(Según) Hacienda somos todos (defraudadores, o casi)

En 1941, Donald Rugg condujo un interesante experimento. Dividió en dos mitades a un grupo de personas aleatoriamente escogido. A la primera mitad se le pidió que contestase a la siguiente pregunta: “¿Cree usted que Estados Unidos debería permitir los discursos contra la democracia?” La segunda se enfrentó a su envés (“¿Cree usted que Estados Unidos debería prohibir los discursos contra la democracia?”).

Un 25% votó “sí” a la primera pregunta y, sin embargo, el porcentaje de encuestados que votó “no” a la segunda fue de un 46%; una disparidad de un muy notable 21% atribuible a la manera en que fueron planteadas dos preguntas que, en el fondo, eran un mismo interrogante. Desde entonces los realizadores y los intérpretes de encuestas varias prestan mucha atención a la manera en que una determinada selección semántica y orden sintáctico puede decantar las respuestas del preguntado, sesgando convenientemente la imagen de la opinión pública. Salvo que los resultados se presenten en mitad de agosto y pillen al personal con la guardia de vacaciones. Entonces los medios trasladan la noticia de agencia tal cual y nos desayunamos con el tradicional retrato del español delictuoso. “El 43% de los españoles justifica el fraude fiscal, y basa su opinión en que son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (el 34%) o en que lo normal es evadir los impuestos (el 9%), según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF)” afirmaba la noticia de Efe, pareciendo querer dar a entender que con una ciudadanía tan moralmente laxa es difícil trabajar.

Es comprensible que Efe no muerda la mano que le da de comer, pero ¿qué pasa con el resto de los medios? ¿Nadie se leyó el informe original? Si lo hubieran hecho, habrían podido comprobar cómo las opciones entre las que tenían que elegir los encuestados cuando se le preguntaba sobre su disposición a justificar el fraude fiscal eran:

“No se puede justificar en ningún caso; es una cuestión de solidaridad y de principios”.

“Hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican un cierto fraude para salir adelante”.

“El fraude es algo consustancial en los impuestos, todos tienden a hacerlo y de este modo se consigue un cierto equilibrio”.

Puestos a retratarse como rigoristas antipáticos, cínicos irredentos o almas misericordiosas y razonables, capaces de contemplar avatares en la “vida personal” (plus semántico-lenitivo) que puedan empujar hacia “un cierto” (plus semántico-analgésico) fraude, no es extraño que un tercio de las respuestas se inclinasen hacia la segunda opción. Ahora bien, de la misma forma que la absolución del pobre pero honrado padre de familia que se ve obligado a afanar una gallina para dar de comer a sus hijos no supone una justificación social del robo, ni preguntas ni respuestas a los encuestadores del IEF sostienen el amarillento titular de Efe. De hecho, con el mismo rigor podría sostenerse que “un 91% de los españoles condena el fraude fiscal, excepto en circunstancias muy excepcionales”. Pero entonces habría que preguntarse cómo es posible que una mayoría de los españoles sigan pagando religiosamente sus impuestos cuando, según el propio informe, albergan serias dudas sobre la rentabilidad de sus impuestos en términos de servicios públicos prestados,

sobre su función distributiva,

o sobre lo bien que se aprovechan nuestros impuestos en relación a otros países europeos.

Es decir, dudas serias sobre la gestión de nuestro dinero por parte de las administraciones públicas, que es de lo que deberían haberse hecho eco los medios.

¿Están estas dudas justificadas? Y, si lo están, ¿qué van a hacer los de arriba para mejorar el concepto de ellos que tiene el ciudadano, más allá de la cosmética política habitual? En esto de la fiscalidad, como en tantas otras cosas y si no les importa, menos criminalizar a buena parte de la ciudadanía vía encuesta ad-hoc, y más ponerse a la tarea de remediar lo remediable, que para eso les pagamos.

Buena semana a todos, y tengan cuidado ahí fuera.