Una de las cifras más repetidas durante los últimos años de crisis ha sido que la corrupción le cuesta a España 48.000 millones de euros anuales. Se trata de una suma muy abultada: equivale al 10% del gasto público, a todo el recorte del déficit público experimentado desde 2011 o al conjunto de los desembolsos estatales en educación. El guarismo es frecuentemente empleado por los dirigentes de Podemos, pero también por los de PSOE o Ciudadanos, para reivindicar su proyecto político: no en vano, estamos ante un número que permite ligar la necesaria regeneración de nuestras instituciones con las promesas 'gratuitas' de aumentar el gasto o de rebajar los impuestos. “No solo seremos más honestos, sino que gracias a ello nadaremos en la abundancia presupuestaria”.

Pero ¿de dónde surge esta gruesa estimación? Aparentemente, de una buena fuente: la ofrece la CNMC en un informe publicado a comienzos de 2015: 'Análisis de la contratación pública en España'. Al cálculo se llega de una forma muy simple: en el año 2011, el gasto estatal en contratación pública ascendió al 18,5% del PIB y, a partir de un documento de 2006 de la ONG Transparencia Internacional que ni siquiera se refiere a España, se termina concluyendo que las ineficiencias en la licitación pública podrían llegar a encarecer los costes de esos contratos en un 25%: es decir, el 4,6% del PIB o 48.000 millones de euros.

A poco que se reflexione sobre ello de manera desapasionada, cualquiera se dará cuenta de que este cálculo está lleno de agujeros y de que no debería ser utilizado en un debate público mínimamente serio —y, mucho menos, utilizado como dogma de fe y como dato absolutamente contrastado—.

CNMC no atribuye los sobrecostes a la existencia de corrupción, sino a las ineficiencias en el proceso de contratación pública por la falta de competencia

Primero, la CNMC no atribuye los sobrecostes del 25% a la existencia de corrupción, sino a las ineficiencias en el proceso de contratación pública derivadas de la falta de competencia. Cito textualmente: “Se estima que en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública”. Evidentemente, la falta de competencia puede deberse a la corrupción (concesiones a dedo a cambio de las pertinentes mordidas), pero no necesariamente ha de ser así. De hecho, la CNMC lanza en ese mismo documento una serie de recomendaciones para mejorar la eficiencia en la licitación pública que no pasan en esencia por combatir la corrupción, sino por mejorar su procedimiento: aumentar la transparencia y la publicidad; exigir una evaluación de eficiencia económica y de competencia efectiva; incrementar el uso de las nuevas tecnologías de la información; intensificar la cooperación administrativa, y simplificar sus trámites.

Segundo, el porcentaje del 25% de sobrecostes vinculados a las ineficiencias en la licitación pública no es un porcentaje que se haya estimado tras un análisis empírico del comportamiento de las administraciones públicas españolas: es un porcentaje genérico que Transparencia Internacional imputa potencialmente a todos los países del mundo de manera indiscriminada. Dicho de otra manera, siguiendo la misma metodología de la CNMC, uno debería concluir que, en 2011, el país más corrupto de Europa era Holanda: al cabo, su gasto en contratación pública ascendía al 30% del PIB, de manera que —trasladando esa genérica cuña-mordida del 25% sobre el gasto total— se colegiría que el coste de su corrupción asciende al 7,5% de su PIB (muy por encima del 4,6% de España). Si, como es lógico, consideramos esta conclusión apresurada, chapucera e infantil, entonces también habrá que hacerlo para el caso de España: pues, insisto, se ha calculado exactamente de la misma manera.

Y tercero, desde el año 2011, los recortes del gasto público han minorado sustancialmente el gasto anual en licitaciones públicas. La Comisión Europea define la partida 'licitaciones públicas' como la suma del gasto público en consumos intermedios, formación bruta de capital y prestaciones sociales en especie, más el valor agregado bruto del sector de las 'utilities'. En 2016, todas esas rúbricas totalizaban el 12,7% del PIB, de modo que —aplicando nuevamente el sobrecoste del 25%—, el agujero de la corrupción habría caído durante los años de gobierno del PP desde el 4,6% del PIB hasta el 3,1%, es decir, desde 48.000 a 35.000 millones de euros. De nuevo, si uno considera que esta es una conclusión apresurada, chapucera e infantil, tendrá que decir lo mismo de la estimación inicial de 48.000 millones de euros en sobrecostes por corrupción. Además, fijémonos también en que la simplista metodología empleada por la CNMC, y validada por nuestros partidos políticos, conduce a la muy liberal conclusión de que… ¡a mayores recortes del gasto público, menor corrupción! Si indefectiblemente la corrupción representa el 25% del gasto en contratación pública, ¿qué mejor forma de combatirla que minimizando el gasto en licitaciones públicas?

La simplista metodología empleada por la CNMC conduce a la muy liberal conclusión de que… ¡a mayor recorte del gasto público, menor corrupción!

En definitiva, para que fuera cierta la cifra de 48.000 millones de sobrecostes por la corrupción, debería suceder: a) que los sobrecostes por ineficiencias en la contratación pública en España fueran del 25% y no cualquier otra cifra; b) que esas ineficiencias por falta de concurrencia se dieran en todos los contratos públicos (o que la media ponderada de todas las ineficiencias fuera esa); c) que todas esas ineficiencias fueran imputables a la corrupción, y d) que las administraciones públicas siguieran controlando el 18,5% del PIB en forma de contratos públicos. No existe ningún análisis empírico que certifique ninguna de las tres primeras condiciones (puro humo especulativo), y la cuarta es directamente falsa. Por tanto, la cifra no tiene ninguna base.

Con todo ello no pretendo negar la podredumbre institucional de nuestro país ni tampoco, evidentemente, la imperiosa necesidad de volver los procedimientos de licitación pública más eficientes y competitivos. Sí pretendo, por el contrario, alertar contra el abuso en la arena política de una cifra —los 48.000 millones anuales por corrupción— que carece de todo rigor y que solo se utiliza como un demagogo comodín para evitar entrar en un debate mucho más de fondo acerca de la sostenibilidad fiscal de nuestro sobredimensionado sector público. La próxima vez que escuche a algún propagandista hablar del sobrecoste de 48.000 millones de euros anuales por corrupción, sepa que o bien ese propagandista ignora de qué está hablando o bien le está tomando por un tonto fácilmente manipulable.