El preocupante estado de lo que queda de la nación

La legislatura toca a su fin y, desafortunadamente para los que todavía nos gobiernan, va llegando la hora de hacer un balance. El debate parlamentario del estado de la nación, celebrado hace una semana, no sirvió para este fin. Ambos líderes del bipartidismo obligatorio volvieron a caer en el hueco pugilismo dialéctico habitual. Bien es cierto que el balance sólo puede ser provisional, pues aún queda tiempo para añadir algún estropicio. La Historia hará el definitivo, y demoledor, cuando contemple esta triste etapa con perspectiva. Porque el tiempo acaba poniendo a cada cual en su lugar. De hecho, ya ha empezado a hacerlo. Las mentiras van quedando al descubierto y los fracasos se vuelven evidentes. Incluso los cómplices más directos del zapaterismo intentan ahora distanciarse de las políticas que entre todos han aplicado. La lista de cadáveres políticos que esta administración socialista ha dejado a su paso es larga y permanece inconclusa.

También deja gravemente herido a su propio partido (lo que sólo a ellos les importa) y muy debilitada a España en lo económico, social e institucional (lo que debería preocuparnos a todos mucho más).Si se quiere ilustrar con datos numéricos la catástrofe económica y social que constituye el legado de este gobierno, sin duda los que mejor la resumen son los del mercado de trabajo. Recordemos algunos de la última Encuesta de Población Activa, pues proporciona la radiografía más fiable. Rozamos los 5 millones de parados (4.910.200) y unos gobernantes que lograron el poder prometiendo el pleno empleo presumen de no haber llegado a los 5 millones. La tasa de paro (21.29%) triplica la tasa alemana (7.1%) y duplica la de la zona euro (9.9%), habiendo iniciado la crisis en niveles similares, lo que indica claramente que existen problemas específicamente españoles más graves que los internacionales. Tras cuatro años de crisis se sigue destruyendo empleo.

El número de asalariado ha caído en 193.400 en el primer trimestre, disminuyendo la ocupación en todos los sectores. En los grupos sociales y comunidades más débiles, los problemas son peores: la tasa de paro juvenil supera el 45% y el paro andaluz está en el 29.68%.La persistencia del problema va generando un auténtico drama social, que puede terminar provocando estallidos más graves que los simples avisos hasta ahora vividos. Los hogares que tienen todos sus miembros en paro son 1.386 000; según Cáritas, más de 9 millones de españoles viven bajo el umbral de la pobreza; el INE cifra en el 24% el porcentaje de la población infantil en riesgo de pobreza (casi 2 millones de niños); un 30,4% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes; la desigualdad ha dejado de reducirse, según el último Informe FOESSA; el 10% más rico de la población es dueño del 40% de la riqueza.Aunque de cara a la inminente campaña electoral nos intentarán hacer creer lo contrario, la crisis económica y social que padecemos no está a punto de finalizar.

No se trata de aguantar un poco más y despertar, como si todo hubiese sido una pesadilla. Las perspectivas de crecimiento de la economía española son prácticamente nulas en 2011, lo que contrasta con las de una Europa que en conjunto ha salido ya de la crisis. Tanto el panel de previsiones de FUNCAS como el FMI vaticinan un raquítico crecimiento del 0´8%, que la prestigiosa revista The Economist deja en el 0´6%. Sólo el gobierno lleva años anticipando recuperaciones a la vuelta de la esquina, que nunca se materializan. Por el contrario, las perspectivas de crecimiento en Alemania son del 3´2% y en el conjunto de la Unión Europea del 2%. En España, sólo las exportaciones mantienen a flote la actividad, gracias a la recuperación exterior. En consecuencia, se espera un crecimiento del empleo nulo o incluso negativo en 2011. Estas malas perspectivas no se deben a ninguna conjura internacional contra nosotros, sino que están plenamente justificadas, pues cuatro años después del estallido de la crisis todos sus frentes siguen abiertos. La crisis del sistema financiero es la que debería haberse intentado solucionar con más urgencia, pues sin crédito el consumo y la inversión no podrán recuperarse. Así lo entendieron el resto de países, que acometieron operaciones de saneamiento y reestructuración rápidos y han superado ya este problema.

En España, la mejor situación de partida se convirtió en el pretexto para dejar que el problema se pudriese y terminar peor que los demás. Aquí el crédito sigue congelado, algo a lo que han ayudado las mayores exigencias de capital recientes. Con datos del Banco de España, en marzo de 2011 el crédito a los hogares se contraía un -0´5% y el crédito a las empresas estaba estancado (crecía un 0´7%). Es lógico que así sea, puesto que en España el agujero en los balances bancarios sigue sin estar ni cuantificado ni saneado. ¿Cuántos créditos están dañados? ¿A cuánto pueden ascender las pérdidas? Oficialmente se cifra en 180 800 millones la exposición potencialmente problemática, sólo en promoción y construcción. El martes 14 de junio en Madrid, Nouriel Roubini estimo las pérdidas en 65 000 millones, pero no descartó que llegasen a los 190 000 millones. Con datos del 17 de junio de 2011, la morosidad ascendía al 6.36% (115 000 millones), siendo del 15.24% en los créditos a los promotores inmobiliarios (47 648 millones). Mientras tanto, los responsables del desaguisado siguen pilotando las entidades rescatadas con dinero público sin ninguna asunción de responsabilidades y la gestión no se ha despolitizado.

