Lo criticable no es que el PSOE quiera aplicar políticas sensatas, sino que prometiera políticas insensatas a Unidas Podemos para así sacar adelante la investidura de Sánchez
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un Consejo de Ministros. (EFE)
La salida del Gobierno de Pablo Iglesias debería contribuir a aliviar las recurrentes tensiones que, durante el último año, se han vivido en su seno. Esa es, al menos, la interpretación mayoritaria que han efectuado los medios de comunicación y también algunos miembros socialistas del Ejecutivo. Sin embargo, también cabe una lectura alternativa: que ante las fortísimas tensiones que se avecinan dentro del Gabinete, Iglesias haya preferido abandonarlo para poder presionar desde fuera sin tensionarlo internamente tanto como para romperlo.
A la postre, durante los próximos meses viviremos —ya estamos viviendo, de hecho— el choque frontal del Gobierno de coalición en tres frentes en los que, si el PSOE no cede —y va a tener muy complicado ceder por la presión de Bruselas—, Unidas Podemos interpretará inevitablemente que se está violando el 'espíritu' del acuerdo de coalición. Esos tres frentes son: mercados del alquiler, reforma laboral y pensiones.
La colisión a propósito de la regulación del precio de los alquileres ya es una realidad. Unidas Podemos reclamaba establecer precios máximos sobre los arrendamientos urbanos “tensionados”, mientras que el PSOE, por boca de Ábalos, se ha limitado a ofrecer beneficios fiscales a aquellos propietarios que mantengan sus viviendas alquiladas a precios por debajo de los de mercado (una especie de subvención para compensar vía impuestos lo que se pierde vía precios). Un claro incumplimiento del acuerdo de gobierno, que ya ha denunciado Podemos, en tanto en cuanto este rezaba que “el objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas”.
La batalla con respecto a la reforma laboral también se halla de plena actualidad. Mientras que la ministra de Trabajo y próxima vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha retomado el “diálogo social” para derogar la reforma laboral, la ministra de Economía y futura vicrepresidenta segunda, Nadia Calviño, ya le ha replicado diciendo que toda la palabrería derogatoria no deja de ser un “eslogan” que no atiende a la auténtica sustancia del tema. Y la sustancia pasa por mejorar la reforma y no por empeorarla derogándola (sigue habiendo mucho margen para, por ejemplo, reducir la enorme dualidad del mercado laboral español). Mas, nuevamente aquí, es verdad que existe un incumplimiento del acuerdo de gobierno: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.
Y, finalmente, el último frente de batalla será —ya ha sido, en parte— la reforma de las pensiones, mediante la cual el propio ministro Escrivá ya ha reconocido que busca recortar el agujero de la Seguridad Social en 30.000 millones de euros anuales. Otro punto que Podemos rechaza frontalmente y que, de hecho, es verdad que queda fuera del acuerdo de gobierno por cuanto este solo se remitía a medidas que aumentaran los ingresos y que trasladaran los gastos impropios de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado: “Se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema”.
Sería un error, sin embargo, considerar que estos tres incumplimientos socialistas perjudicarán a los ciudadanos y que vienen motivados por oscuras maniobras extractivas de los poderes fácticos. La actitud del PSOE en estas tres cuestiones es esencialmente la correcta: los controles de precios sobre el alquiler disminuyen la accesibilidad a la vivienda; derogar la reforma laboral agravaría el problema de la dualidad y amplificaría las destrucciones de empleo durante las crisis; y el actual sistema de pensiones es insostenible sin recortes, salvo cargando extraordinariamente las tintas contra la generación actual de trabajadores. Lo criticable, por tanto, no es que el PSOE quiera aplicar políticas moderadamente sensatas, sino que prometiera políticas insensatas a Unidas Podemos para así sacar adelante la investidura de Sánchez.
Un engaño típico de la política —tampoco cabe mayor sorpresa— que inevitablemente engendrará nuevas luchas internas en el Ejecutivo por mucho que Iglesias ya no aparezca por el Consejo de Ministros. En caso contrario, si Unidas Podemos aceptara mansamente los incumplimientos del PSOE en cuestiones que afectan de lleno a la esencia ideológica del partido, entonces más les valdría terminar disolviéndose e integrándose en el PSOE. Algo que, por cierto, ojalá termine sucediendo.
La salida del Gobierno de Pablo Iglesias debería contribuir a aliviar las recurrentes tensiones que, durante el último año, se han vivido en su seno. Esa es, al menos, la interpretación mayoritaria que han efectuado los medios de comunicación y también algunos miembros socialistas del Ejecutivo. Sin embargo, también cabe una lectura alternativa: que ante las fortísimas tensiones que se avecinan dentro del Gabinete, Iglesias haya preferido abandonarlo para poder presionar desde fuera sin tensionarlo internamente tanto como para romperlo.
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