Jubilarse a los 67 es lo menos importante

Los mismos gobernantes que, hasta hace unos meses, calificaban de mentiroso a todo aquel que osase señalar la menor deficiencia en el sistema de pensiones español, ahora nos dicen (con similar aplomo) que reformarlo a fondo es inevitable por razones demográficas. En cualquier caso, tales motivos demográficos sólo actuarían a largo plazo, siendo la pésima política económica general del gobierno la que ha convertido los problemas en acuciantes. Tener 4 600 000 parados ha disminuido las cotizaciones.

El estado general de las cuentas públicas, agravado por el despilfarro de los primeros años de la crisis, ha puesto nerviosos a nuestros acreedores internacionales. Estas son las verdaderas razones del repentino giro del discurso gubernamental. No sólo la demografía nos ha abocado a esta apresurada reforma (a la baja) de las pensiones.

Por otro lado, aunque hubiese que reformar, nada obligaría a hacerlo de la forma concreta que propone el gobierno. Desde fuera nos imponen ahorros, pero no nos ordenan lograrlos de una manera determinada. La forma antisocial que elige sistemáticamente este gobierno, supuestamente socialista, es responsabilidad únicamente suya. Se podría ahorrar en otros campos (como el despilfarro autonómico) o se podrían reformar las pensiones con una visión más amplia. En un tema tan sensible como éste, sería deseable mantener el consenso del Pacto de Toledo, que ya se ha vulnerado al congelar las pensiones y al anunciar el 28 de enero como la fecha en la que se aplicarán medidas unilaterales.

El Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por su Comisión de seguimiento en la reunión del 29 de diciembre de 2010, recoge bien la riqueza de asuntos a considerar. La edad legal de jubilación no debería ser el aspecto que polarizase todo el debate.

Existe margen para acercar la edad real de jubilación a la legal, combatiendo las prejubilaciones. Habría que penalizar fiscalmente esas prácticas perniciosas, que utilizan las jubilaciones tempranas como método para el ajuste de plantillas, erradicarlas de las empresas públicas, así como condicionar la concesión de ayudas públicas (como el FROB en el caso de las cajas de ahorro) a que no se recurra a tales procedimientos.

Por otro lado, el jubilarse con más de 65 años debería promoverse como algo voluntario, incentivando con un aumento mayor de la pensión futura al que continúe trabajando. Si el aumento de la edad de jubilación no es voluntario, debería ser al menos flexible: no puede ser igual para todas las profesiones (sea cual sea su dureza), ni independiente del número de años cotizados.

Es necesario seguir profundizando en la separación de fuentes de financiación. Las cotizaciones sólo deberían usarse para financiar las pensiones contributivas. En coherencia con este principio, los gastos de gestión y funcionamiento de la Seguridad Social deberían financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

 Puede ser correcto el incrementar el número de años que se utiliza en el cálculo de las pensiones. El sistema actual perjudica a los desempleados de edad avanzada, que son un porcentaje significativo de los nuevos jubilados. Estas personas se han visto obligadas a cotizar menos en los últimos años antes de jubilarse.

No todos los retoques en el sistema deberían de ser a la baja: habría que mejorar algunas pensiones concretas, como las de viudedad y orfandad. Una lucha más decidida contra el fraude podría aumentar considerablemente los ingresos del sistema. La economía sumergida equivale en España al 20% del PIB, lo que afecta tanto a la recaudación de los impuestos como a la de las cotizaciones.

El Fondo de reserva debería recoger obligatoriamente el superávit íntegro de la Seguridad Social, usarse sólo para pagar futuras pensiones contributivas y dejar de utilizarse como un instrumento para financiar al Estado, primando en sus inversiones la diversificación del riesgo y la búsqueda de rentabilidad.

Por último, pero no menos importante: diputados y senadores deben tener las mismas condiciones de acceso a la pensión que el resto de los ciudadanos. Es cierto que la cuantía de este privilegio no afecta significativamente al conjunto del sistema de pensiones, pero lo mismo podría decir cada ciudadano individual de su propia pensión. El valor de esta medida sería ejemplarizante. No es de recibo que nuestros representantes tomen una decisión que nos afecta a todos, excepto a ellos. Sólo la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha defendido en el Congreso el fin de los privilegios frente a la airada oposición del resto de partidos. ¡Qué seguros deben de sentirse todos ellos de la pasividad de los electores españoles para permitirse tal lujo!