Ahora, las entidades han de captar capital en un entorno en el que hasta Telefónica o el Banco de Santander han tenido dificultades, lo que algunas no podrán hacer y otras sólo a precios de saldo. El ajuste del sector inmobiliario tampoco ha finalizado, con más de un millón de viviendas sin vender y una parte del ajuste de precios pendiente. Respecto a la crisis de las cuentas públicas, el último dato del déficit es el de 2010, que arrojó un espectacular 9´3% del PIB. En 2011 se está intentando reducir a un todavía elevado 6% del PIB. No está claro que vaya a lograrse, por el descontrol autonómico generado con la complicidad tanto del PSOE como del PP. Los acontecimientos recientes siguen sin invitar al optimismo. Cataluña ha aprobado unos presupuestos con un déficit que duplica el permitido y no ha pasado nada. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se constató que más de la mitad de las comunidades sobrepasan el déficit permitido. Además, a menudo sin figurar en esos presupuestos, existen casi 5.000 entes públicos autonómicos y locales. De ellos, 228 se han creado recientemente, con la crisis ya iniciada. Como consecuencia de los déficit desbocados, la deuda pública (que partía de valores moderados) ha crecido vertiginosamente. Ha pasado del 36,2 por 100 del PIB en 2007 al 63,6 en el primer trimestre de 2011 (679.779 millones de euros). Dentro de ella, la deuda autonómica de 121 400 millones equivale al 11.4% del PIB, con un incremento del 103% desde 2007. La morosidad de las administraciones ha llevado a la quiebra a numerosas empresas.

De las grandes reformas estructurales que iban a cambiar el modelo productivo ¿qué decir? La reforma educativa, la más importante y que podría no costar dinero (pues el problema fundamental es de incentivos, tanto en el profesorado como en el alumnado), no se ha realizado. Se ha logrado empeorar la situación energética, algo que no resultaba sencillo. Los datos indican el fracaso de la timorata y mal diseñada reforma laboral. Las pensiones sí que se han reformado, por la vía rápida y a costa de los pensionistas, pero sin mejorar el diseño del sistema. Esta falta de vigor reformista no ha permitido solucionar el problema de falta de competitividad que sufre la economía española. Prueba de ello es que el déficit por cuenta corriente sigue siendo del 3.9% del PIB en plena crisis, manteniendo las elevadas necesidades de financiación exterior de la economía. Junto a esta herencia, que puede tardar lustros en ser superada, la política de tierra quemada del actual gobierno nos lega el desmantelamiento de los instrumentos que podrían permitir a los que le sucedan encontrar una solución. El desmantelamiento del Estado apenas permite ya realizar unas políticas comunes en todo el territorio nacional.

El peso de la administración central ha disminuido fuertemente, y la doctrina oficial no considera constitucional realizar ni las mínimas tareas de coordinación autonómica (pese a que numerosos artículos de la Constitución afirman taxativamente lo contrario). Este desmantelamiento institucional e incluso identitario (nuevos estatutos, federalismo asimétrico, desprestigio del Tribunal Constitucional y politización de la Justicia, renuncia a reformar la Ley Electoral más que para consolidar el falso bipartidismo, rendición incondicional ante los testaferros de ETA…) supera en gravedad al legado económico. Amenaza seriamente la supervivencia de España como país (por mucho que nos empeñemos en no querer verlo) y ha sido una política libremente elegida por el zapaterismo. Nuestros actuales gobernantes tienen suerte de vivir tan alejados de la realidad; seguramente eso es lo único que les permite soportarla.

Para remate, con un país al borde del estallido social, se permiten ahora posponer las elecciones generales por motivos meramente partidistas. Quieren alejar las elecciones cuanto puedan de la debacle autonómica y local. El pretexto son las reformas pendientes, pero los últimos anuncios demagógicos indican que no harán nada a partir de ahora que pueda quitarles votos. ¡Váyanse ya, por favor! No es posible tener un presidente zombi en la Moncloa durante nueve meses con el país en estas condiciones.Por terminar con algún destello de esperanza, les remito al decálogo enumerado en su intervención por la líder de UPyD, Rosa Díez. Señala la dirección (de reformas radicales) hacia la que debería moverse urgentemente este país si quiere tener futuro.