar la industria resulta indispensable para el cambio del modelo económico español, del que tanto se habla. Se trata de un sector que proporciona empleos de calidad, con una alta productividad y mayores salarios, además de estar especialmente ligado a las actividades de I+D y a la exportación.

Uno de los grandes problemas de la industria española reside en el reducido tamaño de las empresas. Un 96´7% son empresas pequeñas o microempresas, un 2´82% tienen un tamaño mediano y sólo un 0´47% pueden considerarse grandes (aunque entre éstas hayan ido surgiendo algunas líderes con proyección internacional). En el debate público el asunto del reducido tamaño suele ligarse a cantos al pequeño empresario, que crea empleo, lo que hace olvidar el obstáculo que la escasa dimensión en realidad supone.

Con ese tipo de tejido empresarial resulta difícil innovar. Ello explica en parte la baja intensidad tecnológica de nuestro tejido industrial. La producción industrial de una intensidad tecnológica baja o media-baja concentra en España al 85% de las empresas, el 74% del empleo y el 65% de la producción. Para la producción de alto contenido tecnológico, las cifras son el 3´7% de las empresas, el 4´9% del empleo y el 5´4% de la producción.

Las empresas pequeñas encuentran especiales dificultades para acceder a los mercados exteriores. Esto se refleja en la escasa propensión exportadora de la economía española, en la que las exportaciones de bienes equivalen a un 15´5% del PIB, frente al 27´5% de la zona del euro. Además, lo que se exporta se concentra fuertemente en la Unión Europea, mientras que Asia, de tanta importancia por su mayor crecimiento, es el destino de sólo el 7% de las exportaciones españolas.

La pérdida de competitividad padecida por la economía española no ha ayudado a acceder al mercado internacional. Por poner un ejemplo, la industria española se enfrenta a un coste de la electricidad que es un 15´3% superior a la media de la UE. Todavía más preocupante resulta que la productividad española suponga un 68´3% de la media de la zona del euro.

Frente a estos problemas, el Plan ofrece la estrategia habitual de este gobierno: mucha propaganda políticamente correcta y pocas realidades. Las actuaciones se dotan, en teoría, con una cifra aparentemente monstruosa, 82 842 millones de euros, que se engorda acumulando las de los cinco años y de la que el Tesoro, en cualquier caso, hoy en día carece (en parte por haberla gastado en los costosos e ineficientes planes promovidos por el propio ministro Sebastián). Como siempre, se sustituye la calidad e importancia de las medidas por su cantidad (124 actuaciones, 26 ámbitos, 5 ejes, 10 ministerios).

El Plan incurre en la arrogancia de seleccionar los sectores de futuro de la industria española. Serían en concreto la automoción, el sector aeroespacial, la biotecnología, las TICs, la protección medioambiental, las energías renovables y la agroalimentación. Una vez más se resaltan los proyectos favoritos del ministro, como el coche eléctrico o la eficiencia energética en los edificios oficiales. Parecería más lógico crear unas condiciones generales favorables para la industria, de las que abajo hablaremos, y dejar a los empresarios hacer su trabajo. Esperemos que la inspiración empresarial que ha tenido estas visiones de futuro no sea la misma que permitió que Endesa terminase cayendo en manos de una empresa pública italiana.

Sobre esas bases se formulan unos objetivos numéricos (que la industria pase a suponer el 18% del PIB, duplicar el número de empresas innovadoras, un aumento de la productividad 1´5 puntos superior a la media europea…) que, dadas las fechas, habrá que considerar una especie de carta a los Reyes Magos.

A bote pronto, a uno se le ocurren con facilidad muchos asuntos que mejorarían la situación de la industria y que sí dependen del gobierno, por ser él el principal causante de los estropicios. Por ejemplo, y sin salir del ámbito de competencias del propio ministro, ¿los altos costes de la energía que padece la industria en España no tendrán que ver con el caos de las renovables, las subvenciones al carbón y el tratamiento de la energía nuclear?

Una reforma laboral que acabase con la dualidad, una mano de obra y unos científicos formados en un sistema educativo de calidad, terminar con la fragmentación del mercado interno español, reducir las regulaciones y los costes burocráticos que provocan las diferentes administraciones (vean la iniciativa de UPyD sobre el tema rechazada en el Congreso, combatir la morosidad (empezando por la pública), una Justicia que funcione en plazos razonables (para despidos, quiebras, morosos), la recuperación del crédito o el no enfrentarse a la perspectiva de subidas de impuestos continuas, ayudarían mucho más a la industria que estos bonitos planes multicolores.