Subir peajes y bajar impuestos

Por mucho que el Gobierno siga mareando la perdiz ante la opinión pública, los peajes en las autovías son un compromiso firme que hemos alcanzado con Bruselas. No hay demasiado que consensuar con el resto de partidos, salvo acaso los términos específicos de su implementación. En el mismo plan de recuperación que hemos remitido a la Comisión a cambio de esos tan cacareados 70.000 millones de euros, podemos leer con claridad: “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”.

La frase no recoge una orden de Bruselas hacia el Ejecutivo español, sino una promesa del Ejecutivo a Bruselas. Así que, pese a que nos hayan estado dando largas durante meses, los peajes llegarán más pronto que tarde: de ahí que la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, haya vuelto a colocar este asunto encima de la mesa aprovechando el inicio del curso político. Asegura la ministra que los peajes son “una tendencia consolidada en los países más avanzados” y que resultan necesarios para lograr dos finalidades: por un lado, hacer a los conductores corresponsables del mantenimiento de las carreteras (quien las usa lo paga); por otro, desincentivar el uso del transporte por carretera para así disminuir las emisiones de CO2 (quien contamina paga).

TE PUEDE INTERESAR

¿Quiénes se librarían de los peajes en autopista? La DGT apunta cuáles serían las excepciones

El Confidencial

Ciertamente, se trata de dos principios razonables que ojalá se aplicaran en muchos otros casos aparte de en las carreteras. Por ejemplo, en las televisiones públicas: quienes las usan las pagan y quienes no las usan no las pagan. O también en la sanidad y en la educación: si no queremos usar la sanidad y la educación públicas, no pagamos por la plaza que dejamos vacante, al igual que ocurre con la privada (lo cual no es incompatible con pagar parte de las plazas de aquellos que carezcan de recursos para hacer frente a la suya). Por desgracia, y al parecer, este Gobierno solo tiene pensado extenderlo al caso de las carreteras. Menos da una piedra, pero no se entiende bien que siendo un principio tan razonable lo limiten solo a una parte del sector de las infraestructuras.

Sea como fuere, ¿por qué ambos principios son razonables? Pues porque imputan los costes de las acciones de una persona a esa misma persona en lugar de socializarlos entre el resto de ciudadanos. “¿Que usted quiere circular por una carretera? Muy bien, pero hágase cargo de su mantenimiento, no me fuerce a mí a pagársela cuando yo no circulo nunca por esa carretera (o círculo mucho muchos que usted)”. “¿Que usted quiere circular con un vehículo muy contaminante? Muy bien, pero hágase cargo del sobrecoste que esa contaminación supone para otros”.

TE PUEDE INTERESAR

Los peajes, un impuesto por contaminar: "No es normal pagar 9 céntimos por kilómetro"

Alberto Ramírez

En principio, los peajes podrían contribuir a que cada cual se responsabilizara de las consecuencias de sus acciones y, por tanto, a que se tomaran decisiones considerando esas consecuencias (“si los costes reales de circular por carretera son estos, tal vez me convenga viajar menos por carretera”). Pero al mismo tiempo no deberíamos olvidar que actualmente ya existen cuantiosos impuestos que recaen sobre los conductores y que, al menos en parte, ya deberían haberse dedicado a costear los 1.300 millones de euros que se dedican anualmente a mantener las carreteras. En concreto: en 2018, el Estado recaudó 456 millones de euros por el impuesto de matriculación, 2.905 millones de euros del impuesto de circulación, 4.856 millones de euros por el IVA sobre la compra de coches nuevos, 7.370 millones de euros por el IVA de los carburantes, 13.452 millones de euros por el impuesto especial sobre hidrocarburos y 523 millones de euros de las ventas de vehículos de segunda mano. En total, pues, estamos hablando de más de 29.500 millones de euros.

Aunque los peajes pueden ser una buena idea, no parece tan buena idea multiplicar la exacción estatal sobre el ciudadano escudándose en muy variopintas excusas. De ahí que sí, implementemos los peajes, pero con neutralidad impositiva: todo lo que se recaude por esa vía que se deje de recaudar en alguno de los otros impuestos que hoy recaen sobre los conductores. Que el mantenimiento de las carreteras o la lucha contra el cambio climático no se conviertan en un pretexto para seguir cebando el tamaño de nuestros Estados.