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El incremento de la deuda gubernamental que nos espera
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Ignacio Rodríguez Añino

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El incremento de la deuda gubernamental que nos espera

Los veinte miembros de la Unión Económica y Monetaria  Europea están sujetos teóricamente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en 1997. Se espera que los

Los veinte miembros de la Unión Económica y Monetaria  Europea están sujetos teóricamente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en 1997. Se espera que los estados miembros que firmaron el pacto se comprometan a respetar tres reglas fiscales: el déficit presupuestario de las administraciones públicas no debe ser superior al 3% del presupuesto del año anterior, la deuda pública no debe llegar al 60% del PIB  y el déficit presupuestario debía ser cero - o incluso existir superávit - a lo largo de un ciclo económico.

¿Cómo lo están haciendo los Gobiernos con la crisis? Como todo el mundo sabe, no muy bien. En este gráfico se muestra cómo la mayoría de los gobiernos están rompiendo sus propias reglas para ayudar a sus respectivas economías y a sus sistemas financieros a salir del bache. El cómo van a lograrlo es, desgraciadamente, todavía una incógnita. 

La realidad es que es muy difícil que las reglas fiscales se cumplan. Si la Unión Europea pone una multa por no cumplir el objetivo de déficit, paradójicamente la propia multa podría empeorar la situación. Al final, los que mayor fuerza tienen para hacer cumplir las normas son los tan denostados mercados de capitales.

Si los mercados pierden confianza en un gobierno,  el coste de su deuda subirá y además será más difícil que encuentre financiación en los mercados internacionales de bonos. Cuando esto pasa, lo que hacen los gobiernos -y tenemos un ejemplo muy cercano- es acometer planes de reestructuración más o menos drásticos, que de otra forma nunca se hubieran producido, como por ejemplo la reforma de las pensiones.

Hablando de pensiones y de envejecimiento de la población, en febrero de 2010 el BIS publicó un informe titulado “El futuro de la deuda pública: perspectivas e implicaciones", donde se incluyen previsiones de deuda pública en varios países desarrollados en los próximos 30 años. Las cifras finales de deuda se disparan como resultado del envejecimiento de la población y de los pasivos ocultos debido al gasto que este envejecimiento va a provocar. 

El ejercicio es teórico pero los datos dan que pensar. En el gráfico que incluye el estudio la línea roja representa el escenario central, que llevaría la deuda en 2040 en España al 300% del PIB; la línea verde recoge una mejora paulatina de las finanzas gubernamentales – que “sólo” llevarían la deuda cerca del 180% del PIB- ; y la azul - deuda en el entorno del 110% del PIB- sería la consecuencia  de políticas económicas draconianas de recorte de las deudas derivadas del envejecimiento poblacional. Algo que parece bastante improbable que pueda hacer cualquier gobierno por el impacto social que supondrían, ya que serían más de lo que han tenido que acometer Grecia o Irlanda

El informe del BIS no aconseja cómo afrontar estos peligrosos déficits fiscales inminentes derivados de esta situación, pero apunta a que “la decisión de aumentar la edad de jubilación parece una mejor medida que un recorte futuro de las prestaciones o una subida de impuestos”.

Es una idea similar a la que recoge la reforma española, la edad de jubilación se tendrá que adaptar a la esperanza de vida. ¿Nos tendremos que jubilar entonces a los 70, 75 o a los 80 años dentro de unas décadas? Yo no apostaría por lo contrario.

Mirando mucho más a corto plazo, una reflexión sobre inversiones: con la situación actual de déficits públicos altos que obligan a aumentar la emisión de deuda de los estados, situaciones a medio y largo plazo que van a demandar más financiación y por último un petróleo empujando al alza la inflación debido a las tensiones geopolíticas en los países productores, no parece probable que los bonos gubernamentales vayan a ser un activo atractivo en 2011. 

Ignacio Rodríguez Añino, responsable de M&G Investments en España

Los veinte miembros de la Unión Económica y Monetaria  Europea están sujetos teóricamente al Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en 1997. Se espera que los estados miembros que firmaron el pacto se comprometan a respetar tres reglas fiscales: el déficit presupuestario de las administraciones públicas no debe ser superior al 3% del presupuesto del año anterior, la deuda pública no debe llegar al 60% del PIB  y el déficit presupuestario debía ser cero - o incluso existir superávit - a lo largo de un ciclo económico.