Carcedo, ¿a favor del secuestro de menores?

En este artículo, me voy a limitar a exponer por qué la propuesta de la ministra haría caer al Estado español en una peligrosísima arbitrariedad que, además, perjudicaría especialmente al menor

Foto: La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. (EFE)
La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. (EFE)

La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, encaja como un guante en el Gabinete liberticida de Pedro Sánchez. Si hace unos meses la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya se encargó de criminalizar moralmente a miles de familias que han recurrido, o que piensan recurrir, a una técnica de reproducción asistida tal como la gestación subrogada, ahora la nueva titular del ramo da el inevitable paso siguiente: proponer criminalizar legalmente la gestación subrogada.

De acuerdo con Carcedo, los españoles que recurran a la gestación subrogada internacional deberían recibir un trato penal similar al de aquellos ciudadanos que trafican con órganos o con menores. Es decir, penas de prisión de hasta 12 años (artículo 156bis del Código Penal) e inhabilitación de la patria potestad por hasta 10 años (artículo 221 del Código Penal).

En otros muchos artículos ya he tenido ocasión de defender la absoluta licitud de la gestación subrogada frente a las críticas de la derecha conservadora-liberticida y de la izquierda feminista-liberticida. No voy a reiterar ahora tales argumentos porque, además, la ministra tampoco ha esbozado ninguno: en su sectarismo y fanatismo liberticida, ya presupone demostrado que esta técnica de reproducción asistida es criminal y que, en consecuencia, hay que utilizar el aparato represivo del Estado para perseguir a cuantos la utilicen. Por ello, en este artículo me voy a limitar a exponer por qué la propuesta de la ministra —hasta 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer la patria potestad contra los padres que usen la gestación subrogada— haría caer al Estado español en una peligrosísima arbitrariedad que, además, perjudicaría especialmente al menor.

Empecemos recordando algo que muchas veces suele olvidarse: en prácticamente todo procedimiento de gestación subrogada, uno de los padres comitentes es progenitor legal del menor. A la postre, en España, la filiación paterna sigue determinándose por la transmisión de la carga genética (a diferencia de lo que sucede con la filiación materna, que se determina por la gestación y posterior parto): por tanto, aunque consideráramos 'madre' del menor a la gestante subrogada, el 'padre' seguiría siendo aquel progenitor comitente que haya fecundado el óvulo (y no olvidemos que, en la mayoría de los casos, ese óvulo ni siquiera es el de la gestante subrogada, sino el del otro progenitor comitente o el de una tercera donante de óvulos). Por ejemplo, en una pareja heterosexual que recurre a la gestación subrogada, el padre legal sería el hombre; en el de una pareja homosexual que recurra a la gestación subrogada, el padre legal sería aquel de ambos hombres que haya aportado su esperma, y en el caso de un solo hombre (familia monoparental), él mismo.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que, aun cuando se criminalizara la gestación subrogada en España, bastaría con que la gestante subrogada (madre legal, a efectos de la legislación española) acordara con el padre legal que este ejerciera en exclusiva la patria potestad sobre el menor (pacto válido de acuerdo con el artículo 156 del Código Civil español) para que pudiera entrar legalmente en España y ejercer plenamente como padre de la criatura. Ulteriormente, si los padres comitentes fueran una pareja, bastaría con que se iniciara un procedimiento de adopción en favor del cónyuge.

¿Cómo piensa Carcedo criminalizar a los españoles que obren de este modo? ¿Ilegalizando el acuerdo entre los dos progenitores para que uno ejerza en exclusiva la patria potestad del menor? ¿Ilegalizándolo solo para parejas no casadas y que hayan recurrido a la fecundación 'in vitro'? ¿O prohibiendo en cambio la adopción de menores por parte del cónyuge del progenitor legal? Nótese cómo, para verdaderamente perseguir criminalmente la gestación subrogada, sería necesario o volver enormemente represiva y totalitaria la legislación española en materia de filiación o, alternativamente, convertirla en absolutamente arbitraria.

Pero imaginemos que Carcedo consigue su totalitario objetivo, esto es, que aquellas parejas que hayan recurrido a la gestación subrogada en el extranjero puedan ser encarceladas y privadas de la patria potestad durante al menos una década. ¿Quién sería el principal perjudicado de todo ello? Sin duda alguna, el menor. Visualicemos el caso.

Una pareja española acude a California a concebir su hijo mediante gestación subrogada; concluido el proceso, la legislación californiana reconoce a esa pareja española como padres legales exclusivos del menor: es decir, exime a la gestante subrogada de cualquier responsabilidad sobre el menor, de un modo similar a cómo la legislación española exime al donante de esperma de cualquier responsabilidad sobre el menor mediante él concebido. Unos meses después del parto, la pareja decide regresar a nuestro país y, una vez aterrizan en suelo patrio, se los arresta, se los juzga y se los condena a 10 años de cárcel y de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Bien, ¿qué hacemos con el menor durante esa década?

Pero ¿nos estamos dando cuenta de la aberración que, en última instancia, estaría promoviendo la actual ministra de Sanidad?

De entrada, no puede ser remitido de vuelta a EEUU, pues la gestante subrogada no lo reconoce como su propio hijo y la legislación del país avala que ella adopte esa actitud. Otra posibilidad sería que se hicieran cargo de él los familiares de la pareja española. Pero ¿qué sentido tiene que se encarcele a unos padres por querer ejercer la patria potestad sobre su hijo y, al tiempo, se le reconozca tal patria potestad a los familiares de aquellos a los que el sistema no les reconoce la patria potestad? La única alternativa verdaderamente realista para ese menor sería que Servicios Sociales se hiciera cargo del menor para darlo en adopción a otra pareja.

Pero ¿nos estamos dando cuenta de la aberración que, en última instancia, estaría promoviendo la actual ministra de Sanidad? Arrebatarles el hijo a sus padres biológicos (no por haber dispensado maltrato alguno al menor sino, al contrario, por haber puesto todos los medios a su alcance para que llegara a nacer) para entregárselo posteriormente a otra familia que no guarda ninguna relación con él. Eso que tiene en la cabeza, señora ministra, sí se parece mucho más al tráfico de menores… por mucho que piense ejecutarlo con el aval del Código Penal español. El sueño del feminismo colectivista produce monstruos.

Laissez faire

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