Extractivismo provinciano

Los liberales suelen ser favorables a la descentralización política —lo que Taleb denomina localismo fractal— esencialmente por dos motivos. El primero es que, cuanto más cercana se halle una Administración del ciudadano, más fácil es que esta conozca sus necesidades y más fácil también que el ciudadano pueda controlar la labor de los políticos: un municipio maltratado por el Gobierno de España —no digamos ya por un Gobierno hipercentralizado en Bruselas— apenas tiene capacidad para reprender a los gobernantes que lo desdeñan; en cambio, si los residentes de ese municipio son maltratados por los políticos locales, es obvio que no saldrán bien parados en las próximas elecciones. El segundo es que, cuando la Administración está muy descentralizada, los ciudadanos lo tienen mucho más sencillo para votar con los pies, ya sea moviéndose ellos mismos físicamente o trasladando sus propiedades a otras jurisdicciones, de forma que cada Administración, en cierto modo, compite con el resto por atraer o retener a los ciudadanos/contribuyentes: ya sea bajando impuestos, ofreciendo mejores servicios públicos, regulando de un modo más eficiente...

En suma, la descentralización permite que los ciudadanos ejerzan el disenso contra las administraciones públicas mediante los dos mecanismos fundamentales descritos por Albert Hirschman: la voz (mayor influencia en circunscripciones más pequeñas) y la salida (fuga hacia otras jurisdicciones).

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Por supuesto, la descentralización también tiene sus problemas. En ciertos contextos, puede contribuir a consolidar el poder de las élites extractivas locales que alternativamente podrían ser expulsadas, o al menos contrarrestadas, por instancias administrativas superiores (como sucede, por ejemplo, con el rol fiscalizador que ejerce la Unión Europea sobre la clase política española). Pero fijémonos en que también cabe la posibilidad opuesta: que las élites extractivas locales se alíen con las instancias políticas superiores para maximizar su parasitismo sobre su sociedad bloqueando la competencia de otras jurisdicciones. Y este último caso es justamente el que estamos presenciando con la alianza entre PSOE y ERC para asaltar fiscalmente la Comunidad de Madrid.

El ataque consensuado de PSOE y ERC contra el mal llamado 'dumping fiscal' de Madrid es un ataque que muestra el carácter extractivo e hipócrita del independentismo de izquierdas catalán por dos razones.

Primero, no existe tal 'dumping fiscal', salvo que consideremos que prácticamente toda Europa está practicando 'dumping fiscal' contra España. El impuesto sobre el patrimonio es un tributo extinto en la Unión Europea (solo Países Bajos tiene un impuesto similar a cambio de no gravar, como sí grava España, las ganancias del capital) y el impuesto sobre sucesiones y donaciones no existe, o existe de un modo testimonial, en varios países de la UE (por ejemplo, carecen totalmente de él Suecia, Luxemburgo, Estonia, Eslovaquia o Portugal). ¿Por qué denigrar y atacar la Comunidad de Madrid por estar haciendo algo que es bastante común entre nuestros socios comunitarios? Quienes se sale absolutamente de la norma, convirtiéndose en un infierno fiscal en esos dos tributos, son muchas regiones de España, entre ellas, Cataluña.

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Segundo, el ataque resulta absolutamente incoherente desde la óptica de un partido independentista que rechaza la soberanía del Estado español para entrometerse en los asuntos internos de los gobiernos autonómicos. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, ERC hubiese condicionado al apoyo a los Presupuestos a que el Gobierno central eliminara el concierto económico vasco? Pues que muchos colocaríamos el grito en el cielo, tanto por la intromisión de ERC en el autogobierno del País Vasco cuanto por la invectiva recentralizadora del Ejecutivo central. Exactamente lo mismo que deberíamos estar diciendo sobre la agresión centralista contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. De hecho, la alianza ERC-PSOE debería resultar todavía más estrambótica desde la óptica independentista: si finalmente el PSOE armoniza patrimonio y sucesiones en toda España, no solo se estaría recortando la autonomía madrileña sino también la catalana. Ningún futuro Gobierno catalán podría, si así lo quisiera, suprimir patrimonio o bonificar sucesiones como lo está haciendo hoy Madrid. ¿Reconoce ahora ERC la soberanía del Estado español para dictar la política fiscal de Cataluña? ¿Por qué a ERC solo le preocupa el 'dumping fiscal' que se produce dentro de España, pero, en cambio, no coloca el grito en el cielo por el hecho de que Portugal tenga, en materia de patrimonio y sucesiones, un régimen fiscal muy similar al de Madrid? ¿Qué tiene la Comunidad de Madrid de especial para Cataluña que no tenga Portugal? ¿Acaso se reconocen como parte del mismo proyecto estatal que Madrid?

En suma, si ERC está dispuesta a sacrificar su propia coherencia y su propia autonomía política para cercenar la autonomía fiscal de Madrid, es por la muy insana alianza que, como ya hemos expuesto, puede forjarse entre las élites extractivas locales y las unidades administrativas superiores. Las élites extractivas locales necesitan simultáneamente potestades propias para maltratar a sus propios ciudadanos y necesitan, a su vez, cartelizarse con las administraciones foráneas para que estas bloqueen las vías de escape para sus maltratados ciudadanos. El soberanismo de la actual ERC es pura fachada propagandística: lo que están predicando es el extractivismo provinciano y recentralizador.