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Ferrovial se marcha de un país que la amenaza
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Juan Ramón Rallo

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Ferrovial se marcha de un país que la amenaza

Este deplorable comportamiento del Gobierno debería constituir la más clara motivación económica para que una compañía como Ferrovial quiera escapar de nuestro país

Foto: Junta de accionistas de Ferrovial de 2023. (Jon Imanol Reino)
Junta de accionistas de Ferrovial de 2023. (Jon Imanol Reino)
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El País ha proporcionado el que probablemente sea el más atinado resumen de la campaña de acoso y avasallamiento de PSOE y Podemos contra Ferrovial: “Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario si no convence al Gobierno de los motivos económicos de su traslado”. Nótese a quién ha de convencer Ferrovial para no exponerse a un coste fiscal millonario: no a la Agencia Tributaria, sino al Gobierno. Porque al igual que podíamos preguntarnos de quién dependía la Fiscalía, también podemos preguntarnos de quién depende la Agencia Tributaria y la respuesta es idéntica e igual de deplorable para un estado de derecho.

A la postre, la famosa carta del secretario de estado de Economía a Ferrovial no ha sido más que una amenaza sin necesidad de cubrirse con pasamontañas. En el primer párrafo de la misiva se le advertía a la empresa de que el Ejecutivo “cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza” y en el último se le exhortaba a “informar adecuadamente a su Junta General sobre las distintas opciones en este ámbito, así como sobre sus posibles riesgos o contingencias”. ¿Pero a qué riesgos se está refiriendo el Gobierno? Pues al riesgo de que el propio Gobierno se oponga al traslado y, por tanto, de que Ferrovial tenga que tributar por las plusvalías latentes que terminen realizándose durante el proceso de fusión inversa con su filial neerlandesa.

Foto: Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. (Jon Imanol Reino)

Tal como señala el artículo 89.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: “el régimen [el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea] no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal”. ¿Y recuerdan qué sentenció categóricamente el Gobierno en el primer párrafo de su carta amenazante contra Ferrovial? Sí, que el Ejecutivo “cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión transfronteriza”. Si no hay motivación económica, no se aplica el régimen especial de fusiones en el Impuesto sobre Sociedades. Y El País ya nos ha dejado claro quién tiene que darse por convencido sobre la motivación económica: el gobierno.

Repitámoslo por si no hubiera quedado claro: no estamos hablando de una verificación rutinaria por parte de la Agencia Tributaria para asegurarse de que la compañía está ajustándose en todo momento a la normativa fiscal española. No, estamos hablando de una amenaza directa y teledirigida del Gobierno de España contra Ferrovial instrumentalizando a la Agencia Tributaria para torcer la ley y sancionar a la compañía por osar hacer algo que tiene pleno derecho a hacer: trasladar su sede fiscal a otro país de la Unión Europea. Se trata de hostigar a la compañía valiéndose de la estructura del Estado.

Foto: Junta de accionistas de Ferrovial de 2023. (Jon Imanol Reino)

Ahora bien, este deplorable comportamiento del Gobierno durante las últimas semanas debería constituir la más rotunda y clara motivación económica para que una compañía como Ferrovial quiera escapar de nuestro país. Si nuestros gobernantes pueden amagar con retorcer la ley hasta este extremo para castigar comportamientos empresariales que no estén alineados con sus intereses propagandísticos, entonces es que los contrapesos sociales e institucionales que restrinjan la arbitrariedad política son muy débiles y, en consecuencia, la seguridad jurídica tan sólo es la seguridad de que el gobierno tratará de socavar la libertad de empresa siempre que contradiga sus intereses. En otras palabras, Ferrovial se marcha de un país cuyo gobierno no tiene reparos en amenazarla caprichosamente. Y hace bien.

El País ha proporcionado el que probablemente sea el más atinado resumen de la campaña de acoso y avasallamiento de PSOE y Podemos contra Ferrovial: “Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario si no convence al Gobierno de los motivos económicos de su traslado”. Nótese a quién ha de convencer Ferrovial para no exponerse a un coste fiscal millonario: no a la Agencia Tributaria, sino al Gobierno. Porque al igual que podíamos preguntarnos de quién dependía la Fiscalía, también podemos preguntarnos de quién depende la Agencia Tributaria y la respuesta es idéntica e igual de deplorable para un estado de derecho.

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