RTVE: o cierre o 'crowdfunding'

Nepotismo sectario protagonizado por aquellos que habían prometido reiteradamente despolitizar el ente: en realidad, jamás quisieron despolitizarlo sino solo repolitizarlo

Foto: Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

En el mejor de los casos, una televisión pública no es más que un medio de comunicación financiado coactivamente por los contribuyentes en beneficio de los periodistas que lo integran; en el peor de los casos, es una herramienta de propaganda partidista al servicio de las formaciones políticas que tutelan en cada momento al Gobierno de turno.

En estos últimos días hemos conocido los entresijos del trapicheo entre PSOE y Podemos para repartirse el control de RTVE. Los detalles resultan tan sonrojantes que es innecesario reproducirlos: periodistas afines ideológicamente a la izquierda, o incluso amigos directos de los líderes de tales agrupaciones, a quienes se les prometió el cargo precisamente por eso. Es decir, nepotismo sectario protagonizado por aquellos que habían prometido reiteradamente despolitizar el ente: en realidad, jamás quisieron despolitizarlo sino solo repolitizarlo, esto es, desterrar la manipulación del PP para instaurar la manipulación de PSOE y Podemos. Justo lo mismo, por cierto, que confía en volver a hacer el PP si es que consigue regresar al Gobierno.

Estos son los bueyes políticos con los que inevitablemente tendremos que arar: gobernantes que nos mienten con descaro, tanto a derechas como a izquierdas, y que ambicionan el control de los medios públicos (y privados) para inocularnos sus engaños con mayor eficacia. Ante semejante oligarquía política, uno no puede más que plantearse si lo más sano y oxigenante para el periodismo patrio no sería cerrar definitivamente esa agencia de manipulación masiva que es RTVE (al igual, por cierto, que el resto de medios públicos autonómicos, que en todas partes cuecen las mismas habas).

Por supuesto, los habrá que sigan confiando en la llegada de un mesías político que desee genuinamente despolitizar el ente, que no coloque a ninguno 'de los suyos' al frente de la dirección. Pero, como señalaba al comienzo del artículo, aun cuando se diera semejante carambola, RTVE no dejaría de ser un medio de comunicación controlado privilegiadamente por un determinado grupo de periodistas y financiado coercitivamente por el conjunto de los contribuyentes: de hecho, eso es lo que reclaman persistentemente los profesionales de RTVE, que se les ceda el control en exclusiva de la totalidad del ente público. “Queremos el usufructo de los activos de RTVE y que nos sigáis financiando nuestros gastos corrientes”.

RTVE no dejaría de ser un medio controlado por un determinado grupo de periodistas y financiado coercitivamente por los contribuyentes

Pero ¿por qué los ciudadanos deberíamos cargar con la obligación de entregar parte de nuestro dinero a un determinado colectivo de periodistas para que desarrollen aquellas actividades de comunicación que solo ellos juzguen oportuno? ¿Cómo justificar semejante redistribución forzosa de la renta desde las haciendas de millones de españoles a los bolsillos particulares de unos miles de empleados públicos?

Acaso se diga que la única forma de disfrutar de medios de comunicación independientes de los 'poderes económicos' —aunque no, al parecer, de 'los poderes políticos'— es con medios de comunicación públicos. Pero semejante aseveración no es ni remotamente cierta. En la actualidad, es del todo factible organizar un medio de comunicación mediante suscripción: esto es, los socios interesados en la subsistencia de ese canal de información efectúan aportaciones periódicas para cubrir sus gastos al margen de —o de manera complementaria a— la publicidad que pudiera recibir. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando en este caso?

De acuerdo con la propia Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), el coste medio por familia del conjunto de televisiones y radios públicas españolas asciende a unos 100 euros anuales: una suma que quizá no parezca una exacción fiscal extraordinaria, pero que justo por ello tampoco debería constituir un coste inasumible para aquellos ciudadanos que deseen asumirla voluntariamente. No en vano, resulta mucho más justo y eficiente que todos aquellos españoles que valoren suficientemente el servicio de RTVE (o del resto de televisiones autonómicas) efectúen sus aportaciones monetarias para así cubrir sus respectivos presupuestos. De hecho, el coste de las emisiones resultaría extraordinariamente más bajo si se limitara a financiar la información 'imparcial' y no la producción de caros programas y series de entretenimiento (es más, si fuera necesario, podrían ofrecerse segmentadamente distintos paquetes de suscripción a los ciudadanos: algunos meramente informativos, otros de series, etc.). Si las aportaciones dinerarias voluntarias de los españoles no alcanzaran para cubrir el presupuesto planteado por los periodistas de RTVE, estos deberían rehacer sus planes para ofrecer un servicio más acorde a las demandas de la gente; y si, por el contrario, sí alcanzaran, entonces los profesionales del ramo ya podrían desplegar sus creativas ideas al servicio de aquellos que confían en ellas.

A estas alturas del siglo, con más vías de información que nunca (hasta el punto de que uno puede construir su 'posverdad' exponiéndose únicamente a aquella selección de medios de comunicación que refuercen sus ideas preconcebidas) y con más mecanismos de financiación alternativos de los que podemos imaginar, no tiene ningún sentido seguir defendiendo la obligación de todo ciudadano a sufragar en contra de su voluntad un medio de comunicación que no desea sostener. Una de dos: o cierre y liquidación de RTVE o 'crowdfunding' para su financiación. Pero que políticos y burócratas dejen de meternos la mano en la cartera para financiar sus altavoces de propaganda. Despoliticemos desestatalizando.

Laissez faire

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