La desgravación a los planes de pensiones es un subsidio a la banca

En el imaginario colectivo, se ha asociado de un modo improcedente el ahorro a largo plazo para la jubilación con los planes de pensiones. Al entender de algunos, promover las pensiones privadas equivale a promover los planes de pensiones, esto es, a que más gente invierta más dinero en ellos: no cabe, en ese erróneo planteamiento, defender el ahorro previsional privado al margen de los planes de pensiones, pues ambas categorías son indisociablemente una.

Pero esta asimilación resulta profundamente desafortunada. Los planes de pensiones son solo uno de los muchos productos de ahorro a largo plazo con los que uno puede preparar su jubilación y, en la actual configuración del mercado español, no suele ser uno de los más convenientes. A la postre, los planes de pensiones suelen articularse alrededor de fondos de gestión activa, donde el ahorrador a largo plazo paga sustanciosas comisiones a un equipo de profesionales para que, en la mayoría de los casos, generen rentabilidades ínfimas que no son capaces de batir no ya al mercado, sino ni siquiera a la inflación (entre 2004 y 2019, la rentabilidad media de los fondos de pensiones fue del 2,44%). No es que no existan planes de pensiones vinculados a fondos de gestión pasiva y con bajas comisiones, pero el oligopolio bancario español extrae suficientes regalías de la ruinosa gestión activa como para bloquear su distribución.

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Probablemente, la responsabilidad de esta desafortunada identificación entre ahorro a largo plazo para la jubilación y planes de pensiones proceda de la desgravación fiscal en favor de estos últimos dentro del IRPF. El regulador ha buscado señalizar, desde la legislación tributaria, que ese es el vehículo a través del cual los ahorradores españoles deberían canalizar su ahorro previsional (por eso, de hecho, está fiscalmente bonificado), y semejante señalización ha terminado confundiendo a buena parte de los ciudadanos tanto acerca de la diversidad de vehículos de inversión realmente existentes como de los beneficios fiscales reales derivados de invertir en un plan de pensiones.

Y es que, de entrada, parecería que si las aportaciones a planes permiten reducir la base imponible del IRPF, los contribuyentes poseen un incentivo a invertir en este tipo de instrumentos durante su vida laboral. Dicho de otra forma, si aportando 8.000 euros anuales un contribuyente consigue ahorrarse entre 2.000 y 3.500 euros en impuestos (según cuál sea su tipo marginal sobre la renta), entonces la inversión —a pesar de su baja rentabilidad financiera y de sus alta comisiones— resultaría provechosa.

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Pero, tal como acaba de demostrar la AIReF en su segundo 'Spending Review', esto dista de ser así: es verdad que a corto plazo el contribuyente disfruta de un ahorro fiscal, pero más adelante, cuando se reembolse el plan de pensiones, ese contribuyente deberá tributar como rendimiento del trabajo por ese capital o por esa renta extraordinaria, lo cual devorará la mayor parte de los ahorros fiscales del pasado (en esencia, porque el tipo marginal al que se enfrenta el contribuyente medio no varía demasiado antes y después de la jubilación, salvo en el caso de las rentas más bajas, donde sí se produce una caída de los tipos marginales durante su ciclo vital y, por consiguiente, podrían beneficiarse fiscalmente de contratar planes de pensiones… si contaran con ahorro propio para ello).

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En particular, el coste bruto para el fisco de mantener esta reducción dentro del IRPF asciende a 1.643 millones de euros anuales, pero una vez computamos la recaudación adicional que cosecha Hacienda por la tributación de las rentas procedentes de los planes de pensiones, apenas queda reducido a 450 millones. En su mayoría, pues, la desgravación no es más que una herramienta de diferimiento fiscal salvo por esos 450 millones de euros.

Pero en la práctica, estos 450 millones de euros ni siquiera alcanzan a los ahorradores a largo plazo. Según simula la AIReF, este escaso ahorro que seguiría subsistiendo para el contribuyente es en última instancia fagocitado por la industria financiera a través de las altas comisiones cobradas. Expresado de otra forma, la desgravación por aportaciones a planes privados de pensiones termina convirtiéndose en una transferencia indirecta de casi 500 millones de euros anuales a —en su mayoría— la banca. Y, como consecuencia de ello, este beneficio fiscal no cumple con su presunta finalidad: incentivar el ahorro a largo plazo de los españoles (muestra de ello es que ni siquiera las rentas más altas suelen efectuar aportaciones por el importe total de la desgravación: justamente porque no les resulta especialmente atractivo).

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¿Cuál es, entonces, el motivo de mantener una desgravación fiscal que no cumple con su finalidad y que, en verdad, es una vía indirecta para trasvasar dinero del contribuyente al 'lobby' bancario? No parece haberla, de ahí que semejante beneficio fiscal debería desaparecer del IRPF para ser reemplazado por otro distinto que sí sea capaz de alcanzar su objetivo. Una auténtica desgravación fiscal al ahorro que exima de tributación a los ingresos futuros derivados de ese ahorro (por ser rendimientos a muy largo plazo) y que, sobre todo, no discrimine estrechamente entre los distintos vehículos de inversión a largo plazo con el espurio objetivo de engrosar las cuentas de resultados de aquella industria oligopolística que concentra la comercialización de uno de ellos. Necesitamos una supercuenta de ahorro personal fiscalmente bonificada, no subsidios indirectos a la banca.