Ferrovial huye de una España incorregible

Las razones por las que Ferrovial se ha marchado de España parecen más o menos claras: inseguridad jurídica y sobreendeudamiento público. Lo primero le dificulta la previsibilidad sobre su futuro y lo segundo le ocasiona sobrecostes de financiación (puesto que la mala calificación crediticia de España contagia a las empresas que aquí residan). A nadie le debería sorprender, pues, que una compañía de infraestructuras, cuyo modelo de negocio consiste en cuidar el muy largo plazo, se preocupe por lo uno y por lo otro para seguir creciendo y generando valor para sus accionistas.

De hecho, no solo a los accionistas de Ferrovial, sino todos los españoles deberíamos preocuparnos de que haya inversores que consideren que nuestro país no ofrece ni lo uno ni lo otro. Pues entonces el problema ya no residirá solo en que Ferrovial se marche (o, más bien, se sienta echada de allí donde nació), sino en cuántas otras empresas pueden terminar yéndose o ni siquiera llegando.

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La salida de una de nuestras principales compañías debería, en suma, empujar a la clase política española —no solo a los partidos del actual Gobierno, pues no va únicamente con ellos— a replantearse qué estamos haciendo mal como país, esto es, qué defectuoso marco institucional estamos diseñando. Cómo es posible que la regulación —de cualquier tipo, no solo la fiscal— no pare de dar bandazos ideologizados a diestro y siniestro, o cómo es posible que hayamos acumulado unos ingentes niveles de deuda pública sin que ningún gobernante apueste por intentar reducirla aceleradamente. Pero, lejos de motivar este tipo de pertinentes y necesarias reflexiones autocríticas, con lo que nos hemos topado es con una clase política infantilizada.

Por un lado, el Gobierno de PSOE-Podemos ha salido en tromba a demonizar por antiespañola a Ferrovial. ¡Cómo osa marcharse del país a pocos meses del arranque de un decisivo ciclo electoral! ¡Cómo osa no someterse a los intereses del partido y a los intereses del Gobierno! La dizque tecnócrata Nadia Calviño incluso ha llegado a parlotear que Ferrovial se lo debe todo a España y que, entendemos, por eso debería ser rehén (del Gobierno) de España. Lo cierto es que, salvo que la ministra de Economía pretenda sugerir que desde hace décadas se han amañado los contratos públicos en favor de Ferrovial —es decir, que no era esta compañía la que ofrecía mayor calidad a un menor precio para las obras públicas que se le encomendaban—, tanto dio España a Ferrovial como recibió de esta. ¿O es que acaso Ferrovial no cumplió ejecutando las obras públicas por las que se la contrató y pagó? El argumento de Calviño es tan ridículo como decir que el vendedor se lo debe todo al comprador cuando el primero cobra un precio del segundo y el segundo recibe un producto del primero.

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Por otro lado, la oposición, con el Partido Popular a la cabeza, también ha aprovechado la coyuntura para sacar rédito electoral, como si el agravio no fuera también con ellos. En lugar de plantearse qué parte de culpa tiene en la expulsión de Ferrovial —como poco, el enorme volumen de pasivos públicos que acumuló Rajoy durante su mandato—, focalizan toda la responsabilidad en el actual Gobierno. Que sí, que ya sabemos que una mitad del Ejecutivo nacionalizaría Ferrovial y la otra mitad querría extraerle hasta los higadillos, pero la compañía no se marcha sólo por eso. Al cabo, en unos meses habrá elecciones y todas las encuestas coinciden en que habrá un cambio de signo político en la Moncloa. Si el problema fuera de corto plazo, Ferrovial habría aguardado a que Feijóo reemplazara a Sánchez y le enmendara la plana. Pero tampoco: porque el problema no es Sánchez ni Feijóo o, más bien, son los dos.

El problema, en definitiva, reside en una clase tan deplorable que, al conocerse el exilio de una de nuestras grandes empresas, solo son capaces de tirarse los trastos a la cabeza para arañar un puñado de votos. Es decir, el problema ni siquiera subyace en que el marco normativo haya sido muy inestable en el pasado o que la deuda pública sea actualmente muy alta: el problema es que no existe ni voluntad ni capacidad política para formularse la pregunta de cuáles son nuestros problemas. No digamos ya para encontrar las soluciones. De ahí que el mensaje que ha lanzado Ferrovial con su proceso de desnacionalización no haya sido el de “cambiad de rumbo urgentemente”, sino más bien el de “que el último cierre la puerta”. No hay remedio y por eso tiran la toalla.