Un aumento del IRPF absurdo y contraproducente

Plantear en estos momentos una reforma de la escala de gravámenes del IRPF para recaudar apenas 125-220 millones de euros es una innecesaria ridiculez

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
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Al parecer, las principales discrepancias fiscales entre PSOE y Podemos con respecto a los venideros Presupuestos Generales del Estado residen en si debemos incrementar los impuestos a las rentas superiores a 200.000 euros o solo a las que ingresen más de 300.000. Debate estéril donde los haya, dado que el potencial recaudatorio de cualquiera de ambas medidas resulta tremendamente escaso: en el año 2016 (último ejercicio para el que tenemos datos suficientemente desagregados), la base imponible general de quienes declaraban ingresos superiores a 192.000 euros era de 16.500 millones de euros (la base imponible agregada de quienes superaban los 360.000 euros anuales era de 9.367 millones de euros), y ya abonaban unos impuestos de 6.777 millones (los superiores a 360.000 abonaban 4.045 millones), esto es, soportaban un tipo efectivo medio del 41% (o del 43,1% para quienes ingresaban más de 360.000).

Así las cosas, el incremento del tipo efectivo medio de tres puntos (superior al que en términos efectivos está planteando el Gobierno) generaría un incremento recaudatorio de apenas 483 millones de euros (o de 273 millones si se concentrara en las rentas de más de 360.000), siempre y cuando los contribuyentes afectados no reaccionaran de ningún modo al alza impositiva (reduciendo sus horas trabajadas o trasladando parte de sus ingresos a otras modalidades de tributación). Por ejemplo, considerando una elasticidad de la base imponible en relación con el tipo impositivo de 0,5 (de nuevo, probablemente inferior a la real), el incremento de tres puntos en el tipo efectivo generaría una reducción del 3,65% en las bases imponibles, lo que a su vez minoraría el alza recaudatoria hasta los 218 millones de euros si se aplicara sobre las rentas superiores a 192.000 euros (si el alza impositiva se concentrara en las rentas de más de 360.000, la reducción de la base imponible sería del 3,48% y, por tanto, el aumento de la recaudación se quedaría en apenas 123 millones de euros).

Por consiguiente, nos estamos moviendo en un rango de recaudación esperada por el incremento del IRPF de entre 125 y 220 millones de euros. Un rango, por cierto, que debe ser bastante similar al que prevé el Gobierno, puesto que, no lo olvidemos, él mismo cuantificaba los efectos de su prometida subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros en 328 millones (de modo que si ahora limita el alza tributaria a los 200.000 o 300.000 euros anuales, por necesidad, los efectos recaudatorios serán menores). Siendo así, además, también queda meridianamente claro que el grueso de la recaudación de los 540 millones de euros derivados de las nuevas medidas de tributación directa que el Ejecutivo ha prometido a Bruselas no provendrá del IRPF de las rentas más altas sino de otras partes (probablemente, mayores impuestos sobre un archidebilitado tejido empresarial o aumentos del IRPF sobre las clases medias, profesionales y ahorradoras que vengan camuflados con la supresión de algunas exenciones y deducciones).

Plantear en estos momentos una reforma de la escala de gravámenes del IRPF para recaudar apenas 125-220 millones de euros es una innecesaria ridiculez. Por ponerlo en perspectiva: 220 millones de euros apenas cubren el 0,04% del gasto público total o el 0,27% del déficit público que el Ejecutivo anticipa en 2021. Se trata, asimismo, de una magnitud que nos podríamos ahorrar si, por ejemplo, en lugar de revalorizar las pensiones y los sueldos públicos en un 0,9% lo hiciéramos en un 0,82% (idealmente, y como ya tuvimos ocasión de exponer, no habría que revalorizar en absoluto pensiones y salarios públicos, pero por dimensionar la subida del IRPF a esa escala).

Se trata de una medida esencialmente simbólica. ¿Para qué? Pues para hacer ver que este Gobierno es un militante enemigo de las rentas altas

Uno podría entender (aunque no compartir) que un Gobierno fuertemente escorado a la izquierda como el actual plantease una reforma integral del IRPF con el objetivo de incrementar su potencial recaudatorio en medio de una crisis fiscal tan brutal como la que estamos padeciendo (es más, incluso podría llegar a ser una propuesta a compartir si esa reforma integral del IRPF buscara aumentar la recaudación por la vía de ensanchar las bases imponibles y no por la de multiplicar la tributación efectiva de los ciudadanos). Lo que no tiene ningún sentido económico es colocar en el centro de la negociación presupuestaria una medida tan insulsa como esta.

Sucede, claro, que el objetivo del alza tributaria planteada no es ni reducir las distorsiones de nuestro sistema impositivo sobre la economía ni tampoco contribuir de un modo apreciable a la financiación del gasto público. No, se trata de una medida esencialmente simbólica. Pero ¿un simbolismo para señalar qué? Pues que este Gobierno es un militante enemigo de la existencia de rentas altas: no porque pretenda que esas rentas altas mejoren la calidad de vida de las rentas bajas (ya hemos visto que la subida impositiva planteada no proporciona un aumento relevante de la recaudación), sino porque considera que esas rentas tan altas no deberían siquiera existir. No es un mensaje contra la pobreza, sino contra la riqueza. Un pésimo mensaje en el contexto actual.

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