Habrá condicionalidad

El fondo de reconstrucción no estará exento de condiciones, tal como deseaban España e Italia y rechazaba el bloque de los frugales. Los países que deseen acogerse al Instrumento para la Recuperación y Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés) deberán “preparar planes para la recuperación y la resiliencia nacional donde expongan su agenda de reformas y de inversiones para el período 2021-2023”. Tales planes “serán evaluados por la Comisión Europea en dos meses. Será necesario obtener la máxima puntuación en esta evaluación con respecto a la concordancia con las recomendaciones específicas que efectúa la Comisión para cada país, al impulso del crecimiento potencial, a la creación de empleo y a la resiliencia social y económica. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un prerrequisito”.

Solo aquellos planes que reciban el visto bueno de la Comisión optarán a ser aprobados por el Consejo Europeo a través de mayoría cualificada. Y, además, una vez aprobados, no hay garantía de que las ayudas sigan llegando, puesto que “los desembolsos de dinero quedarán sujetos al satisfactorio cumplimiento de los objetivos y de los hitos más importantes”. Vuelven, pues, los hombres de negro, aunque en esta ocasión vayan a teletrabajar.

Pero, ¿cuáles cabe esperar que sean esas reformas que la Comisión Europea —y el Consejo Europeo— exijan a aquellos países que, como España, vayan a querer solicitar la ayuda del RRF? Por suerte para la transparencia, la Comisión Europea publica periódicamente sus sugerencias de reforma para cada uno de los países miembros en el denominado 'semestre europeo'. ¿Y cuáles son las reformas que deberá aprobar España de acuerdo con la Comisión Europea?

1. Ajuste presupuestario: la Comisión Europea pide que, “cuando las condiciones económica lo permitan”, se apliquen “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”. En sus recomendaciones de marzo, esto suponía incrementar el gasto público nominal un máximo del 0,9% al año (para lograr un ajuste del déficit del 0,65% al año). Se trata, por cierto, de una austeridad solo ligeramente inferior a la aplicada a partir de 2012 por el Gobierno de Rajoy (0,9% anual).

2. Ajuste del sistema de pensiones: la Comisión también reclama “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones” y no ve con buenos ojos que se hayan vuelto a indexar las pensiones al IPC o se haya retrasado la aplicación del factor de equidad intergeneracional sin ninguna medida de ajuste sustitutoria.

Condicionalidad, reformas, inversión… La 'letra pequeña' de las ayudas para España

Javier G. Jorrín

3. Aplicar la reforma laboral de 2012: la Comisión Europea es contraria a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. De hecho, en sus recomendaciones para España en 2012, la Comisión nos instaba a “aplicar las reformas del mercado laboral”.

4. Profundizar en la lucha contra la dualidad del mercado laboral: la Comisión Europea también critica la elevada tasa de temporalidad de España y recomienda “favorecer la transición hacia contratos indefinidos” (algo que además era uno de los principales objetivos de la reforma laboral de 2012 al reducir las diferencias de indemnización entre fijos y temporales).

5. Mejorar los resultados del sistema de enseñanza, potenciando además la cooperación entre el sector de la educación y el sector empresarial.

El fondo es más importante de lo que crees y España e Italia deben demostrarlo

Nacho Alarcón. Bruselas

6. Avanzar en la unidad de mercado: la Comisión pide profundizar en la aplicación de la respectiva ley del PP, lo que entre otros requisitos pasa por aprobar la reforma de los servicios profesionales (por ejemplo, suprimiendo los requisitos de colegiación obligatoria) y eliminar trabas regulatorias que constriñen el crecimiento empresarial.

7. Mejoras en las infraestructuras energéticas y de transporte: este probablemente sea la condición menos controvertida para el Gobierno, pues supone un incremento del gasto público en el fomento de la eficiencia energética, de la transición ecológica, del transporte ferroviario de mercancías o de la interconexión eléctrica con Europa.

En definitiva, España recibirá 140.000 millones de euros a cambio de asumir la obligación de una agenda de reformas en línea con las exigencias de Bruselas y en contra de muchas de las promesas electorales de la coalición gubernamental: lo que ayer era una intromisión inaceptable en nuestra soberanía, hoy es un éxito negociador del Gobierno. Por supuesto, podría suceder que terminemos cogiendo el dinero y corriendo, engañando en el proceso a los eurócratas (Rajoy era un experto en ello y Sánchez no parece quedarse atrás). Sin embargo, de momento y sobre el papel, habrá reformas y frugalidad.