Un pacto por una España más socialdemócrata

Albert Rivera prometió no abstenerse para facilitar una investidura de Rajoy. Finalmente, es cierto, no se abstendrá: votará a favor. No es la primera vez que Ciudadanos se desdice radicalmente de la palabra dada a su electorado: lo mismo sucedió cuando proclamó solemnemente que “en ningún caso” apoyaría un Gobierno presidido por Pedro Sánchez apenas un mes antes de hacerlo. Algunos correrán prestos a justificar semejantes contradicciones calificándolas de “sentido de Estado”, “cintura política” o “habilidad negociadora”. Por mi parte, solo observo impostura: si los compromisos eran firmes, no ha lugar a transgredirlos; y si no lo eran, no había lugar a venderlos como tales ante el electorado para cazar oportunistamente su voto.

Mas acaso sea improcedente criticar a Ciudadanos por mimetizar las malas artes del resto de partidos. Su impostura es la misma impostura que define a todos los políticos -tanto a los viejos como a los nuevos- en su obsesiva lucha por conquistar el poder a costa de lo que sea: incluyendo, claro, su propia honradez. En política, si no pisas, te pisan, por lo que mantener la palabra dada, ir de frente y ser transparente no son opciones verdaderamente realistas. Mucho menos entendible, sin embargo, resulta el giro dado por Ciudadanos no ya en su estrategia de pactos, sino su mensaje político de fondo: “Quiero un Gobierno que no robe y que cuadre las cuentas”, manifestó Rivera hace cinco meses. “No quiero una economía controlada por el intervencionismo estatal y los oligopolios”, había declarado un poco antes al 'Financial Times'. Y, por desgracia, el acuerdo de investidura suscrito ayer con el Partido Popular abniega de estos dos pilares fundamentales: ni austeridad presupuestaria, ni liberalización económica.

Austeridad presupuestaria

Por inconcebible que pueda parecer, Ciudadanos ha presionado al PP para que descuadre aún más las ya de por sí descuadradísimas cuentas de Montoro. Y como no podía ser de otro modo, el PP, el partido que más ha endeudado a los españoles en toda nuestra historia, ha concedido encantado: acceder a La Moncloa gastando a cuenta del bolsillo presente y futuro de los españoles sale muy a cuenta.

Si los compromisos eran firmes, no ha lugar a transgredirlos; y si no lo eran, no había lugar a venderlos como tales ante el electorado

Sí, Ciudadanos ha arrancado al Partido Popular el compromiso de incrementar el gasto público estructural en casi 8.000 millones de euros anuales. El principal destino de estos nuevos fondos será el tantas veces mentado complemento salarial (dotado con 2.100 millones por ejercicio), seguido por el plan de lucha contra la pobreza infantil (nutrido con 1.560 millones anuales). Otras partidas -como el programa de activación de empleo, la red de transferencia tecnológica, la lucha contra el fraude o el plan de refuerzo educativo- concentrarán los restantes 4.100 millones.

Las medidas poseen un carácter netamente socialdemócrata y podrían ser objeto de crítica incluso si nos las pudiéramos permitir -por ejemplo, el complemento salarial ha contribuido a deprimir los salarios brutos tanto en EEUU como en Reino Unido-. Pero el caso es que no nos las podemos permitir: después del escandaloso incumplimiento del déficit de 2015 debido al populismo fiscal del PP y tras la consecuente renegociación de la senda de déficit con Bruselas, las administraciones públicas españolas deben ajustar sus cuentas en más de 25.000 millones anuales de aquí a 2018. Si las previsiones de crecimiento, de inflación y de recaudación del Gobierno se terminaran materializando (nótese que, hasta la fecha, las de inflación se han violado sistemáticamente), a finales de 2018 recaudaremos unos 33.000 millones de euros más que en 2016 y gastaremos 8.000 millones de euros más en transferencias sociales. Así pues, cumpliríamos raspados el déficit siempre y cuando otras partidas de gasto se redujeran por mera evolución cíclica. Si, en cambio, la inflación evoluciona como en 2015 o 2016, sufriríamos un agujero cercano a 10.000 millones de euros.

Debería ser obvio que no tenemos margen para jugárnosla después del descrédito ya sufrido ante Bruselas. Y, pese a ello, PP y Ciudadanos han decidido echarle más leña al fuego: 8.000 millones de euros más de gasto por año que serán sufragados con ingresos de dudosa procedencia. La mitad procederá de sablear con más impuestos a las empresas apelando a la mentira de que los grupos consolidados se benefician de tipos ultrarreducidos; la otra mitad, de partidas tan vaporosas como la lucha contra el fraude fiscal o la eliminación de duplicidades.

Acaso por ello, ambos partidos hayan decidido curarse en salud añadiendo una nota al pie que, a la hora de la verdad, debería invalidar todo lo negociado con anterioridad: “Las dotaciones presupuestarias anteriores se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por el Reino de España”. Vaya, que si no se cumple con el déficit, no se darán los aumentos del gasto prometidos. El problema, claro está, es que la mayor parte de esas medidas se aprobarán antes de conocer la evolución definitiva de las cuentas públicas en 2017 y 2018. ¿Y quién se atreverá a recortarlas una vez en vigor por muy descuadradas que resulten las finanzas públicas? No cuenten para ello ni con el PP, que ya decretó el final de los recortes allá por 2014, ni tampoco con Ciudadanos, cuyo líder manifestó ayer que su pacto con el PP “ponía fin a los recortes sociales”. Más gasto y más impuestos, pero no más rigor presupuestario.

