2.250 euros por familia: el coste del rescate a las cajas

Entre 2009 y 2012, el sistema financiero español se derrumbó, especialmente por el costado de las hiperpolitizadas cajas de ahorros, que algunos ahora aspiran a revivir. Bankia, Banco Mare Nostrum, Catalunya Banc, CAM, Novacaixagalicia, Banco de Valencia, Caja Castilla-La Mancha, Unnim, Ceiss, CajaSur, Banca Cívica, Caja3, Banco Gallego y Liberbank (todas ellas, entidades creadas a partir de antiguas cajas de ahorros, salvo Banco de Valencia, que estaba controlado accionarialmente por una caja de ahorros) revelaron un agujero milmillonario como consecuencia de su brutal exposición a la burbuja inmobiliaria que se había gestado durante los años precedentes en nuestro país.

En particular, y según acaba de actualizar el Banco de España, estas sociedades financieras recibieron una inyección de capital de 78.500 millones de euros para hacer frente a los pagos adeudados a sus acreedores: 24.100 millones de euros para Bankia y Banco Mare Nostrum, 13.900 millones para Catalunya Banc, 12.500 millones para la CAM, 10.300 millones para Novacaixagalicia, 6.100 millones para Banco de Valencia, 4.200 millones para Caja Castilla-La Mancha, 2.900 millones para Unnim, 1.600 millones para Ceiss, 1.200 millones para CajaSur, 980 millones para Banca Cívica, 400 millones para Caja3, 250 millones para Banco Gallego y 125 millones para Liberbank.

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De todo este importe, 23.100 millones de euros fueron aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, nutrido por las aportaciones históricas de los propios bancos y cajas, de manera que bien podría decirse que esa parte del rescate fue sufragada por el propio sistema financiero. En cambio, los otros 55.400 millones de euros sí fueron aportados directamente por el Estado y, por tanto, por los contribuyentes españoles. De esa suma, 4.500 millones de euros ya han sido recuperados a través de los procesos de privatización y venta de algunas de las entidades rescatadas, de forma que el monto pendiente de recuperación asciende a 50.900 millones de euros: y de esa cuantía, el Banco de España estima, a su vez, que podrán recuperarse unos 9.500 millones (si se completa la privatización de Bankia), lo que dejaría la aportación a fondo perdido del contribuyente en 41.400 millones de euros.

A partir de esta cifra —que establece la auténtica magnitud de cuánto nos ha costado a los ciudadanos reflotar el sistema financiero que quebraron las políticas monetarias expansivas del BCE y la pésima gestión politizada de las cajas— podemos derivar tres pertinentes conclusiones.

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Primero, el coste medio del rescate financiero asciende a unos 2.250 euros por familia española. Pese a que se trata de un coste único (no estamos hablando de 2.250 euros al año), constituye una cuantía suficientemente elevada como para que debamos plantearnos si no hubiese sido preferible recurrir a otras alternativas para evitar la bancarrota generalizada de la banca patria. Algunos de nosotros, incluso antes de que nuestros gobernantes comenzaran a inyectar desesperadamente capital público en las cajas, planteamos que habría sido preferible no socializar esas pérdidas entre el conjunto de contribuyentes españoles, sino concentrarlas entre los acreedores españoles y no españoles de las entidades rescatadas. El 'bail-in' como alternativa al 'bail-out' no solo habría resultado más justo (las pérdidas las soportan quienes tienen una responsabilidad más directa en el desaguisado) sino que también habría generado menos riesgo moral en el largo plazo (la paga quien la hace, no el sufrido y parasitado contribuyente).

Segundo, aunque en abstracto la idea de recuperar esos 41.400 millones de euros mediante un impuesto sobre la banca pueda resultar meritoria, en la práctica es problemática. Por un lado, quienes deberían reembolsar las ayudas son las entidades que las recibieron, no aquellas que no se beneficiaron de las mismas ni directa ni indirectamente (mencionemos, verbigracia, el paradigmático caso de Bankinter). Pero, por otro, la capacidad de recuperarlas únicamente a través de aquellas entidades que fueron agraciadas con inyecciones públicas de capital es enormemente modesta: las propias estimaciones de Podemos sobre el potencial recaudatorio de su 'impuesto a la banca' oscilan entre los 1.000 y 1.500 millones al año si ese tributo se aplicara a la totalidad del sistema financiero español, de modo que, si se aplicara exclusivamente a las entidades rescatadas, estaríamos hablando de menos de la mitad de tales cifras. O dicho de otro modo, a un ritmo de 300-400 millones al año, tardaríamos al menos un siglo en recuperar las ayudas otorgadas.

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Y tercero, tras la terrible y carísima experiencia con las cajas de ahorros, lo último que deberíamos pretender ahora mismo es resucitar este modelo de banca politizada y socializadora de pérdidas. Más nos valdría evitar generar nuevos agujeros que termina pagando el contribuyente antes que intentar recuperar el capital así dilapidado a través de un impuesto específico.

En definitiva, el rescate estatal a las cajas de ahorros fue un expolio contra el contribuyente (rodeado de fundadas sospechas de corrupción) que jamás debería haberse producido. Es del todo ilusorio pensar que vamos a poder recuperar el dinero inyectado con un tributo sobre quienes lo recibieron, pero todavía más ilusorio es pensar que, si regresamos al modelo de banca politizada que reivindica Podemos, no volveremos a repetir en el futuro los mismos errores que en el pasado.