Derecho a la vida también es derecho a la eutanasia

Quienes se oponen a despenalizar la eutanasia suelen emplear, en esencia, dos argumentos: uno que se refiere al fondo de la cuestión y otro a sus procedimientos

Foto: Manifestación contra la eutanasia en Lisboa. (EFE)
Manifestación contra la eutanasia en Lisboa. (EFE)
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Eutanasia significa etimológicamente “buena muerte” y no es más que un procedimiento mediante el cual una persona, normalmente un médico, pone fin a la vida de un paciente con el consentimiento de ese paciente. La eutanasia cumple un propósito muy parecido al del suicidio asistido, con la única diferencia de que, en este último caso, es el propio paciente quien pone activamente fin a su propia vida aun cuando cuente con el apoyo de un equipo médico. En ambos casos, pues, se trata de despenalizar la cooperación en la terminación de la vida de una persona cuando esa persona quiere informadamente hacerlo.

El Congreso, con la sola oposición del PP, acaba de aprobar la tramitación de una proposición de ley del PSOE para regular el derecho de determinadas personas —pacientes con discapacidad grave y crónica o con enfermedades graves e incurables— a la eutanasia. De ser finalmente aprobado, España no será el primer país occidental donde tal procedimiento ya ha sido despenalizado: en Holanda, Bélgica y Luxemburgo ya existe el derecho individual a la eutanasia, mientras que en Suiza y ciertos estados de EEUU (Oregón, Washington, Montana o Vermont) ya existe el derecho al suicidio asistido.

Derecho a la vida también es derecho a la eutanasia

No todos, sin embargo, se muestran conformes con semejante despenalización. El Partido Popular bloqueó durante sus seis años de gobierno cualquier posibilidad de legalizar la eutanasia y a día de hoy vocifera en contra de la proposición de ley. Incluso algunos candidatos a la presidencia del PP, que dicen ser representantes de las esencias 'liberales' del partido, han clamado contra el derecho a la eutanasia. ¿Por qué? Quienes se oponen a despenalizar la eutanasia suelen emplear, en esencia, dos argumentos: uno que se refiere al fondo de la cuestión y otro a sus procedimientos.

El argumento sobre el fondo afirma que la eutanasia atenta contra el derecho a la vida, dado que consiste en legalizar el homicidio bajo determinados supuestos. Quienes así argumentan, empero, confunden el derecho a la vida con la obligación a la vida. El derecho a la vida es el derecho de cada individuo, frente al resto del mundo, a disponer de su propia vida: tal derecho implica, por un lado, que nadie debe poner fin a la vida de una persona cuando esa persona desea seguir viviendo y también que nadie debe impedir que una persona ponga fin a su vida cuando no desea seguir viviendo. Derecho a vivir no es obligación de vivir, que es lo que realmente promueven determinados grupos como la Conferencia Episcopal cuando desdeñan el derecho a la eutanasia. En suma: cada individuo es el titular del derecho sobre su propia vida y, en consecuencia, impedirle terminar con ella también es otra forma de conculcar su derecho a la vida.

Derecho a vivir no es obligación de vivir, que es lo que realmente promueven determinados grupos cuando desdeñan el derecho a la eutanasia

El argumento sobre los procedimientos asevera que la eutanasia es una técnica que, sin las suficientes garantías, podría provocar una gigantesca indefensión jurídica entre aquellas personas a las que se les practique sin su genuino e informado consentimiento. A la postre, el titular del derecho a la vida es cada persona individualmente considerada: de la vida de un paciente no pueden disponer ni sus médicos, ni sus hijos, ni su cónyuge, ni otros sujetos potencialmente interesados en ella. ¿Acaso no existe entonces el riesgo de que algunos pacientes sean asesinados en contra de su voluntad impostando —o manipulando su consentimiento— por parte de aquellas personas que, debido a distintas razones, no desean que siga con vida?

El argumento acerca de los procedimientos es mucho más pertinente y razonable que el —mal— argumento sobre el fondo del derecho. Es verdad que la despenalización de la eutanasia abre teóricamente la puerta a un peligrosísimo fraude de ley: descriminalizar homicidios camuflados de eutanasia. Pero nótese que el argumento sobre el procedimiento es válido únicamente cuando no existen garantías suficientes como para evitar semejante fraude de ley. Quienes utilizan este argumento para atacar la proposición de ley del PSOE deberían, en coherencia, indicar qué partes del procedimiento propuesto —solicitud, escrita y voluntaria, por parte del paciente que demanda la eutanasia; supervisión de la misma no solo por el médico que la practica, sino por otro facultativo externo; análisis de la misma por parte de la Comisión de Evaluación y Control; plazo mínimo de todo el proceso de 32 días— son susceptibles de abuso y, a su vez, qué mejoras podrían introducirse para minimizar semejante riesgo de abuso. Si no existe un injustificado prejuicio de fondo contra el derecho a la eutanasia, sino solo una más que justificada llamada a la precaución en torno al procedimiento que lo desarrolla, entonces no se debería apelar a los riesgos del procedimiento como excusa para apuntalar la negativa a despenalizar el ejercicio de tal derecho.

La despenalización de la eutanasia abre la puerta a un peligrosísimo fraude de ley: descriminalizar homicidios camuflados de eutanasia

En definitiva, la muerte es la etapa final de toda vida y, del mismo modo en que nos corresponde a cada uno de nosotros decidir cómo vivir, también debería correspondernos decidir cómo morir. En ocasiones, determinadas formas de vivir —plagadas de sufrimiento y carentes de cualquier esperanza de cambio— constituyen un calvario y una agonía peores a la misma muerte. Por las mismas razones que nadie debería tener derecho a acabar con una buena vida tampoco nadie debería tener derecho a impedir una buena muerte.

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