Liberalización económica

Resulta muy significativo que en el acuerdo PP-Ciudadanos no aparezca ni una sola vez la palabra 'liberalización' o las expresiones 'libertad económica' o 'libre mercado'. Pese a que las dos formaciones han hecho gala en algún momento de representar a los votantes liberales, y de considerar a los mercados como los principales instrumentos para la creación de riqueza, brillan por su ausencia las reformas estructurales basadas en liberar a la economía de sobrerregulaciones estatales.

Pese a que ambas han hecho gala de representar a los votantes liberales, brillan por su ausencia las reformas para eliminar sobrerregulaciones estatales

De hecho, es más bien al revés. En el apartado dedicado a promover la “competencia y eficiencia en los mercados de bienes y servicios”, encontramos de todo salvo más libertad económica: aseguramiento de la independencia de organismos reguladores, creación de nuevas burocracias y normativas dedicadas a proteger a los consumidores, y más planificación estatal en sectores estratégicos como la energía, la agricultura, la pesca, el turismo, la I+D+i o las infraestructuras. Sí, han leído bien: a la competitividad no se llega con más libertad económica, sino con más burocracia, más regulaciones y más planificación “por criterios técnicos objetivos”.

Solo en una ocasión, al proponer nuevas leyes que garanticen la unidad de mercado, se desliza la propuesta de eliminar “las excepciones y barreras regulatorias injustificadas, incluyendo las medioambientales, culturales, o de seguridad e higiene”. Pero, incluso aquí, no nos hallamos ante una genuina liberalización económica, sino ante un proceso de armonización normativa teledirigido por otra burocracia de nueva creación -la Secretaría General de Unidad de Mercado- que atenderá a las “demandas de los operadores de mercado”, esto es, a las peticiones facciosas de los 'lobbies' económicos de turno para afianzar su posición oligopolística frente a potenciales nuevos competidores.

Especialmente llamativa resulta, de hecho, la absoluta claudicación a profundizar en la necesaria, sana y dinamizadora liberalización del mercado laboral. Es verdad que, en general, Ciudadanos jamás apostó por la libertad laboral salvo en aspectos auxiliares como la creación de un “cheque formativo” que permitiera a cada parado escoger su itinerario formativo (cheque que, por cierto, sí aparece en el acuerdo). Frente a la libertad laboral, Ciudadanos apostó por un contrato único con indemnización creciente, dirigido a reducir la dualidad que la propia regulación está perversamente generando en España. La lógica del contrato único era sencilla: unificar las indemnizaciones devengadas cada año por fijos y temporales para no sesgar todos los despidos en el (más barato) personal temporal. 

La cuestión es que se pueden unificar las indemnizaciones encareciéndolas, abaratándolas o manteniéndolas en términos medios. En sus versiones originales, la formación naranja apostaba por un contrato único que encareciera relativamente la contratación temporal y que abaratara relativamente la contratación indefinida: se pretendía minorar la temporalidad sin encarecer los costes globales del empleo en términos medios. En la nueva versión acordada con el PP, el contrato único desaparece y solo se opta por encarecer el despido de los trabajadores temporales: más costes laborales que acaso promuevan el empleo indefinido, pero solo a costa de ralentizar la creación de nuevo empleo.

Conclusión

En suma, el acuerdo económico entre PP y Ciudadanos no vuelve a España marginalmente más liberal, sino marginalmente más socialdemócrata. Frente a la clásica reivindicación liberal de menos impuestos, menos gastos y menos regulaciones estatales, PP y Ciudadanos han opuesto recetas intervencionistas consistentes en más gasto, más impuestos y más regulaciones estatales. No por casualidad, el propio Albert Rivera instó rápidamente a Pedro Sánchez a sumarse a la entente: dos tercios del acuerdo coinciden casi textualmente con el que en su momento firmaron Ciudadanos y el PSOE.

Frente a la clásica reivindicación liberal, PP y C's han opuesto recetas intervencionistas consistentes en más gasto, más impuestos y más regulación estatal

Eso sí, a pesar de todo, hay que reconocer que el pacto no es una catástrofe: sobre el papel, el incremento neto del gasto público será de 6.000 millones de euros al año, los cuales son una filfa al lado de la suicida propuesta de Podemos de aumentarlo en 90.000 millones anuales. A su vez, el nuevo marco regulatorio impulsado por el acuerdo dista de aspirar a planificar (aún más) inquisitorialmente la vida interna de las empresas y su interacción en los mercados: las (poco liberales) reglas de juego actuales se mantienen esencialmente intactas, por lo que empresarios, autónomos y trabajadores no experimentarán alivio normativo alguno, pero tampoco serán sepultados bajo un Himalaya de nuevas reglamentaciones. Si algo define a este acuerdo es, pues, la estabilidad en lo esencial con el sesgo marginalmente socialdemócrata al que ya nos hemos referido.

O expresado de otra forma: lo único bueno de este acuerdo es que podría haber sido mucho peor. A muchos les bastará con eso; otros, en cambio, seguiremos rechazando el 'statu quo' y defendiendo una sociedad mucho más liberal que la que nos ofrece el pensamiento único socialdemócrata.